May 9, 2018 / 2:21 PM / 7 months ago

El juez confirma el procesamiento de Puigdemont y otros ex altos cargos catalanes

MADRID (Reuters) - El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena confirmó el miércoles el procesamiento del expresidente catalán Carlos Puigdemont y una veintena de ex altos cargos acusados como él de rebelión y malversación por promover la independencia unilateral de Cataluña el año pasado.

Una furgoneta policial, donde se cree que viajaban algunos de los políticos catalanes interrogados, abandona el Tribunal Supremo el pasado 23 de marzo de 2018. REUTERS/Juan Medina

El magistrado rechazó los recursos planteados por 23 exdirigentes secesionistas contra el auto del pasado marzo, reafirmando que existió violencia -requisito para acusarles de rebelión- en los días previos a la declaración de independencia de octubre pasado.

Las defensas habían alegado que no se promovió ni hubo violencia ni durante el referéndum de independencia del 1 de octubre ni diez días antes durante unas protestas ante la Consejería de Economía de la Generalitat.

En ese mismo sentido de que no hubo violencia se pronunció en abril el tribunal alemán que negó la extradición a España de Puigdemont por rebelión y que ahora estudia si extraditarlo por malversación de fondos públicos.

Llarena reiteró, sin embargo, que apreciaba indicios de violencia y que fueron de tal envergadura que llevaron al rey Felipe VI a dirigirse a la nación y pedir al Gobierno catalán que acatara el orden constitucional.

Además, como consecuencia del quebranto del ordenamiento jurídico, Llarena señala que cerca de 3.000 empresas con un volumen de facturación de 44.000 millones de euros sacaron su sede fiscal de Cataluña en esas fechas.

En el “hipotético caso de que no se acreditara” la violencia, según el auto, se les podría acusar finalmente de sedición o conspiración para la rebelión.

Del mismo modo, el juez se reafirma en el delito de malversación de fondos públicos, una vez recibidos datos de Hacienda que, dice, coinciden con su investigación y aprecian indicios de fraude.

Aunque las defensas alegaron que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había dicho que no le constaba que se hubieran destinado fondos públicos a promover la independencia, el juez dice que sus palabras recogen la posibilidad de que pudiera “existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada”.

La decisión judicial, que puede ser apelada en la Sala de lo Penal del Supremo, se produce el mismo día en que el Gobierno español presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar una ley que permitiría la investidura telemática de Puigdemont.

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