March 7, 2018 / 11:14 AM / 8 months ago

Exaccionistas de Popular piden información de adjudicación a Santander para demandar a España

LONDRES, 7 mar (IFR) - Exaccionistas de Banco Popular, que fue vendido por 1 euro a Santander en junio de 2017 tras decretar su resolución el Banco Central Europeo (BCE), han abierto dos nuevos frentes para pedir compensaciones por sus pérdidas.

Un grupo de inversores liderado por el multimillonario mexicano Antonio del Valle, quien fuera consejero y uno de los máximos accionistas, presentó una solicitud en un juzgado de Nueva York en la que pide que Santander revele información sobre la adquisición de Banco Popular.

Como parte de este proceso, los inversores también enviaron una carta el 22 de enero al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que definen sus reclamaciones contra España en virtud del tratado bilateral de inversiones que tiene con México desde 2006.

Argumentan que la resolución de Popular por parte del Estado español, a través de su fondo de rescate bancario FROB (encargado de ejecutar el proceso dictado por BCE), sin considerar otras opciones como la ampliación de capital o una venta bajo circunstancias menos desventajosas, fue arbitraria y supuso que estos inversores perdieran 470 millones de euros (incluyendo bonos y acciones).

Los accionistas de Popular, junto con los titulares de bonos convertibles y subordinados, soportaron todo el peso de las pérdidas al ver amortizados sus valores sin ninguna compensación, 1.300 millones en el caso de los accionistas (según su capitalización en el momento de la venta) y 1.900 millones en el caso de los bonistas.

Por su parte, Santander se llevó Popular por un euro, pero asumió su limpieza, con lo que se evitó la utilización de fondos públicos, como sí había ocurrido en el rescate de numerosas cajas de ahorro anteriormente.

Según la valoración independiente de Deloitte, utilizada por las autoridades antes de tomar la decisión de disolver el banco y revelada recientemente, Popular podría haber tenido un valor de unos 1.300 milliones de euros en el escenario más optimista contemplado por el auditor, aunque la estimación central Deloitte lo valoraba en un importe negativo de 2.000 millones.

“Pese a presentar la apariencia de un proceso competitivo de pujas, en realidad España llevó a cabo una venta mediante una subasta simulada que se realizó para asegurar un resultado predeterminado con Santander como único candidato”, indicaba la carta a Rajoy.

Banco Popular se había embarcado en su propio proceso para aumentar capital o encontrar nuevos accionistas. El grupo mexicano había sido contactado sobre la posibilidad de una ampliación de capital antes de la venta a Santander, y Deutsche Bank y Barclays habían indicado que asegurarían el proceso de captación de fondos.

Según los inversores, el Banco de España negó a Popular una provisión urgente de liquidez (ELA, bajo sus siglas en inglés) adicional por 6.000 millones de euros, que en su opinión podrían haber permitido al banco aguantar hasta que se inyectara nuevo capital, por lo que argumentan que se perjudicó a los accionistas y a otros inversores.

“Pese a las peticiones de Banco Popular de liquidez de emergencia para que no cundiera el pánico y estabilizar su posición de liquidez, España negó inicialmente la ayuda y después solo concedió un tercio de lo que Banco Popular había solicitado para superar la retirada de fondos del banco”, indica el documento presentado ante el juzgado de Nueva York.

Tras el proceso, el Banco de España dijo que Banco Popular no había presentado todas las garantías disponibles para seguir recibiendo la liquidez del Banco Central Europeo (BCE). El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, dijo entonces que Popular tenía más colateral de lo que había presentado.

Javier Rubinstein, socio del bufete Kirkland & Ellis que representa al grupo de inversores mexicano, denominado MIG, dijo que España había violado sus obligaciones bajo el tratado de proporcionar un “trato justo y equitativo, un entorno jurídico y regulatorio estable y predecible, protección contra medidas arbitrarias y no transparentes... y contra la expropiación ilegal”.

El grupo dice que la información de Santander sobre cómo fue capaz de valorar Popular antes de realizar su oferta, y lo que le dijeron las autoridades españolas sobre la posición de liquidez del banco, también respaldarán sus acciones contra la Comisión Europea y la Junta Única de Resolución (JUR). Los inversores mexicanos ya presentaron una demanda ante los tribunales europeo de justicia el 4 de agosto del año pasado.

“Santander, como comprador y único propietario de Banco Popular, fue partícipe activo y central en el proceso de resolución y por lo tanto está en posesión de documentos e información muy relevante para entender la base sobre la que se ordenó la resolución”, dijo Rubinstein.

Los arbitrajes internacionales establecen un plazo inicial de seis meses para acordar una solución antes de que se tomen los siguientes pasos para resolver la situación en los tribunales. No se prevé que España responda hasta la fase final de este periodo inicial, que finalizaría el 21 de julio.

Otros bonistas, entre ellos Anchorage Capital, Algebris Investments y Ronit Capital, han presentado demandas contra las autoridades europeas y piden información sobre las peticiones de liquidez realizadas por Popular al Banco de España y al BCE dos días antes de la resolución.

No fue posible obtener comentarios de manera inmediata de Santander y el Gobierno. (Información de Christopher Spink, traducido por Tomás Cobos; editado por Jesús Aguado)

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