January 30, 2018 / 11:42 AM / a year ago

Un grupo de bonistas institucionales se persona en la causa penal de Popular

MADRID, 30 ene (Reuters) - Un grupo de fondos internacionales tenedores de bonos del extinto Banco Popular se han presentado como afectados en la causa penal abierta por la Audiencia Nacional contra la entidad, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y miembros de su consejo de administración, dijeron sus representantes legales.

No fue posible conseguir respuesta inmediata de Ron ni Saracho mientras que la auditora PwC, también investigada en la causa, no quiso hacer comentarios.

El grupo de bonistas, que incluye a PIMCO, Anchorage Capital, Algebris Investments, Ronit Capital y Cairn Capital, tenían una exposición conjunta en los bonos de unos 850 millones de euros, dijo una fuente conocedora de la demanda.

Varios de estos bonistas ya habían presentado en agosto del año pasado recursos contra la decisión de resolución de Popular.

La causa a la que se suman los bonistas investiga desde el pasado mes de octubre presuntos delitos cometidos supuestamente antes del colapso de la entidad, que acabó en manos de Santander el pasado junio por un euro.

En dos piezas separadas, el juzgado investiga la ampliación de capital de 2.505 millones de euros realizada en 2016 y posible manipulación de mercado mediante la publicación de noticias con datos o información que los querellantes califican como falsas y con la finalidad de hacer caer el precio de la acción.

La investigación, centrada en las dos últimas cúpulas del banco, tratará de desvelar si en la ampliación mencionada el banco hubiese proporcionado a los inversores información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la realidad de la entidad.

El juez investiga la posible tipicidad derivada de las condiciones salariales e indemnización vitalicia fijada para Ángel Ron al cesar en el cargo de presidente del Consejo de Administración.

En cuanto a la segunda época, presidida por Emilio Saracho, se investiga “lo que se entiende como una campaña de desprestigio” a través de la publicación de noticias que contenían “datos o información falsa, para hacer caer el valor de la cotización de su acciones y obtener así importante beneficios”, según el auto en el que la Audiencia Nacional admitió las querellas penales en octubre del año pasado.

Bonistas y accionistas de Popular han interpuesto en los últimos meses medio centenar de demandas en distintos tribunales en contra de la resolución, incluyendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Popular capitalizaba unos 1.300 millones de euros el día de su resolución, que dejó a cero el valor de las acciones y el de 1.900 millones de euros emitidos en bonos convertibles y subordinados. (Información de Carlos Ruano y Jesús Aguado; editado por Tomás Cobos)

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