17 de octubre de 2013 / 14:40 / en 4 años

ENFOQUE-Las réplicas del almacén submarino de gas Castor

* España podría llegar a cerrar instalación tras terremotos

* Necesidad estratégica de almacenamiento gas es ahora menor

* Consumidores y bonistas, perdedores en eventual cierre

Por Jose Elías Rodríguez y Tracy Rucinski

VINARÒS, Castellón, 17 oct (Reuters) - Los cientos de pequeños terremotos que en el último mes y medio han alterado la apacible vida de varias localidades costeras del Mediterráneo han expuesto los riesgos económicos, sociales y políticos del almacén de gas submarino Castor, un proyecto con apoyo europeo y un coste para los consumidores de 1.700 millones de euros.

Todas las partes interesadas se encuentran ahora pendientes del resultado de los informes que están realizando el Instituto Geológico y Minero Español y el Instituto Geográfico Nacional tras la inusitada actividad sísmica en el Golfo de Valencia desde principios de septiembre.

Mientras tanto, la actividad del almacén -situado a 22 kilómetros de las costas de Castellón y Tarragona- sigue paralizada, temporal pero indefinidamente, por prescripción del Ministerio de Industria, hasta que se garantice que la situación es completamente segura para los habitantes de la zona afectada.

Las primeras conclusiones de los expertos apuntan a una relación entre las inyecciones de gas colchón -utilizado para preparar las cavidades de este almacén situado en el subsuelo marino a más de 2 kilómetros de profundidad- y los terremotos, no sólo los pequeños, que son los previsibles en este tipo de proyectos.

La empresa concesionaria, Escal UGS, tampoco oculta una relación espacio-temporal entre las inyecciones de gas colchón y los microterremotos, al tiempo que celebra que estos seísmos inducidos no tengan en principio su epicentro en la falla de Amposta, que sirve de cubierta natural al almacén y cuya longitud considerablemente mayor que la de otras fallas más pequeñas que ni siquiera aparecen en los mapas.

ALARMA LOCAL

Aunque el nombre de Castor es de sobra conocido en las localidades fronterizas de Tarragona y Castellón, donde la silueta de la plataforma se aprecia claramente desde la costa, su existencia era prácticamente desconocida en el resto de España hasta que comenzaron los terremotos de mayor magnitud, como el de 4,2 grados el pasado uno de octubre.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha reiterado que, en base a la opinión de los geólogos del IGME y el IGN, “el riesgo de movimientos sísmicos relevantes es limitado”.

Pero ni los mensajes de tranquilidad del Gobierno central ni el hecho de que los seísmos hayan bajado drásticamente tanto en número como en intensidad en las últimas dos semanas terminan de reconfortar a los habitantes de Alcanar, Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, que han salido a la calle a pedir el cierre del Castor.

“¿Quién se atrevería a abrir de nuevo la planta?”, se pregunta Alfons Montserrat, alcade de Alcanar, un municipio tarraconense de 10.000 habitantes que ha llevado incluso ante la UE su oposición al Castor por sus posibles riesgos para la seguridad y el medio ambiente.

Alcanar, cuyas fértiles colinas están salpicadas de naranjos, se ha opuesto desde el principio a la conversión en almacén de gas del antiguo yacimiento petrolífero Amposta, explotado por el gigante petrolero Shell entre 1973 y 1989.

En la vecina Vinaròs, en cuyo territorio se encuentran las instalaciones, confiaban en que Castor generase empleo en una zona afectada por la recesión y dependiente de la pesca, la agricultura, las industrias auxiliares del abatido sector constructor y el turismo.

“Apenas dieron trabajo a los del pueblo. La mayoría de los puestos fueron a técnicos especializados y personal extranjero barato”, dijo Manuel Beltrán, un veterano pescador cuyo negocio ha sufrido los rigores de la crisis económica.

Con todo, Beltrán no se opone a que la planta -con capacidad para almacenar 1.300 millones de metros cúbicos de gas comercial o el consumo de gas español durante 50 días- siga adelante si es segura.

LAS CUENTAS DEL CASTOR

Aunque los responsables de Escal, propiedad en dos terceras partes de ACS y el resto en manos de una filial del grupo canadiense Dundee Energy, aseguran no haberse desviado prácticamente de sus presupuestos, Industria compara los costes actuales con las estimaciones iniciales de 700 millones de euros y por ello ha encargado una auditoría externa.

El propio Soria dijo la semana pasada que el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones de euros, una cantidad que incluye las compras de gas colchón y los costes financieros, siendo los costes reconocidos a Escal de unos 1.270 millones de euros.

Si el Gobierno cierra definitivamente el almacén, quienes compraron bonos en la emisión por 1.400 millones de euros del pasado julio podrían ver amenazada la inversión, dependiente de los pagos regulados procedentes del sistema gasista.

Esta eventualidad supondría una mancha para la reputación del programa de financiación de infraestructuras impulsado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuyo apoyo ayudó a que los bonos, con un interés del 5,756 por ciento, se emitiesen con calificación crediticia de BBB+.

En el marco de la financiación, el BEI dispuso una línea de liquidez de hasta 200 millones de euros en caso de que se produjesen tensiones financieras en el proyecto, unos fondos que podrían usarse para pagar los primeros cupones de los bonos a finales de este año.

“Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos y entendemos que se están llevando a cabo estudios técnicos adicionales”, dijo el BEI en un comunicado por correo eléctrónico tras los seísmos. “Estos acontecimientos no influyen en el apoyo del BEI al proyecto. En la actualidad, no podemos especular sobre escenarios financieros”.

En cambio, el socio mayoritario de Escal, la constructora ACS, que ha invertido en el proyecto 200 millones de euros en equity, parece estar exenta de recurso en los bonos, según se desprende del folleto de la emisión.

Como en el caso del déficit de la tarifa eléctrica, los que con toda certeza asumirán los costes del Castor serán los consumidores, durante muchos años y a través del recibo del gas, incluso en el paradójico caso de que ésta nunca llegue a usarse.

Además de la auditoría de costes, Industria también ha jugado la baza legal de solicitar al Tribunal Supremo que elimine una cláusula de la concesión a Escal para no tener que abonar indemnización de ningún tipo en caso de que se extinga el contrato por culpa de la empresa.

Aunque este recurso no ha tenido el éxito esperado al haber sido desestimado, el Supremo señaló en una sentencia fechada la semana pasada que cualquier compensación en caso de negligencia (en principio por el valor residual de la inversión) dependerá de las causas que hayan llevado a la extinción e incluso podría no producirse compensación alguna.

Si no hay negligencia o “dolo” atribuible a la empresa, y la instalación está en funcionamiento, el Estado tendría que asumir el activo e indemnizar a los dueños de Escal por el valor neto contable.

El conocimiento público de este recurso, presentado en realidad en mayo de 2012, ha castigado a los bonos que se colocaron en junio mediante el vehículo Watercraft Capital, y que ya cotizan por debajo de la par, en 99,290.

ESTRATEGIA DESFASADA

Cuando el Gobierno introdujo el Castor dentro de su planificación energética antes de la crisis, el país vívía un boom económico y la acumulación de reservas de gas se consideraba necesaria por la absoluta dependencia de España de las importaciones de hidrocarburos.

Pero, desde entonces, en medio de una caída de la demanda energética en un país que ha estado entrando y saliendo de la recesión, esta necesidad estratégica es menos acuciante.

“Se había planificado una demanda que no se ha alcanzado. Ahora hay un exceso de almacenamiento”, dijo una fuente del sector energético que pidió el anonimato.

El coste de las infraestructuras de gas se traspasa a los consumidores a través de la factura de gas en concepto de costes regulados. El proyecto Castor -en el que tendría que entrar Enagás con un 33,3 por ciento si entra en funcionamiento comercial- tiene una rentabilidad sobre el capital invertido del 8,76 por ciento, lo que supone una carga pesada para un sistema gasista que presenta un incipiente déficit de tarifa.

Paradójicamente, si la suspensión temporal del proyecto se mantiene, el sistema gasista se ahorraría entre 100 y 150 millones de euros vinculados a costes operativos y de depreciación, según estimaciones de Kepler.

“La suspensión indefinida de Castor liberaría al sector de gas de algunos costes, lo que son buenas noticias desde el ángulo del riesgo regulatorio y el déficit de tarifa”, dijo en una reciente nota para clientes el analista de Kepler, José Porta.

En en este contexto, el Gobierno podría incluso llegar a aplazar una decisión muy sensible políticamente hasta la próxima legislatura.

El mes pasado, Reino Unido aparcó los planes para dos plantas de almacenamiento de gas al considerar que su construcción iba a ser demasiado cara para los contribuyentes.

El ministro Soria parece no tener prisa y opta por la prudencia: “Preferimos que los informes definitivos sean claros y rotundos”, dijo la semana pasada ante una comisión del Congreso centrada exclusivamente en el Castor.

UN CURSO LEGAL, PERO ... ¿CORRECTO?

Aunque Industria y la concesionaria aseguran que han cumplido escrupulosamente con un largo y exhaustivo proceso de certificaciones, el hecho de que el proyecto careciese de un estudio propiamente sísmico ha suscitado críticas entre políticos, expertos y ciudadanos.

“A partir de ahora a ver si aprendemos la lección. (El informe sísmico) se debe contemplar en los estudios de impacto de cualquier obra importante, no me refiero solamente a la inyección de gas en el proyecto Castor, sino también en un embalse, una mina a cielo abierto o una zona donde estemos extrayendo mucha agua”, señala Antonio Aretxabala, geólogo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

Escal se defiende asegurando que sus estudios, algunos de instituciones externas como el Instituto Francés del Petróleo, tenían siempre presente el eventual impacto de sus operaciones sobre la falla de Amposta, de 51 kilómetros de longitud.

“Nuestros estudios no van a qué es lo que provoco si se mueve la falla, sino precisamente van encaminados a qué parámetros de operación tengo que tener para estar completamente seguro de que no mueven la falla”, dijo a Reuters el consejero delegado de Escal, José Luis Martínez.

“Y esos no han fallado porque van dirigidos a la falla grande... si hay una falla pequeñita en un rincón eso es impredecible”, apostilló el presidente de la empresa, Recaredo del Potro.

Si el Castor finalmente echa el cierre, se unirá a las decenas de proyectos de infraestructuras -aeropuertos, centros culturales, autopistas- que se proyectaron en los años en los que España crecía muy por encima de sus socios europeos y que ahora son notorios por su completa falta de uso. (Información adicional de Andrés González y Oleg Vukmanovic, editado por Carlos Ruano)

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