4 de octubre de 2013 / 14:57 / en 4 años

ACTUALIZA 1-Fiscalía Castellón abre investigación penal por Castor

* Industria dice expertos ven riesgo limitado de terremotos significativos

* Diputación Castellón amenaza con denunciar a ministros socialistas

* Ministro Industria encarga auditoría de costes de inversión Castor (Añade información, declaraciones de ministro, actualiza número temblores)

MADRID, 4 oct (Reuters) - La Fiscalía de Castellón ha abierto una investigación penal sobre los centenares de microseísmos que se están produciendo en el Delta del Ebro tras la inyección de gas en almacén submarino Castor.

Para tratar de calmar a una población cada vez más asustada, el Gobierno aseguró el viernes que, según los informes encargados, existe un riesgo limitado de que se produzca un terremoto importante.

“Hemos abierto diligencias de investigación penal hoy aprovechando que hemos tenido una junta de coordinación en la que también ha estado presente el fiscal de Vinaroz (una de las localidades donde más se están sintiendo los terremotos)”, dijo José Luis Cuesta en conversación telefónica con Reuters.

La investigación, instruida por el fiscal provincial de Medio Ambiente, tratará de determinar por qué se están produciendo los temblores y si hay una responsabilidad en los mismos. Cuesta dijo que se hará una reconstrucción histórica de los hechos, una valoración jurídica de los mismos y, si procediere, una determinación de la autoría.

Se trata de la primera derivación legal de una situación que está provocando alarma social y una tormenta política, especialmente en las zonas afectadas de Castellón y Tarragona, donde se han activado planes de alerta sísmica.

En la víspera, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, amenazó con denunciar a ministros de los anteriores gobiernos socialistas si los expertos detectaban algún tipo de negligencia en el proceso de tramitación y adjudicación del Castor.

Preguntado tras el consejo de ministros del viernes, el ministro de Industria, José Manuel Soria, descartó tomar acciones legales contra la anterior administración con el argumento de que la tramitación cumplió con todos los requisitos reglados. Sin embargo, el ministro señaló que en la declaración de impacto ambiental del proyecto en 2009 debieron incluirse consideraciones sobre el impacto sísmico “a la luz” de los acontecimientos actuales.

Desde que a principios de septiembre, la concesionaria Escal UGS comenzó con la fase de inyección de gas colchón en el almacén, se han producido unos cuatrocientos veinte pequeños terremotos en el norte de Castellón y el sur de Tarragona, una zona que históricamente ha tenido baja actividad sísmica.

Escal dejó de inyectar el gas el pasado 19 de septiembre, pero los microseísmos, algunos de ellos de magnitudes inesperadas para la propia empresa e insólitas en la zona, no han dejado de producirse. Este viernes, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se han registrado once temblores, dos de ellos de magnitud de 3,3 y 3,7.

Soria, cuyo departamento decretó la semana pasada paralizar toda actividad en Castor dijo el viernes que, según el informe que están elaborando los expertos, los microseísmos están probablemente vinculados al almacén submarino pero que no hay grandes riesgos de terremotos de carácter más relevante.

“El Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico Minero aseguran que el riesgo de movimientos sísmicos relevantes es un riesgo limitado”.

INDUSTRIA QUIERE SABER CUÁNTO CUESTA EL CASTOR

Soria también dijo que Industria ha encargado una auditoría externa de los costes de inversión del proyecto, que se dispararon frente a su estimación original de 700 millones de euros, para contrastarlos con los cerca de 1.300 millones de euros que dice la empresa concesionaria.

“El montante final no lo conocemos porque el Gobierno ha encargado una auditoría externa (extraordinaria) para constatar si el importe que la concesionaria ha trasladado al gobierno se corresponde con los costes incurridos”

Castor está gestionado por Escal UGS, una sociedad participada por la constructora ACS al 66,7 por ciento y por la canadiense Dundee Energy, que este verano consiguió refinanciar el proyecto con un bono por importe de 1.400 millones de euros patrocinado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). (Información de Jose Elías Rodríguez,; editado por Andrés González)

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