14 de junio de 2013 / 14:08 / en 5 años

ACTUALIZA 1-CDC recibió comisiones ilegales en el caso Palau, según el fiscal

(Actualiza información)

MADRID, 14 jun (Reuters) - La Fiscalía Anticorrupción considera que hay indicios que demuestran que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió de forma irregular a través de una trama de sociedades ilícitas, según el escrito remitido al juez el viernes y cuyas acusaciones negó la formación nacionalista catalana.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que la trama de sociedades ilícitas gestadas en torno al Palau de la Música de Cataluña pagó a personas “con ascendencia política” para influir en los organismos que adjudicaron obras públicas de envergadura entre 1999 y 2009.

En concreto, el fiscal cree comprobado que, a través de los dos principales imputados en el “caso Palau”, la constructora Ferrovial pagó comisiones que ascendieron a 6,6 millones de euros al partido presidido por Artur Mas a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia o una línea de metro en Barcelona.

El escrito detalla los delitos presuntamente cometidos hasta 2009 por el que fue presidente del patronato del Palau, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, además de por la hija de éste, Gema Montull, directora financiera de las entidades, todos ellos acusados de falsedad documental y desvío de fondos públicos de la institución en beneficio propio.

El fiscal dice que, junto con el desvío de dinero para enriquecimiento propio, los imputados usaron la institución cultural catalana como base de una trama de comisiones ilícitas destinada a influir en la toma de decisiones de adjudicación de obra pública.

“La empresa privada FERROVIAL-AGROMAN efectuó cuantiosos pagos con la finalidad de garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública por parte de los organismos competentes de la Generalitat de Catalunya u organismos públicos locales regidos por responsables de la formación política Convergència Democràtica de Catalunya”, señala el escrito.

El escrito dice que los pagos por parte de Ferrovial los realizaron los imputados Pedro Buenaventura Cebrián, director territorial en Cataluña hasta 2000 y luego director general de la división de construcción de la compañía hasta 2006, y Juan Eliazaga Corrales, director de relaciones institucionales de la firma.

“Dichos imputados, sin que conste el conocimiento ni la aquiescencia de los órganos colegiados de la entidad, y siempre sin conocimiento del cuerpo de accionistas, como mínimo a partir de 1999-2000, dispusieron todo lo necesario para que cuantiosos fondos de Ferrovial (..) se aplicarán a la financiación de CDC, formación tradicionalmente en el poder autonómico y local catalán”, dijo el escrito.

UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA

El fiscal afirma que con esos pagos los directivos de Ferrovial pretendían “establecer una relación privilegiada con la misma en beneficio mutuo pero en perjuicio de la debida imparcialidad de los poderes públicos”.

El caso Palau consternó a la sociedad catalana cuando se iniciaron las pesquisas en 2009 y es uno de los varios escándalos de corrupción de los últimos años en España, donde la confianza de los españoles en las instituciones y en la clase política han mermado considerablemente. Un sondeo reciente del CIS situó la corrupción entre las principales preocupaciones de los españoles.

CDC dijo que el escrito del fiscal no se acompañaba de ningúna prueba y que la cifra de 6,6 millones presuntamente desviados al partido estaba basada en “elucubraciones y meras conjeturas”.

“Recordemos que se trata de un escrito del fiscal que en ningún caso es una sentencia ni una mera conclusión provisional de la instrucción, que habrá de hacer en su momento el magistrado de instrucción del caso”, añadió CDC en un comunicado.

Un portavoz de Ferrovial dijo que la constructora se limitó a hacer pagos de patrocinios de actos que tuvieron lugar en el Palau de la Música.

El fiscal dice no tener constancia de la identidad de los altos cargos del partido que mediaron en las adjudicaciones, pero mantiene la imputación contra los extesoreros de CDC Daniel Osàcar, Jaume Camps y Carlos Torrent, ya fallecido. (Información de Inmaculada Sanz; Edición de Raquel Castillo)

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