22 de febrero de 2013 / 14:23 / hace 5 años

El Gobierno aprueba rebajar las tasas judiciales

MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes rebajar las tasas judiciales que introdujo hace solo dos meses para ayudar a sufragar el coste de la Justicia, y adelantó además la aplicación de varias exenciones en el pago de estas tasas a los sectores más desfavorecidos.

El Gobierno español aprobó el viernes modificar a la baja las tasas judiciales que entraron en vigor hace solo dos meses con el objetivo de ayudar a sufragar el coste de la Justicia, y adelantó además la aplicación de varias exenciones en el pago de estas tasas a los sectores más desfavorecos. En la imagen, una mujer sostiene una pegatina frente a un tribunal en Madrid durante una huelga de empleados de Justicia, el 20 de febrero de 2013. REUTERS/Susana Vera

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que esta misma semana ha padecido una huelga de jueces y fiscales en protesta por varias de sus medidas - entre ellas las tasas judiciales - anunció hace unos días que aceptaba las recomendaciones de rebajarlas ofrecidas por la Defensora del Pueblo.

“Se está reconociendo que (la ley) era mejorable, y cuanto antes se cambie, mejor”, dijeron el jueves fuentes judiciales para explicar lo que algunos han calificado de “marcha atrás”.

Los principales aspectos de esta modificación: son la rebaja en los tramos variables que pagan las personas físicas por acudir a un proceso judicial en cualquier instancia y orden (civil, social y contencioso-administrativo), pasando del 0,5 por ciento del valor del litigio con un límite de 10.000 euros a un 0,1 por ciento, con un límite de 2.000.

Los tramos fijos se mantienen iguales - desde 150 euros que cuesta un procedimiento verbal en el orden civil hasta los 1.200 de un proceso de casación. También se mantiene invariable el coste para las empresas.

Además, se eliminan las tasas en las demandas por el incumplimiento de un laudo arbitral de consumo, para así tratar de fomentar esta solución extrajudicial, y se reduce en un 80 por ciento las tasas aplicadas a procesos sobre sanciones como las de tráfico, estableciendo un límite del 50 por ciento de la cuantía de la multa.

Este último aspecto había provocado un gran rechazo social, porque la tasa podía superar la cuantía de la multa, al igual que otro que se va a modificar: un desahuciado o un avalista no tendrá que pagar las tasas que abonó el banco para iniciar el juicio, en caso de perderlo.

Tampoco tendrán que pagar aquellos que pidan un divorcio de mutuo acuerdo.

REDUCIR LA LITIGIOSIDAD

Por último, se adelantan los efectos de la ley de justicia gratuita que aún tiene que iniciar su tramitación parlamentaria. Así, no tendrán que pagar tasas las víctimas de la violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes de tráfico, de maltratos, los discapacitados y menores; y se elevan los umbrales de renta para ser beneficiario de estas exenciones.

Fuentes judiciales dijeron que a pesar de estas modificaciones, el Gobierno sigue apoyando el modelo de cofinanciación de la Justicia, que afirmaron se reparte en un 90 por ciento del coste para el Estado y un 10 por ciento para el ciudadano.

“A la Justicia le cuesta 1.500 euros de media cada procedimiento. La Justicia no es gratis”, afirmaron las fuentes.

“Se pretende racionalizar el uso de la administración de justicia y reducir una litigiosidad que está muy por encima de la media de los países de nuestro entorno”, agregaron.

Cuando aprobó la ley en noviembre, el Gobierno estimó en algo más de 300 millones el ahorro que podría conseguir, en un momento en el que España está tratando de reducir su déficit público para cumplir con los objetivos establecidos por la Unión Europea.

La recaudación por las tasas en el mes de enero, el único completo desde su entrada en vigor, fue de 17,9 millones de euros.

Algunos de los colectivos judiciales que fueron a la huelga de esta semana ya han mostrado su rechazo a esta modificación, puesto que piden la retirada total de las tasas.

En el Consejo de Ministros del viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció además de la aplicación del decreto ley, que también anticipa la entrada en vigor de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a determinados colectivos, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la destrucción de los alijos de droga incautados por delitos y que ahora se almacenaban durante años sin poder destruirlos.

“Ahora no se va a retener todo el alijo, se sacan muestras y se destruirá el resto”, explicó, después de que se produjeran varios casos llamativos sobre robos de alijos en instalaciones policiales.

/Por Teresa Larraz Mora/

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