September 15, 2019 / 8:28 AM / a month ago

A FONDO: La política migratoria de Trump sobrepasa a los tribunales fronterizos

(Reuters) - El día que estaba a punto de ver a un juez de inmigración estadounidense en San Diego el mes pasado, Katia tomó todas las precauciones posibles.

Migrantes hondureños descansan después de regresar a México desde Estados Unidos bajo el Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) para esperar su audiencia en la corte para los solicitantes de asilo, en Ciudad Juárez, México, el 18 de julio de 2019. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Después de esperar dos meses en México para pedir asilo estadounidense, la estudiante nicaragüense de 20 años llegó a la frontera cerca de Tijuana tres horas antes de la vista, programada para las 7:30 de la mañana.

Pero los agentes fronterizos ni siquiera la escoltaron al punto de entrada de Estados Unidos hasta después de las 9, dijo, y luego la dejaron plantada junto a un grupo de más de una decena de migrantes que también esperaban a sus audiencias.

“No dejábamos de preguntar qué estaba pasando, pero no nos decían nada”, dijo Katia, quien pidió ser identificada por su nombre de pila sólo por temor a poner en peligro su caso de inmigración.

Bashir Ghazialam, un abogado pagado por la tía de Katia en Estados Unidos, convenció al juez para que reprogramara su caso debido al caos en el transporte. Más tarde, el personal de la oficina del abogado se enteró de que al menos dos familias del grupo fueron deportadas por no presentarse ante el tribunal.

Desde que comenzara en enero, la puesta en marcha de uno de los cambios más dramáticos en la política migratoria de Estados Unidos bajo la administración Trump ha estado marcada por la imprevisibilidad y ha creado el caos en las tribunales de inmigración, de acuerdo con decenas de entrevistas a jueces y abogados, ex funcionarios federales y migrantes.

El programa -conocido como los “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP, por sus siglas en inglés) - ha forzado a decenas de miles de personas a esperar en México las fechas de los tribunales de Estados Unidos, inundando las listas de espera y provocando retrasos y confusión a medida que los jueces y el personal luchan por manejar la avalancha de casos.

En junio, un agente de inmigración de Estados Unidos dijo a un grupo de funcionarios del Congreso que el proyecto había “descompuesto a los tribunales”, según dos de los asistentes y las anotaciones de uno de ellos. El representante dijo que el juzgado de El Paso en ese momento estaba a punto de quedarse sin espacio para los archivos en papel, según los asistentes, que solicitaron el anonimato porque la reunión era confidencial.

Theresa Cardenal Brown, exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional con los presidentes Barack Obama y George W. Bush, dijo que los problemas son “sintomáticos de un sistema que no se está coordinando bien”.

“Es un problema de volumen, es un problema de planificación, es un problema de sistemas y es un problema de cómo se trabaja en el terreno”, dijo Brown, ahora directora del grupo de expertos del Centro de Políticas Bipartidistas (BPC, por sus siglas en inglés). “Están resolviendo todo sobre la marcha.”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) estimó que hasta principios de septiembre unos 42.000 migrantes habían sido enviados a México a esperar. Esa agencia y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), que dirige los juzgados inmigración del país, remitieron preguntas sobre la implementación del programa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que no respondió a la solicitud de comentarios.

AUGE DE CASOS, POCOS TRIBUNALES

El desconcierto es el resultado de un aumento en el número de migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, en la frontera sur de Estados Unidos, combinado con la necesidad de complicados arreglos legales y logísticos para los procedimientos del MPP en un número limitado de tribunales - sólo en San Diego y El Paso, inicialmente. En lugar de ser liberados en los Estados Unidos para coordinar su propio transporte y comparecencias legales, los migrantes bajo el MPP deben entrar y salir de la frontera estrictamente bajo custodia estadounidense.

Algunos migrantes se han presentado en los tribunales sólo para descubrir que sus casos no son del sistema o que la información sobre ellos es incorrecta, dijeron varios abogados a Reuters. Otros, como Katia, han recibido instrucciones contradictorias.

Según documentos de los juzgados vistos por Reuters, el aviso para la vista de Katia indicaba que esta era a las 7:30 de la mañana, mientras que otro documento que recibió decía que tenía que llegar a la frontera a las 9 en punto, mucho después de la programación del comienzo de la vista. Decidió presentarse en la frontera antes del amanecer, según el personal de su oficina de abogados. Sin embargo, no se le permitió entrar en la instalación fronteriza hasta horas después. En última instancia, nunca fue llevada en autobús al tribunal de San Diego y se le dijo que su caso estaba cerrado, un resultado que sólo pudo evitar después de convocar frenéticamente a su abogado, Ghazialam, a la frontera.

La mayoría de los migrantes bajo el MPP -incluidas las dos familias que fueron deportadas de su grupo en el punto de entrada- no tienen abogados.

En una audiencia pública, los jueces han expresado su preocupación por el hecho de que los migrantes en México -a menudo sin domicilio permanente- no puedan ser debidamente notificados de sus audiencias. En muchos documentos, la dirección que aparece en la lista es simplemente la ciudad y el estado de México al que ha sido devuelto el migrante.

Los abogados dicen que temen por la seguridad de sus clientes en las ciudades fronterizas de alta criminalidad.

Un padre y una hija guatemaltecos estaban detenidos por unos secuestradores en Ciudad Juárez en el momento de sus vistas en Estados Unidos a principios de julio, pero se ordenó su deportación porque no se presentaron ante el tribunal, según documentos judiciales presentados por su abogada, Bridget Cambria, que dijo que pudo reabrir su caso.

Además de la incertidumbre que rodea al programa, la legalidad del MPP está siendo cuestionada por los defensores de los migrantes. Un tribunal de apelación dictaminó en mayo que la política podría continuar durante la batalla legal, pero si se determina en última instancia que es ilegal, el destino de los miles de migrantes que esperan en México no está claro. Se ha fijado una audiencia sobre el fondo del asunto para el próximo mes.

CIFRAS “POCO REALISTAS”

Cuando se anunció el programa MPP el 20 de diciembre, la entonces Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo que uno de sus “beneficios anticipados” sería reducir los retrasos en los juzgados de inmigración.

En el anuncio, la agencia dijo que enviar a los migrantes a esperar en México disuadiría a los “tramposos” de solicitar asilo, ya que ya no serían liberados en Estados Unidos, “donde a menudo desaparecen” antes de las fechas de sus audiencias.

Pero el impacto inmediato ha sido el de ejercer más presión sobre los tribunales de inmigración.

Un análisis de Reuters sobre los datos del tribunal de inmigración hasta el 1 de agosto descubrió que los jueces que atienden casos bajo el MPP en El Paso y San Diego tenían asignados un promedio de 32 casos por día entre enero y julio de este año. A un juez le asignaron 174 casos en un día.

“Estas cifras son poco realistas y no son sostenibles a largo plazo”, dijo Ashley Tabaddor, directora del sindicato nacional de jueces de inmigración.

Para reducir el retraso, el DHS estima que el gobierno tendría que reasignar a más de 100 jueces de inmigración de todo el país para atender las audiencias de los casos bajo el MPP a través de sistemas de videoconferencia, según los asistentes a la reunión de junio con el personal del Congreso.

Kathryn Mattingly, portavoz de EOIR, dijo que la reprogramación era necesaria para tratar el volumen sustancial de casos recientes.

“GENTE DESESPERADA”

En su próxima vista en San Diego a mediados de septiembre, Katia espera contarle a un juez cómo su participación en manifestaciones estudiantiles la convirtió en un blanco para los partidarios del gobierno.

Mientras tanto, dijo, está viviendo con sus padres y su hermano de 10 años en un apartamento infestado de moscas con tuberías rotas en las afueras de Tijuana.

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Todo el grupo está buscando asilo debido al apoyo en las protestas, según Katia, su madre Simona, sus abogados, así como los documentos judiciales.

Recientemente, los miembros de la familia dijeron que fueron testigos de un tiroteo en su esquina y el hermano de Katia se despierta por la noche con fuertes pesadillas.

“Están jugando con las necesidades de la gente desesperada”, dijo Simona, de 46 años, que al igual que Katia pidió que no se revelaran los apellidos de la familia para no perjudicar su caso. “Es desolador”.

Información de Mica Rosenberg en Nueva York, Kristina Cooke en San Francisco y Reade Levinson en Londres; información adicional de Jose Gallego Espina en San Diego, Lizbeth Diaz en Tijuana y Julia Love en Ciudad Juarez; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdańsk

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