October 24, 2017 / 11:36 AM / a year ago

El gobierno catalán acusa al central de bloquear 31 millones en ayudas agrarias

MADRID (Reuters) - El gobierno catalán advirtió el martes que la intervención de la Hacienda nacional sobre los pagos de la Generalitat ha bloqueado ayudas de 31 millones de euros para el sector agrario en el marco del programa de desarrollo rural que podrían impedir también la entrada de fondos comunitarios para cofinanciar las ayudas.

Imagen de archivo de un hombre de pie en un tractor con una bandera separatista durante una manifestación en Barcelona, el 10 de octubre de 2017. REUTERS/Susana Vera

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret explicó que las ayudas nacionales, cuyo pago ha solicitado formalmente a Hacienda, deberían desembolsarse antes de finales de año ya que en caso contrario impedirían hacer efectivos “los fondos comunitarios que cofinancian estas ayudas”.

“Una intervención totalmente injustificada que pone trabas al funcionamiento ordinario de la Generalitat de Cataluña y que perjudica directamente los administrados, en este caso a los agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas del sector agrario “, dijo Serret.

El sector agropecuario catalán ha tenido una amplia representación en las movilizaciones por la independencia en Cataluña, incluso con el traslado de centenares de tractores a Barcelona con motivo del referéndum del 1 de octubre.

A mediados de septiembre el gobierno central aprobó una orden ministerial para declarar la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de Cataluña para 2017 en una maniobra para evitar que se financiasen las campañas independentistas.

El gobierno central se hace cargo desde entonces de la mayoría de los pagos esenciales de la Generalitat y obliga a la administración catalana a reclamar puntualmente cualquier otro gasto, que debe ser aprobado por la autoridad fiscal nacional.

Las tensiones entre la administración regional y la central se han incrementado en los últimos días después de que el Gobierno haya pedido autorización al Senado para una aplicación rigurosa del artículo 155 de la Constitución que podría llevar a la destitución del Ejecutivo regional, la intervención del Parlament y la convocatoria de elecciones regionales antes de seis meses.

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