July 29, 2017 / 8:51 AM / a year ago

El referéndum independentista en Cataluña pone en jaque a los funcionarios

BARCELONA/MADRID (Reuters) - Cuando en las próximas semanas la Generalitat convoque oficialmente el referéndum independentista en Cataluña para este otoño, miles de funcionarios podrían verse en la delicada situación de tener que decidir entre dos leyes antagónicas.

Cuando en las próximas semanas la Generalitat convoque oficialmente el referéndum independentista en Cataluña para este otoño, miles de funcionarios podrían verse en la delicada situación de tener que decidir entre dos leyes antagónicas. En la imagen, Catalan regional police officers, Mossos d'Esquadra en el centro de Barcelona, 26 de julio de 2017. REUTERS/Albert Gea

Para la celebración de una consulta que el Gobierno español dice que impedirá por ilegal, la Generalitat habrá de contar con funcionarios para tareas que van desde la apertura de los colegios electorales al mantenimiento de la seguridad.

“Los funcionarios están entre la espada y la pared. Los que están convencidos, colaborarán gustosamente, o quizás no tanto porque las consecuencias pueden ser muy graves”, dijo a Reuters Dolores Agenjo, exdirectora del instituto Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat que se negó a abrir el centro en la consulta soberanista no vinculante del 9 de noviembre de 2014.

Aunque como españoles están obligados a cumplir la Constitución, los empleados de la administración y los policías autonómicos dependen del Gobierno catalán, por lo que, según atiendan una u otra instrucción, cometerían o una ilegalidad o un acto de desobediencia.

“La obligacion de la policía es hacer su trabajo, que es mantener el orden público. No estamos pidiendo que organizen el referéndum”, argumenta Joan María Piqué, director de comunicación internacional del Govern.

Saltarse la legalidad española podría suponer para los empleados públicos sanciones, pérdida de empleo o incluso embargo de patrimonio. Ese mismo riesgo corren los altos cargos de la Generalitat que firmen la convocatoria, que podrían verse inhabilitados durante años para cargo público como ya sucedió con varios políticos regionales, incluído el expresidente de la Generalitat.

“El Gobierno de Catalunya ya ha dicho que la responsabilidad de cualquier decisión politica la asumirán los cargos políticos, y no los funcionarios”, aclara Piqué. “El Estado español utiliza este tipo de argumento para meter miedo a la gente”.

La Generalitat todavía ha de explicar cómo llevará a cabo la organización de la votación del 1 de octubre que pretende que sea vinculante.

“Estamos muy preocupados. Como funcionarios, tenemos que ser neutrales”, dijo a Reuters Joan Escanilla, presidente del sindicato CSIF, que cuenta con 8.400 afiliados en Cataluña.

AL MARGEN DE LA BATALLA POLÍTICA

Aunque los sindicatos mayoritarios están a favor de una consulta “con garantías” -algo que según los sondeos quieren la mayoría de los 5,5 millones de catalanes con derecho a voto-, coinciden también en que acatarán la legislación española y esperan no tener que elegir.

“Pedimos que nos dejen al margen de la batalla política y que no se nos haga elegir entre un supuesto choque de lealtades”, dijo a Reuters Valentin Anadón, portavoz de SAP-Fepol, principal sindicato de los casi 17.000 Mossos d’Esquadra.

Al frente de este cuerpo, encargado de la seguridad en Cataluña, ha sido designado el independentista Pere Soler después de que su predecesor, Albert Batlle, renunciara por motivos políticos en medio de una oleada de bajas de altos cargos que expresaron sus dudas sobre el referéndum.

“De momento no estamos nerviosos, estamos a la expectativa de qué van a aprobar”, dijo un policía del Bajo Llobregat que pidió el anonimato y que es partidario de votar, aunque respondería “no” a la pregunta “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

TODA CATALUÑA, UN COLEGIO ELECTORAL

En las próximas semanas, la confrontación del Gobierno central y el movimiento separatista de Cataluña - una región que representa un 20 por ciento de la economía española y cuyos deseos independentistas crecieron durante la crisis- cobrará nueva fuerza a medida que se vayan conociendo detalles logísticos y se oficialice la convocatoria.

El Gobierno de Mariano Rajoy envió a principios de este mes una carta a los secretarios e interventores de los casi 950 ayuntamientos de Cataluña, advirtiéndoles de su obligación de cumplir la Constitución y los pronunciamientos judiciales.

“Todos sabemos que en 24 horas esto estará parado (por el Tribunal Constitucional). Luego buscarán una situacion similar al 9N, una movilizacion que no tendrá garantías ni validez política”, dijo a Reuters el alcalde socialista de Cornellá (Barcelona), Antonio Balmón.

A raíz de que el referéndum simbólico del 9-N en 2014 fuera declarado ilegal, el Govern se apoyó en miles de voluntarios para celebrar una consulta en el que participaron unos dos millones de los 7,5 millones de catalanes.

“Si necesitan ayuda, estoy dispuesta (..) ¿Qué va a hacer (el Gobierno español), juzgar a más del 50 por ciento de los catalanes?”, dice en Barcelona Sheila Ichon, ingeniera informática de 51 años, española de origen filipino.

Pese a no aclarar qué forma pretenden dar al referéndum, el presidente catalán, Carles Puigdemont, insiste en que no acatará una eventual suspensión del Constitucional, afirmando que sólo responde al Parlamento catalán, de mayoría independentista.

“No existe un poder lo bastante fuerte como para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre”, dijo Puigdemont en una entrevista publicada el lunes por Le Figaro.

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