May 22, 2017 / 12:26 PM / a year ago

El Parlamento Europeo investiga la respuesta a los casos de bebés robados en España

MADRID (Reuters) - Una misión del Parlamento Europeo viajó el lunes a Madrid para investigar la respuesta de las autoridades ante decenas de denuncias por robos de bebés en hospitales españoles, que según estimaciones podría haber afectado a centenares de miles de niños entre finales de los años 30 y la década de los 90.

Una misión del Parlamento Europeo viajó el lunes a Madrid para investigar la respuesta de las autoridades ante decenas de denuncias por robos de bebés en hospitales españoles, que según estimaciones podría haber afectado a centenares de miles de niños entre finales de los años 30 y la década de los 90. En la imagen de archivo, manifestantes que solicitaban una investigación sobre el presunto robo de bebés en España, Madrid, 27 de enero de 2014. REUTERS/Andrea Comas

Durante dos días, la delegación -que forma parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo- se reunirá con representantes del Gobierno, la Iglesia Católica, la defensora del pueblo y asociaciones de afectados, con el fin de “acercarse a la verdad que está tras las desapariciones”.

La misión, compuesta por nueve miembros, se creó después de recibirse decenas de peticiones de ciudadanos afectados, que denunciaban falta de cooperación por parte del Gobierno y las instituciones nacionales.

“La última petición al respecto fue debatida como hace un año y la conclusión de la Comisión de Peticiones fue remitir una carta a la Iglesia Católica y al Gobierno de España pidiendo más información y preocupándose por la cuestión”, dijo a Reuters la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, que forma parte de la misión.

“Como no contestaron, fue cuando decidimos hacer una misión de investigación”, agregó Albiol, que dijo que la falta de respuesta vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Según datos de asociaciones de afectados, el robo de niños se inició a finales de los años 30 y principios de los 40 con las presas republicanas como un acto de depuración política tras la Guerra Civil española, pero fue a partir de los años 50 cuando se convirtió en una actividad con fines económicos desarrollada por pequeñas “mafias” amparadas por una ley de adopción con muchas lagunas.

Las tramas, en las que supuestamente participaban médicos, enfermeras, matronas, monjas y diversos intermediarios, se pudieron prolongar desde el franquismo incluso hasta principios de los años 90, poco después de que en 1987 cambiase finalmente esa ley de adopción, que favorecía el poder de los centros de maternidad para amañar la adopción o venta de bebés.

Las madres afectadas denuncian haber sufrido engaños en el hospital donde dieron a luz. Allí, aseguran, se les comunicaba que sus bebés habían muerto sin permitirles verlos. Posteriormente, según las denuncias, se buscaban compradores, se creaban partidas de nacimiento falsas y se inscribía a los niños como hijos de otras parejas.

Según datos de la asociación S.O.S Bebés Robados, más de 300.000 niños fueron separados de sus familias de forma irregular entre 1938 y los años 90.

“LÍMITES E IMPUNIDAD”

“El límite con el que (los denunciantes) se suelen encontrar muchas veces es la Ley de Amnistía, que para lo que sirve es para la impunidad”, agregó Albiol, refiriéndose a la ley de 1977 que perdona los crímenes cometidos durante los 36 años de dictadura de Francisco Franco.

Decenas de denuncias han sido archivadas en las fiscalías por falta de pruebas, y los afectados se quejan de falta de acceso a archivos de hospitales gestionados por la Iglesia Católica o de la ausencia de un banco de ADN.

“Nos sentimos olvidados, nos tienen dejados de lado, así que no tenemos muchas esperanzas de que la misión vaya a servir de algo. Conociendo al actual Gobierno, no creemos que vaya a seguir las recomendaciones”, dijo Antonio Barroso, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (ANADIR) y que está tras la petición al Parlamento Europeo.

La delegación que visita la capital española y que deberá redactar un informe de recomendaciones para el Gobierno español, está presidida por la eurodiputada del Grupo Socialista Jude Kirton-Darling.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tiene como fin dar al Parlamento la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida en un Estado miembro.

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