November 1, 2017 / 1:34 PM / in 4 months

ACTUALIZA 3-Puigdemont no declarará ante la Audiencia Nacional

* Puigdemont denuncia un “juicio político”

* Si no comparece, la juez podría decretar una orden de detención

* España ha convocado elecciones en Cataluña el 21 de diciembre (Añade comunicado de Puigdemont)

Por Paul Day y Raquel Castillo

MADRID, 1 nov (Reuters) - El destituido líder catalán Carles Puigdemont dijo el miércoles que no acudirá a la citación judicial para declarar en la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión, sedición y malversación en relación con la declaración de independencia de Cataluña.

Puigdemont dijo en el comunicado que mientras que algunos de los 14 miembros del Govern destituido acudirán a la Audiencia a declarar para denunciar la “falta de garantías” del sistema judicial español, él y otro grupo se quedarán en Bruselas como medio de denuncia ante la comunidad internacional.

“La desproporción de las penas pedidas por el fiscal, reprobado por el Congreso español, equivalentes a delitos como el asesinato o el terrorismo, demuestran que estamos ante un juicio político efectuado al dictado del gobierno del Estado Español”, dijo el comunicado firmado por el “Gobierno legítimo de la Generalitat”.

Si Puigdemont no comparece el jueves ante la Audiencia en Madrid, podría emitirse una orden de detención que prácticamente le descartaría como candidato a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre convocadas por el Gobierno central tras asumir las competencias de la región.

“En ningún caso los consejeros y el presidente que se quedan en Bruselas contemplan eludir la justicia”, agregó el comunicado, que dijo que responderán a las citaciones de acuerdo a los mecanismos previstos en la Unión Europea, sin especificar cuáles.

Puigdemont y su Ejecutivo fueron destituidos el viernes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, horas después de aprobar una declaración de independencia en el parlamento regional.

El lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se querelló contra Puigdemont y otros 13 miembros de su gabinete por rebelión, sedición y malversación por los actos que llevaron a la declaración de independencia del pasado viernes.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidirá si aplica medidas cautelares como la prisión preventiva sobre los citados a declarar el 2 y 3 de noviembre. Uno de los delitos, el de rebelión, contempla penas de hasta 30 años de prisión.

Puigdemont viajó a Bélgica el fin de semana con otros consejeros de la administración catalana destituida y contrató a un abogado. Aunque el martes compareció en una rueda de prensa en Bruselas, sus planes y próximos movimientos no quedaron claros.

Su abogado belga había declarado previamente el miércoles que Puigdemont estaría dispuesto a testificar desde Bélgica por videoconferencia.

La ausencia de Puigdemont podría entenderse como una pretensión de eludir la acción de la justicia y legitimar así una solicitud de prisión provisional, según explicó el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés, al canal de televisión La Sexta.

EXCONSEJEROS SE QUEJAN DE RAPIDEZ CITACIÓN

Los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull criticaron el miércoles el poco tiempo que se les había concedido para preparar su declaración, después de recibir la citación apenas 24 horas antes de su comparecencia ante la Audiencia Nacional.

“A las 10.30 horas de hoy he recibido la citación para estar en menos de 24 horas en la Audiencia Nacional. Estado de Derecho. La conciencia muy tranquila”, dijo Turull en Twitter.

Romeva repitió exactamente el mismo mensaje pero cambiando la hora: 10.45h en su caso.

La juez decretó que los 14 imputados deberán depositar en un plazo de tres días una fianza de 6,2 millones de euros para responder por posibles responsabilidades civiles.

En paralelo a la comparecencia de los exmiembros del Govern en la Audiencia Nacional, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa de la cámara catalana, declararán por los mismos delitos ante el Tribunal Supremo, dado que mantienen su calidad de aforados.

Al margen del frente judicial, la atención sobre la crisis catalana se vuelve ahora hacia las elecciones de diciembre convocadas por Rajoy.

Puigdemont ha dicho que aceptaba como un “reto democrático” las elecciones autonómicas convocadas por Madrid a las que según el Gobierno puede presentarse, aunque su situación legal podría llegar a impedirlo.

La incertidumbre sobre la crisis ha llevado a que más de 1.800 empresas con sede en Cataluña trasladen su sede social de la región.

El miércoles, la agencia de calificación Moody’s dijo que la declaración de independencia y la suspensión del gobierno autonómico tienen un impacto negativo sobre la calificación crediticia para España y Cataluña y que probablemente dañen la confianza económica y el gasto del consumidor. (Información adicional de Hortense de Roffignac en Tielt y Alissa de Carbonnel en Bruselas y Raquel Castillo y Emma Pinedo en Madrid)

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