19 de julio de 2012 / 15:25 / en 5 años

Ajustes y sombra de intervención ponen a prueba aguante de CCAA

Por Blanca Rodríguez Piedra

MADRID, 19 jul (Reuters) - Los drásticos ajustes aprobados por el Gobierno español para reducir su elevado déficit público están provocando no sólo protestas ciudadanas, sino todo un conato de rebelión desde algunas administraciones regionales, que consideran que sus márgenes de actuación ya están tensados al máximo.

Las comunidades, responsables de más de una tercera parte del gasto total del Estado, gestionan servicios como la sanidad y la educación, socialmente muy sensibles a cualquier recorte, y están sufriendo para cumplir con sus ambiciosas metas de déficit, que las obligan a pasar del 3,3 por ciento del PIB de 2011 al 1,5 por ciento este año y el 0,7 por ciento el próximo.

En un clima de creciente malestar social, y con la amenaza de la intervención de las cuentas regionales encima de la mesa, el presidente catalán elevó el miércoles el tono abogando por una rebelión autonómica ante el Gobierno central del Partido Popular que cuenta con una amplia mayoría en el Parlamento y controla también gran parte del mapa territorial.

El nacionalista Artur Mas escenificó su malestar pidiendo un plante regional general por considerar un “acto de deslealtad total” los esfuerzos exigidos por parte del Ejecutivo, mientras que Andalucía y País Vasco, ambas gobernadas por socialistas, están estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad a los recortes si ven invasión de competencias.

Las quejas contra los nuevos ajustes se suman a la decisión del Gobierno de no trasladar a las comunidades autónomas (CCAA) parte de la flexibilización del déficit concedida por Bruselas a España, lo que ya había colocado al límite la paciencia de algunas regiones.

Pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está empeñado en demostrar a sus socios europeos que puede controlar las cuentas públicas del país, tampoco quiere señalar con el dedo a ninguna comunidad, y está manteniendo con secretismo los nombres de aquellas que han recibido una advertencia aún informal, que algunos sitúan en hasta 11 del total de 17.

“Hacienda está intentando evitar la imagen de enfrentamiento entre administraciones y está revisando las cuentas con las comunidades que puedan estar más cerca del incumplimiento para no llegar a procedimientos formales”, dijo a Reuters el jueves una fuente del Gobierno.

“Estamos en una fase aún muy inicial, no está corriendo ningún plazo oficial, no hay ninguna amonestación formal, aunque eso no quita para que, si tiene que hacerse, se haga más adelante”, añadió la fuente.

En la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno se reserva el derecho de intervenir las finanzas de las regiones que no cumplan con los objetivos de déficit marcados y que no presenten planes de reequilibrio para cuadrar sus cuentas, aunque después de un proceso que cuenta con diferentes plazos.

TENSIONES EN LAS CCAA

Ejemplo de las tensiones que están generando los tiras y aflojas entre el Gobierno central y los autonómicos fue la reunión celebrada la semana pasada entre Hacienda y los responsables económicos de las regiones, en la que se fijaron las metas presupuestarias para los próximos años.

Durante la votación de esos objetivos, dos regiones gobernadas por el PP, Extremadura y Castilla y León, rompieron filas y se abstuvieron para mostrar su disconformidad con las cifras propuestas para el próximo año, mientras que Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias - con gobiernos socialistas y nacionalistas - votaron en contra.

Tanto Extremadura como Castilla y León han tratado desde entonces sin embargo de minimizar sus diferencias con Hacienda, y han asegurado que sus Gobiernos están absolutamente comprometidos con los objetivos fijados.

“Nos estamos dejando la piel para que esto se cumpla en tiempo y forma”, dijo el jueves a Reuters un portavoz de la consejería de Economía y Hacienda de Extremadura.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, rechazó ya el miércoles cualquier tipo de “plante” al Gobierno tras el órdago lanzado por Artur Mas, y aseguró que este tipo de actuación sería “suicida para los intereses generales de España, y para los de cada una de sus comunidades autónomas”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también utilizó el miércoles un tono dramático para describir la situación de las arcas públicas, subrayando en varias ocasiones que “no hay dinero”, y hablando incluso de riesgo de impago de nóminas a empleados públicos si no se llevaban a cabo subidas de impuestos.

Lo que parece claro es que la crisis está poniendo a prueba la fortaleza del sistema autonómico español, creado hace más de tres décadas y en cuyo desarrollo participó activamente a finales de 1990 el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando era ministro de Administraciones Públicas.

El lehendakari Patxi López dijo esta semana que las medidas tenían una utilidad incierta y condenaban a la población más desprotegida “a un viaje a los infiernos”, mientras que desde Andalucía, el presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, dijo esta semana que el Gobierno había sobrepasado el límite en la imposición a las comunidades autónomas.

Esta escalada de la tensión política, social y económica se produce en un momento en el que los gobernantes en Europa insisten en que la supervivencia del proyecto común europeo pasa inevitablemente por una creciente cesión de soberanía nacional. (Información adicional de Nigel Davies, editado por Carlos Ruano)

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