10 de febrero de 2012 / 9:43 / hace 6 años

ANÁLISIS- Gobierno España enfrenta desafío energético crónico

* Industria busca acabar con déficit, que acumula 24.000 mln

* Supresión de primas a renovables frena, pero no soluciona

* Impuestos especiales, quita en volumen deuda, opciones

* Se esperan subidas en recibo de la luz

Por Jose Elías Rodríguez y Andrés González

MADRID, 10 feb (Reuters) - El déficit de tarifa, un agujero de 24.000 millones de euros provocado por la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, se ha convertido en asunto de máxima prioridad para el actual Gobierno español, que recientemente suprimió las primas a nuevas energías renovables pero que tendrá que abordar medidas más dolorosas para el consumidor o las empresas si quiere librarse de una vez por todas del problema.

Las eventuales soluciones van, según expertos consultados, desde pactar una reducción de la deuda aún pendiente con las principales compañías eléctricas o introducir impuestos especiales, a repercutir el déficit sobre los consumidores con recargos en el recibo de la luz.

El Ministerio de Industria ha pedido al regulador energético español que busque en la ciudadanía propuestas para resolver el déficit tarifario, una brecha insostenible que el sistema eléctrico arrastra desde principios de la década pasada y que amenaza la competitividad de las empresas y las sobrecargadas cuentas públicas.

Aunque la supresión de las primas para nuevas instalaciones de energías renovables aprobada recientemente por el gobierno del Partido Popular conseguirá taponar la herida, la solución definitiva del déficit, será compleja y laboriosa.

De hecho, en función del consenso que busque el Gobierno con un sector cada vez más convulso y dividido, la solución al problema podría llevar bastante tiempo.

Mientras los titulares de los medios de comunicación siguen hipnotizados por el déficit público y las fusiones bancarias, el ministro José Manuel Soria se ha ocupado de difundir la seriedad del problema y lanzado a las ondas algunas pistas sobre su solución, que no puede descansar únicamente en los bolsillos de los consumidores de un país con más de 5 millones de desempleados.

“Esto es una medida que forma parte de un paquete más amplio que estamos trabajando junto a las empresas del sector, tampoco es una medida que vaya a atacar a lo que ya está acumulado”, explicó Soria tras el consejo de ministros que aprobó el cerrojazo temporal a nuevas plantas de energía renovable.

La alta dependencia nacional de los hidrocarburos en un mercado de petróleo tensionado por las nubes de guerra en el golfo Pérsico, la búsqueda del mix energético más adecuado en tiempos de crisis, la escasa interconexión con los países vecinos y la conciliación de las distintas fuerzas del sector son sólo algunos de los desafíos que debe abordar Industria y todos ellos gravitan alrededor del mismo núcleo: el creciente déficit de la tarifa eléctrica.

LA PATATA MÁS CALIENTE

El déficit tarifario --reconocido por el Estado como deuda de los consumidores con las eléctricas-- acumulaba a 2011 la cifra de 24.000 millones de euros y constituye un problema cuasi estructural que no ha sido gestionado contundentemente por los sucesivos gobiernos, siempre temerosos de recortarlo mediante fuertes subidas en la factura eléctrica por sus implicaciones electorales.

De esa astronómica suma, unos 8.056,9 millones ya se han recuperado vía tarifa, unos 6.650 se titulizaron antes de la crisis financiera de 2008 y alrededor de 10.600 millones se han titulizado a través del FADE. Este vehículo emisor creado por el anterior Gobierno socialista tiene actualmente cedidos derechos de cobro por 13.500 millones, siendo susceptibles de cesión otros 10.313 millones, según fijó recientemente Industria.

En principio, las intenciones del actual Ejecutivo son las de mantener vivo este fondo de titulización aunque no a cualquier precio e incluso algunos analistas se muestran escépticos sobre la continuidad de un programa que incrementa la deuda pública.

Estos apuestan en cambio por una solución global al problema del déficit, cuyo agujero se sigue ensanchando, de acuerdo con cálculos del propio Gobierno, a razón de 4.000-5.000 millones de euros por año.

A continuación se detallan las posibles fórmulas por las que se podría decantar el Gobierno en su estrategia contra el déficit de tarifa.

QUITA EN LA DEUDA

Una de las fórmulas mencionadas en la prensa y las casas de análisis es que los acreedores del déficit, las eléctricas, asuman un descuento en el volumen de deuda pendiente, algo de para estas empresas está fuera de toda discusión.

Esta opción es para algunos analistas poco probable porque las compañías opondrían una fuerte resistencia y derivar en procesos judiciales.

“En un escenario pesimista, las ‘utilities’ podrían ser forzadas a compartir parte de la carga del déficit, aunque esta probabilidad es baja porque los distintos gobiernos han fracasado en este sentido ya que los cambios irían contra los decretos vigentes”, dijo el broker estadounidense West LB en un informe publicado el mes pasado.

Sin embargo, otros opinan que todas las partes involucradas tendrán que arrimar el hombro.

“Todo parece indicar que la prioridad es el consumidor y limitar las subidas de tarifa en un futuro, lo que implica que los recortes vengan fundamentalmente por el lado del sector”, dijo un analista de un banco que prefirió mantener el anonimato.

Con todo, el que la moratoria temporal a las energías renovables fuese aprobada sin acuerdo y por sorpresa puede ser indicativo del peso específico de la industria eléctrica tradicional, cuyos grupos de presión son más influyentes que los de la energía verde, que a su vez encuentran más respaldo entre los ciudadanos.

LA VÍA FISCAL

Una alternativa calificada como probable por los expertos y que también exigiría un esfuerzo de las eléctricas pasaría por introducir impuestos a la energía cuya producción resulta más barata.

“Las eléctricas también tendrán que hacer sacrificios para poder tener controlado el déficit de tarifa y en nuestra opinión el debate en los próximos meses estará más centrado en el ‘cuánto’”, dijo recientemente JP Morgan en una nota para clientes.

Según una fuente conocedora de las reflexiones del ministro Soria, éste sería proclive a aplicar una tasa sobre la producción hidroeléctrica y nuclear como una de las vías para que las eléctricas asuman una parte del ajuste necesario.

Los “lobbies” de energías renovables llevan tiempo pidiendo una medida semejante porque consideran que estas centrales disfrutan de los denominados “windfall profits” o “beneficios sobrevenidos”, al entender que ya están plenamente amortizadas y obtienen mejores márgenes en la venta de electricidad a costes mucho más bajos.

En un extenso y reciente informe sobre el déficit de tarifa español, el broker australiano Macquarie juzgaba probable que el Gobierno tome medidas agresivas como la de introducir una tasa de 15 euros por megavatio a la generación hidráulica y nuclear con la que recaudaría 1.335 millones de euros anuales.

“Incluso si solo se gravase a la nuclear a cambio de prórrogas en la vida de sus centrales, podrían recaudarse cerca de 900 millones de euros”, apuntaba Macquarie.

Con el fin de que una tasa así no sea demasiado gravosa para las eléctricas, varios expertos proponen que se financie con los recursos que estas centrales obtengan en futuras subastas de CO2.

Aunque los expertos la ven menos probable, otra medida fiscal para recortar el déficit sería imponer un impuesto a los productos refinados del petróleo, lo que comúnmente se conoce como “céntimo verde”.

Esta fórmula figuraría entre las propuestas que las eléctricas han hecho llegar a la CNE, dijo a Reuters una fuente del sector y no ha sido descartada por el Ministerio de Industria, según la prensa.

Con todo, una iniciativa así no sería muy plausible porque encarecería todavía más los precios de la gasolina y el petróleo, que ya están en máximos históricos, y podría enfriar todavía más una economía española en las puertas de otra recesión.

SUBIR LA FACTURA DE LA LUZ

Inevitablemente el consumidor tendrá que absorber parte del déficit de tarifa embalsado y aquí la opción más factible es que el Gobierno aplique una subida en la parte regulada del recibo, los denominados peajes, que engloban el transporte y la distribución eléctrica además de otra serie de conceptos como las subvenciones a la energía de fuentes renovables, los pagos por capacidad y las ayudas al carbón nacional, más caro y de peor calidad, pero que el nuevo Gobierno también apoya con el mismo argumento de la seguridad de suministro.

“No hay más remedio, en cualquiera de las fórmulas que puedan manejar, que subir de manera relevante las tarifas de acceso”, afirma Juan Luis López Cardenete, profesor del IESE especializado en cuestiones energéticas.

En un informe para clientes publicado el mes pasado, analistas de N+1 señalaban que subiendo un 25 por ciento las tarifas de acceso en 2013-2015 y reduciendo un 10-15 por ciento los costes regulados, el déficit de tarifa quedaría completamente eliminado en 2015.

DEMANDA, DÉFICIT Y PETRÓLEO PODRÍA ACELERAR PROCESO

Cuestiones propias del sistema eléctrico como la demanda, que bajó un 1,2 por ciento desestacionalizado en 2011, o la subida del precio del petróleo y el gas, que hace subir los costes eléctricos, podrían agilizar eventuales medidas contra el déficit tarifario ya que un menor consumo o un mayor coste por la importación de hidrocarburos causarían un incremento del mismo.

“El déficit para este año se estima en el entorno de los 4.800 millones de euros. Pero ese cálculo se hace asumiendo un alza del 1,5 por ciento en el consumo eléctrico. Si, por contra, el consumo se comporta como apuntan los datos de los últimos meses de 2011 y los primeros de 2012 y cae, por ejemplo, un 2 por ciento en 2012, el déficit de tarifa eléctrico podría irse a los 5.200 millones de euros”, dijo Cardenete, que explicó que los costes del sistema son prácticamente fijos pero que los ingresos, en cambio, son variables.

Otro factor de presión vendría por el lado macroeconómico y los compromisos de austeridad del Gobierno español, inasumibles a día de hoy con la economía a punto de entrar en recesión y que previsiblemente serán revisados con Bruselas.

ENCRUCIJADA SALOMÓNICA

El ahorro estimado para las arcas públicas con el parón a las energías renovables, estimado por algunos analistas en unos 160 millones de euros, empequeñece bajo las primas que recibirán estas y otras energías de régimen especial en 2012, más de 7.200 millones de euros, y evidencia la necesidad de medidas adicionales para atajar el problema.

La tarea del Gobierno será que estas medidas resulten lo más ecuánimes posibles y que se circunscriban en sus políticas económicas de empleo, inversión empresarial y déficit fiscal.

En un país con la tasa de paro más alta de la zona euro, los “lobbies” de energías renovables aseguran que la moratoria podría destruir decenas de miles de empleos de trabajo directos. Sólo la energía eólica, la más desarrollada en España, da trabajo a más de 30.000 personas.

Contra este y otros argumentos verdes, Industria se escuda en que la capacidad de producción eléctrica, de más de 100.000 MW, duplica holgadamente la demanda, y en que vamos adelantados en los cupos de renovables de la UE, con lo que no ve preciso seguir aumentado la potencia de energías primadas en el actual contexto de crisis.

Una fórmula que requiera importantes contribuciones de la eléctricas podría deteriorar sus balances, dividendos y calificaciones de crédito, complicando la renegociación de sus deudas y manteniendo lejos a los inversores.

La incertidumbre regulatoria está pesando en la cotización de las eléctricas españolas, que en el último año han sufrido las consecuencias de la falta de apetito inversor por sus títulos.

Endesa cayó un 17,85 por ciento en 2011, Iberdrola se dejó un 16 por ciento y Gas Natural --muy castigada en 2010 por su litigio ya resuelto con la pública argelina Sonatrach-- repuntó un 15,45 por ciento en el año.

Si en cambio el peso del déficit recae excesivamente sobre las familias, las variables económicas se verían afectadas como consecuencia de un menor consumo por la menor renta disponible. (Información de Jose Elías Rodríguez, Andrés González; editado por Carlos Ruano)

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