6 de enero de 2014 / 9:03 / hace 4 años

España descarta ayuda financiera a Sacyr en las obras del Canal de Panamá

CIUDAD DE PANAMA (Reuters) - El Gobierno de España no apoyará financieramente a la empresa Sacyr, líder del consorcio que amenazó con suspender las obras de ampliación del Canal de Panamá por una disputa vinculada a los costes del proyecto, dijo el lunes el embajador español en el país centroamericano.

Un equipo de funcionarios del Gobierno de España se encontraba reunido el lunes con representantes de Panamá, en un intento por poner fin a las diferencias sobre el coste de la ampliación del canal interoceánico que amenazan con suspender las obras del ambicioso proyecto. En la imagen, Ana Pastor y el embajador español en Panamá, Jesús Silva, durante una reunión con representantes de Sacyr en Ciudad de Panamá, el 6 de enero de 2014. REUTERS/Carlos Jasso

Un equipo de funcionarios españoles encabezado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sostenía reuniones con representantes de Panamá, en un intento por poner fin a las diferencias en torno a sobrecostes del ambicioso proyecto de ampliación del canal interoceánico.

El embajador español en Panamá, Jesús Silva, descartó cualquier tipo de ayuda financiera de su Gobierno a Sacyr para sacar adelante la multimillonaria iniciativa.

“No, en ningún caso. El Gobierno español no es parte, es un problema entre un contratista y su cliente (...) el Gobierno no es parte y en ningún caso se contempla que el Gobierno español aporte fondos”, señaló.

“Yo creo que el problema es de diálogo”, añadió.

A primer hora de la tarde en Panamá, la ministra española se reunió con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien la semana pasada calificó de irresponsable al consorcio conocido como Grupo Unidos por el Canal (GUPC) por su amenaza de suspender los trabajos de ampliación el 20 de enero si la autoridad local no asume el coste extra del proyecto.

GUPC también lo integran la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana.

Tras la reunión con Martinelli, la ministra Pastor dijo que el consorcio se comprometía a tramitar todas las reclamaciones dentro de los cauces establecidos en el contrato.

“Hay un modelo arbitral que está previsto (...) en la primera instancia es entre las partes, a continuación en el DAB (Junta de Resolución de Conflictos) y luego la Corte Arbitral Internacional”, manifestó Pastor, que agregó que las partes se iban a sentar a hablar y dialogar para intentar resolver todos los problemas.

“Como representante del Gobierno de España, a pesar de que es un problema entre una entidad privada y una entidad independiente (ACP), estamos intentando (impulsar) estas relaciones e internar llegar a un acuerdo”, agregó.

El grupo responsable de la obra ha amenazado con suspender las obras por los sobrecostes estimados de 1.600 millones de dólares, que quiere que asuma el país centroamericano, atribuibles a fallas geológicas imprevistas.

En julio del 2009, el consorcio se adjudicó el proyecto por 3.120 millones de dólares, un monto considerablemente menor que las ofertas de otros dos competidores.

El jefe de ACP, Jorge Quijano, ha dicho que el país centroamericano está preparado para negociar los costes adicionales si son justificados, en tanto que un funcionario panameño dijo a Reuters que el Gobierno ha considerado la creación de un fondo con todas las partes involucradas.

No obstante, el panorama luce complicado por el hecho de que el Gobierno español ha estado sorteando una profunda recesión económica.

Tras reunirse con Martinelli, se espera que Pastor se reúna con los operadores del Canal y después ofrezca una declaración a la prensa alrededor de las 17.30 horas (2230 GMT).

¿EN MANOS DE TERCEROS?

El domingo la ACP se mantuvo firme en su posición, rechazando nuevamente los argumentos del consorcio GUPC acerca de los costes adicionales y dijo que GUPC debería recurrir a los organismos de arbitraje acordados previamente.

Quijano, de la ACP, dijo al diario español El País que quiere que el consorcio ofrezca información adicional a la ya presentada, y que buscará “asegurar que cualquier paro de obra sea mínimo y se pueda seguir adelante, sea en manos de terceros o en manos de la ACP”.

Sacyr y sus asociadas ganaron la licitación del proyecto en el 2009 con una propuesta que fue menor al precio de referencia de 3.480 millones de dólares propuesto por la ACP.

La ampliación del Canal, por el que transita cerca de un 5 por ciento del comercio internacional y que tiene un coste total de unos 5.300 millones de dólares, es una de las prioridades del Gobierno de Martinelli, cuyo mandato culmina a mediados del año.

Sacyr, con deudas que al cierre de septiembre eran de tres veces su valor en el mercado, también tiene mucho apostado en el proyecto panameño. La empresa obtuvo un 55 por ciento de sus ingresos del periodo enero-septiembre del 2013 fuera de España, país que lucha por salir de una profunda crisis económica.

Panamá contribuyó con un 25 por ciento de las ventas internacionales de Sacyr por 1.300 millones de euros (1.780 millones de dólares) en los primeros nueve meses del 2013.

/Por Lomi Kriel y Elida Moreno/

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