3 de enero de 2014 / 12:47 / hace 4 años

El Gobierno toma parte activa en el contencioso entre Sacyr y Panamá

MADRID/CIUDAD DE PANAMÁ (Reuters) - El Gobierno español ha activado la vía diplomática para impulsar una resolución amistosa al pulso que mantiene el consorcio liderado por la constructora Sacyr con las autoridades panameñas sobre las obras de ampliación del Canal.

El Gobierno español ha activado la vía diplomática para impulsar una resolución amistosa al pulso que mantiene el consorcio liderado por la constructora Sacyr con las autoridades panameñas sobre las obras de ampliación del Canal. En la imagen, una mujer pasa junto a la sede de Sacyr en Madrid, el 2 de enero de 2014. REUTERS/Susana Vera

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció el viernes que la ministra española de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, viajarán a Panamá en los próximos días para intentar llegar a una solución negociada sobre la reclamación de 1.600 millones de dólares en sobrecostos y las amenazas del consorcio de detener las obras de ampliación.

Se trata de la segunda vez en algo más de un mes en la que un ministro español tiene que viajar a un país americano para destrabar un conflicto empresarial. A finales de noviembre, el ministro de Industria, José Manuel Soria, alcanzó un preacuerdo con las autoridades argentinas para fijar una compensación por la expropiación de YPF.

Sacyr y su consorcio, formado también la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, se muestran abiertos a negociar, aunque reclaman que parte de los sobrecostes se debe a costes imprevistos que no estaban contemplados en el proyecto.

“Nadie está mencionando el cliente que es la Autoridad del Canal de Panamá a la que se han presentado numerosos costes imprevistos que no estaban contemplados en el proyecto y que se nos encomienda ejecutar (...) lo que tengan que rechazar, que lo rechacen y lo que tengan que aprobar, que lo aprueben, lo que no puede ser es que a estas alturas del contrato los expedientes estén todavía sin aprobar”, dijo una fuente del consorcio que pidió el anonimato.

“Pensar que un proyecto de cinco años con el volumen y la complejidad de este no va a tener sobrecostes es absurdo”, añadió.

La obra, que se encuentra ejecutada ya casi en un 70 por ciento, pretende añadir un tercer juego de exclusas al canal panameño, en un contrato de 3.841 millones de dólares adjudicado en 2009.

Además del consorcio de Sacyr también pujó un consorcio integrado por las también españolas Acciona, FCC y ACS, que ofrecieron 5.548 millones de dólares, mientras que otro liderado por la estadounidense Betchel pujó con una oferta algo más ajustada, pero 1.000 millones por encima de la de Sacyr.

Por el canal, una zona estratégica que durante años estuvo bajo control de Estados Unidos, transita un 5 por ciento del comercio mundial.

Las acciones de Sacyr acusaban las informaciones y se dejaban un 6,85 por ciento en la sesión del viernes, mientras que Salini Impregilo, también presente en el consorcio pero con una participación menor, ganó un 1,24 por ciento en la bolsa de Milán.

SOBRECOSTES PREVISTOS YA DESDE 2012

Según figura en las últimas cuentas anuales de Sacyr, el consorcio Grupo Unidos por el Canal contabilizó como ingresos unos sobrecostes que en 2012 eran de 666 millones de dólares por el grado de avance de avance de la obra y porque esperaba una resolución satisfactoria en las reclamaciones.

Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha rechazado en todo momento los sobrecostes planteados y asegura que la obra de ampliación se llevará a término de un modo u otro.

El administrador del Canal, Jorge Quijano, dijo el jueves a periodistas que desde noviembre la ACP ha estado en contacto con la aseguradora Zurich American Insurance Company, con quien tiene disponibles unos 600 millones de dólares en fianzas que podría utilizar para la ejecución del proyecto.

El conflicto podría acabar resolviendose en los tribunales internacionales, una opción que sin embargo retrasaría la ejecución de una obra que, cuando esté operativa, se estima aporte ingresos millonarios al país centroamericano.

“Estamos dispuestos a que lo valore una corte arbitral o quien tenga que ser el tercero pero que de alguna se valore. Lo que no podemos es seguir poniendo dinero mientras los expedientes no se aprueban. Hemos puesto muchísimo apoyo, muchísimos recursos de los accionistas y llega un momento en que tiene que ser un esfuerzo compartido con el cliente”, dijo la fuente del consorcio.

/Por Jose Elías Rodríguez y Sarah White/

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