29 de noviembre de 2013 / 13:52 / en 4 años

El Gobierno permite a la banca preservar 30.000 millones en capital

MADRID (Reuters) - El Gobierno aprobó el viernes una serie de leyes que permitirán reforzar los niveles de solvencia de la banca española en unos 30.000 millones de euros para que éstas encaren las próximas pruebas de resistencia al sector en Europa en una situación de mayor fortaleza.

El Gobierno español aprobó el viernes un real decreto que permitirá a la banca española preservar como capital unos 30.000 millones de euros que acumula el sector en activos fiscales diferidos (los llamados DTAs) gracias a su conversión en créditos fiscales. En la imagen, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, durante una reunión de ministros de Finanzas de la Eurozona en Luxemburgo, el 14 de octubre de 2013. REUTERS/François Lenoir

En concreto, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto Ley (que incluye una modificación del impuesto de sociedades) que permitirá la conversión en créditos fiscales de un 60 por ciento de los 50.000 millones de euros de activos fiscales diferidos (DTA) que la banca acumula en España.

Gracias al aval del Estado, estos créditos fiscales seguirán computando como capital de primera calidad.

Los activos fiscales diferidos son deducciones fiscales pendientes de aplicación que se originan cuando una entidad se anota un gasto que le genera pérdidas o resta beneficio que no es fiscalmente deducible en ese momento pero sí en el futuro.

Para su conversión en créditos fiscales, el Gobierno ha tenido en cuenta los activos fiscales procedentes de diferencias temporales, en las que se engloban las aportaciones de las entidades a los planes de pensiones para sus empleados y las provisiones genéricas.

También se han computado como capital los activos procedentes de las bases imponibles negativas (BIN) que se generaron como consecuencia de los elevados saneamientos a los que obligaron los requisitos de coberturas del Gobierno, sobre todo en los dos últimos años.

Además, el Gobierno aprobó este viernes un anteproyecto de ley para trasponer la normativa de solvencia internacional (CRD-4) a la legislación española introduciendo mejoras de gobierno corporativo, que previsiblemente se aprobará en marzo próximo, y que absorberá al real decreto validado el viernes.

En el anteproyecto aprobado también se fija que el Banco de España realice al menos una vez al año una prueba de resistencia al sector como parte de las medidas introducidas para superar las carencias que dieron lugar a la reciente crisis financiera.

El Gobierno se vio obligado a utilizar unos 41.300 millones de euros de una línea de crédito europea de hasta 100.000 millones euros otorgada en 2012 para sanear un sector financiero ahogado por los activos dañados que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria.

TRATAMIENTO HOMOGÉNEO CON EUROPA

En un momento en el que el capital se ha convertido en el principal caballo de batalla, la banca española llevaba meses peleando para preservar una parte como capital antes de las revisiones de calidad de activos en Europa previstas para 2014.

Bajo las normas internacionales de Basilea III, los DTA empiezan a restar gradualmente de la base de capital desde enero de 2014, lo que penalizaba la solvencia de los bancos españoles, rescatados algunos de ellos con fondos europeos.

Los bancos españoles llevan tiempo quejándose de que el hecho de que no se permitiese convertir los activos fiscales en créditos fiscales les ponía en una situación de desventaja con respecto a sus competidores europeos antes de encarar las pruebas de resistencia del próximo año.

Los bancos italianos ya disfrutaron de un tratamiento favorable por parte de su banco central respecto a sus propios activos en 2011.

“Si no hacemos está modificación del impuesto de sociedades, la banca española estaría en una situación de desventaja con respecto a sus competidores”, justificó el ministro de Economía español, Luis de Guindos.

Las entidades han logrado este refuerzo de capital gracias al aval otorgado por el Estado a los créditos fiscales, con la salvedad de que los avales sólo serían ejecutados si un banco es liquidado.

Esta última restricción permitirá evitar que la conversión parcial de los activos fiscales diferidos en créditos fiscales compute como deuda o déficit y dificulte todavía más los objetivos en materia de cumplimiento fiscal de España.

En su reciente visita, el FMI, que valoró favorablemente las negociaciones de las autoridades españolas para preservar una parte importante de los DTA como capital, manifestó que “sería esencial analizar con cuidado” sus implicaciones fiscales.

No obstante, el propio ministro de Economía aseguró el viernes que el impacto fiscal del real decreto sería prácticamente insignificante.

“Si existen liquidaciones, pérdidas en la entidad, entonces en caso de liquidación esos DTAs que no hayas compensado los tienes que monetizar”, explicó una fuente de Economía.

IMPACTO EN ENTIDADES Y EN SUBASTA DE NCG BANCO

Aunque la nueva normativa de Basilea contempla un calendario gradual de hasta diez años para cumplir con las nuevos requisitos de capital (se conoce como phase-in), el mercado adelanta en la práctica a 2014 el cumplimiento de un ratio de capital de hasta el 8 por ciento (en lo que se conoce como ratio fully-loaded).

El impacto de la contabilización de los DTA es significativo en entidades como Bankia, con activos fiscales diferidos por unos 7.100 millones de euros, en Caixabank, con DTA de 6.700 millones de euros, y también en Sabadell y Popular, que acumulan activos por 4.600 millones y 3.100 millones respectivamente.

Por su parte, BBVA acumula 4.500 millones y Santander unos 4.000 millones en DTA en España, según estimaciones de analistas.

Los bancos reaccionaron con caídas al descontar el mercado la aprobación de esta medida que se produjo después del reciente rally experimentado por el sector.

Fuentes financieras consideran clave el tratamiento a efectos de capital de los DTAs para determinar el importe de las ayudas que las entidades podrían solicitar en la puja por NCG, que acumula un total de 4.500 millones de euros en activos fiscales.

“Esto es una norma general que favorece a entidades que están nacionalizadas y sujetas a un proceso de privatización, como es el caso de (la entidad de) Galicia, que es la primera que está en proceso y evidentemente es un marco general del cual se pueden aprovechar el resto de entidades”, dijo De Guindos en la rueda posterior al Consejo de Ministros tras afirmar que había “bastante interés”.

/Por Jesús Aguado/

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