17 de julio de 2013 / 10:14 / en 4 años

Bruselas investiga deducciones españolas a compras en extranjero

BRUSELAS/MADRID (Reuters) - La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el nuevo sistema de deducciones fiscales a empresas españolas por la compra de grupos extranjeros al considerar que podría distorsionar la competencia.

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el nuevo sistema de deducciones fiscales a empresas españolas por la compra de grupos extranjeros al considerar que podría distorsionar la competencia. En la imagen, cámaras de seguridad a la entrada del edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el 1 de julio de 2013. REUTERS/François Lenoir

“La Comisión ha observado que la versión original del plan es incompatible con las normas de ayudas estatales ya que daba a los beneficiarios una ventaja económica selectiva sobre sus competidores que realicen adquisiciones domésticas”, dijo Bruselas.

El plan inicial de deducciones se aplicaba solo a las adquisiciones directas, mientras que en la nueva interpretación española se permitirían deducciones fiscales retroactivas por adquisiciones indirectas.

“En esta fase, la Comisión considera que el nuevo plan podría implicar también ayuda estatal y tiene dudas en lo que se refiere a la compatibilidad de tal ayuda”.

El 28 de octubre de 2009 y el 12 de enero de 2011, la Comisión ordenó a España que aboliera la disposición del impuesto a sociedades que permitía a las empresas amortizar el denominado fondo de comercio -la diferencia entre el precio que se paga por comprar una empresa y su valor contable real- en adquisiciones de participaciones de empresas en el extranjero.

España se comprometió a no conceder nuevas exenciones fiscales pero no eliminó la disposición, ya que la amortización aún es posible en ciertos casos en los que la Comisión “reconoció expectativas legítimas o autorizó un periodo transitorio”.

Sin embargo, en marzo de 2012 las autoridades españolas adoptaron una nueva interpretación de la norma, que ampliaba el ámbito de aplicación a las compras indirectas.

“La Comisión adopta la opinión preliminar que esta nueva interpretación implica ayuda pública, ya que España aumenta excesivamente la aplicación de un programa ilegal e incompatible”, dice el organismo europeo.

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