2 de julio de 2013 / 14:38 / hace 4 años

España intenta modificar un fallo europeo letal para el sector naval

MADRID (Reuters) - España intentaba el lunes desesperadamente evitar que la Comisión Europea declare ilegales y obligue devolver unos 3.000 millones de euros otorgados en ayudas fiscales en el sector naval español ante el riesgo de desaparición de una industria de la que dependen 80.000 empleos.

El vicepresidente de la Comisión, el español Joaquín Almunia, avanzó la semana pasada que propondría en Bruselas el próximo 17 de julio la devolución de esas bonificaciones recibidas entre 2005 y 2011, cuando se abrió un procedimiento de investigación al respecto.

El ministro español de Industria, José Manuel Soria, dijo el lunes que su Gobierno trataría de hacer cambiar de opinión a Almunia apelando a un precedente existente con Francia, que, a pesar de ser condenada en 2006, no tuvo que devolver estas ayudas.

“No estamos planteando ningún tipo de trato excepcional. Estamos planteando única y exclusivamente que la solución que se dé al sector naval en España sea la misma que se dio al sector naval en Francia cuando hubo un problema muy similar”, declaró Soria a periodistas.

El Gobierno español quiere presentar un frente común ante la Comisión sobre este tema, y por ese motivo, Soria se reunirá esta tarde con las comunidades autónomas afectadas -Galicia, País Vasco y Asturias-, así como con la patronal PYMAR y con los sindicatos, que han criticado duramente el anuncio realizado por Almunia.

“Lo que estamos haciendo es intentar que el señor Almunia no tome la decisión que ha anunciado”, declaró Soria, que aseguró que si la propuesta del vicepresidente de la Comisión sigue adelante, el sector naval español sufriría un “daño irreversible y irreparable”.

“El Gobierno está intentando llevar a la racionalidad el riesgo de desaparición del sector”, explicó el ministro, que habló también del peligro de que la industria europea sufra una deslocalización hacia Asia y otros mercados.

Almunia dijo que serían los armadores y las empresas que invertían en los buques para aprovechar las exenciones fiscales derivadas del ‘tax lease’ los que tendrían que devolver las ayudas, y no los astilleros.

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