June 21, 2013 / 1:12 PM / 5 years ago

El Gobierno quiere ahorrar 6.500 millones con la reforma administrativa

MADRID (Reuters) - El Gobierno español dijo el viernes que la simplificación y racionalización del sector público que quiere llevar a cabo antes de que finalice la legislatura generará unos ahorros de 6.500 millones de euros para las administraciones, dentro de sus esfuerzos por reducir el elevado déficit.

El Gobierno dijo el viernes que la reforma del sector público que quiere llevar a cabo antes de que finalice la legislatura generará unos ahorros de 6.500 millones de euros para las administraciones, y de 16.300 millones de euros para los ciudadanos. Imagen de archivo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (dcha.), con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril en el Palacio de La Moncloa de Madrid. REUTERS/Sergio Pérez

“Esta reforma, en su implantación, que es de ahora a 2015 (...) (ahorrará) 6.500 millones de euros para la Administración y 16.300 para el ciudadano”, dijo la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En una comparecencia en la que hubo un gran baile de cifras y confusión sobre qué parte de los ahorros previstos correspondían a nuevas medidas, la también portavoz del Gobierno cifró en 37.700 millones de euros el impacto total sobre la economía si se tenían en cuenta los ahorros generados por otras medidas adoptadas desde 2012, como en empleo público o la prevista reforma local.

Aunque las líneas generales del documento fueron presentadas el miércoles en un acto institucional por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Ejecutivo no había avanzado hasta ahora ninguna estimación de ahorros de la reforma.

El informe de esta gran auditoría del sector público se ha finalizado con diez días de antelación frente a los plazos previstos, lo que permitirá a Rajoy acudir al Consejo Europeo de la próxima semana con los deberes hechos en una de las reformas exigidas por Bruselas a España.

El ahorro de 6.500 millones de euros a las arcas públicas procederá de medidas como la eliminación de duplicidades entre el Estado y las comunidades autónomas, la centralización de compras y servicios de las administraciones o la supresión de organismos y entes públicos considerados innecesarios.

El Gobierno prevé además que ciudadanos y empresas ahorren aún más -16.300 millones de euros- con medidas como el impulso de la administración electrónica, la simplificación de trámites y la reducción de cargas burocráticas o la implantación de la factura electrónica.

Para tener éxito con muchos de los cambios propuestos, el Gobierno deberá contar con la colaboración de las comunidades autónomas, que tienen blindadas muchas de sus competencias y podrían optar por no llevar a cabo las recomendaciones del informe.

Aunque Sáenz de Santamaría se mostró conciliadora subrayando que el documento era una “guía”, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió el jueves que el Ejecutivo tendrá en cuenta si las regiones han aplicado las recomendaciones del informe cuando negocie los objetivos de déficit autonómico.

ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES

El texto analizado el viernes por el Consejo de Ministros incluye 218 medidas concretas con distintos plazos de ejecución, de las que más de la mitad corresponden a la eliminación de duplicidades y otras 78 exclusivamente a la administración general del Estado.

Algunas de las propuestas ya han sido aprobadas por el Ejecutivo en los últimos meses, y los esfuerzos por reducir el déficit público ya han llevado a un adelgazamiento de la estructura administrativa de comunidades autónomas, entidades locales y Estado.

Así, en el año y medio que va de legislatura se calcula que el sector público español ha perdido unos 375.000 empleos, aproximadamente el mismo número de los creados en plena crisis, hasta unos 2,8 millones de trabajadores.

Parte de esta reducción se debe a medidas de austeridad aprobadas por las administraciones, y otra parte a los efectos de la congelación de las ofertas de empleo público hasta 2014 y a la tasa de reposición de efectivos cero en la mayoría de ámbitos.

Los sindicatos temen que esta nueva reforma traiga más destrucción de empleo público por el cierre o eliminación de numerosos organismos, en un país en el que la tasa de paro se sitúa en el 27 por ciento de la población activa.

El sindicato CSI-F, el más representativo en las administraciones públicas, reclamó el viernes una reunión urgente de la mesa de negociación para estudiar la reforma, y criticó que el Gobierno la hubiera presentado antes a los medios antes que a los representantes de los trabajadores.

El Ejecutivo no ha cifrado el número de empleados que podrían verse afectados por los cambios, pero ha adelantado que potenciará la movilidad de los trabajadores públicos para poder “recolocar” a algunos de ellos donde haga falta personal.

Otra de las novedades de la reforma es la implantación de sistemas de medición de la productividad y la eficiencia de las unidades administrativas, que medirán factores como medios humanos y materiales disponibles, y tiempo de tramitación de los expedientes.

Los resultados de estos análisis de productividad se harán públicos, para que el ciudadano pueda comprobar qué unidades resuelven más rápido trámites como autorizaciones o licencias.

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