19 de junio de 2013 / 13:43 / en 4 años

El Gobierno propone 200 medidas para simplificar el sector público

MADRID (Reuters) - España debería adoptar hasta 217 medidas para mejorar la eficacia de sus administraciones, según las conclusiones de un informe aún no hecho público con el que el Gobierno pretende simplificar el funcionamiento y aumentar la eficacia del descentralizado sector público.

España debería adoptar hasta 217 medidas para mejorar la eficacia de sus administraciones, según las conclusiones de un informe aún no hecho público con el que el Gobierno pretende simplificar el funcionamiento y aumentar la eficacia del descentralizado sector público. Imagen del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa en la que anunció las medidas, celebrada el 19 de junio en el Palacio de La Moncloa. REUTERS/Juan Medina

Más de la mitad de las propuestas del documento, cuyas líneas generales fueron presentadas el miércoles en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se centran en la eliminación de duplicidades en la prestación de servicios por parte del Estado y las 17 autonomías.

Sin embargo, el informe no es vinculante y las regiones podrán optar o no por seguir sus recomendaciones, que pasan entre otros elementos -según lo avanzado por Rajoy- por eliminar organismos considerados redundantes, como las agencias de energía, de defensa de la competencia o de meteorología existentes en las diferentes autonomías.

“España tiene una buena administración, pero a nadie se le oculta (...) que han aflorado ineficiencias perfectamente evitables y redundancias competenciales”, declaró Rajoy.

El presidente del Ejecutivo dijo que el informe era un instrumento que el Gobierno ponía a disposición de las comunidades autónomas para “aliviar” sus presupuestos en un momento de una dura recesión y con estrictos objetivos de déficit que cumplir.

“Aquí no hay ideología, aquí hay un intento de ser más eficaces”, dijo Rajoy, que no avanzó ninguna cifra sobre los posibles ahorros de costes que podría suponer la puesta en marcha de las recomendaciones del informe, que pasará el viernes por el Consejo de Ministros.

La reforma de las administraciones públicas fue una de las grandes promesas electorales del Partido Popular y la falta de avances en este sentido año y medio después de llegar al poder había provocado que se empezaran a alzar voces desde el propio PP - que controla 11 de las 17 autonomías - para acelerar su puesta en marcha.

A diferencia de los importantes recortes realizados en servicios esenciales para el ciudadano como la sanidad y la educación, analistas consideran que este adelgazamiento burocrático propuesto tendrá un efecto positivo sobre la base electoral y podría llegar a tiempo para las próximas elecciones autonómicas, previstas en 2015.

“MENOS PAPELEO”

Rajoy puso algunos ejemplos de medidas concretas que podrían ayudar a abaratar costes y mejorar el servicio a los ciudadanos, como la centralización de los contratos de servicios y suministros en la administración -“comprar juntos, comprar mejor”- o la implantación de la historia clínica digital.

“Menos formularios, menos papeleo y menos ventanillas, a cambio más agilidad y facilidades, menos costes y más ahorro”, declaró el líder del PP, que dijo que una de las principales demandas realizadas por los ciudadanos y los emprendedores era que la administración electrónica fuera una realidad.

El informe propondrá también la puesta en marcha de la factura electrónica para facilitar las relaciones con los proveedores, que verán mejorar sus posibilidades de cobro al integrar el control de la deuda comercial en el principio de estabilidad financiera, dijo Rajoy.

Entre las ineficiencias detectadas durante la auditoría realizada en los siete meses que se ha tardado en elaborar el informe, el presidente del Ejecutivo citó las más de 4.800 cuentas bancarias abiertas por parte de la administración del Estado y subrayó la diferencia entre lo que cuesta realizar una notificación postal (2,55 euros) y otra electrónica (0,19 euros).

Rajoy señaló que la reforma propuesta no partía de cero y que se había avanzado mucho en el recorte de gastos, ya que en año y medio de legislatura se habían reducido unos 375.000 empleos públicos, aproximadamente los mismos que se crearon en plena crisis.

Aunque dijo que España estaba situada por debajo de sus socios europeos en lo que se refería a gasto público en porcentaje de PIB (43 por ciento frente al casi 50 por ciento de la media de la eurozona), reconoció un problema de ingresos por el “desplome brutal” de los mismos sufrido durante la crisis.

“Somos los que menos recaudamos. Esta brecha nos obliga a ser doblemente productivos (...) hacer más con menos sin renunciar a los niveles de calidad de los servicios públicos”, declaró.

Rajoy dijo que la administración del Estado asumía las propuestas del informe y que empezaría a legislar inmediatamente siguiendo las recomendaciones del documento con reformas como la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, la de subvenciones, o la de la morosidad.

“Soy absolutamente consciente de que la tarea es ardua, difícil y exigirá mucha determinación, pero créanme que vale la pena”, concluyó.

/Por Blanca Rodríguez/

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