27 de noviembre de 2012 / 12:47 / en 5 años

ENTREVISTA-España, ante el reto de adelgazar la burocracia regional

MADRID (Reuters) - Las comunidades autónomas españolas se verán abocadas a reducir sus estructuras administrativas para adaptarlas a los tiempos de crisis, previsiblemente mediante la centralización de algunos servicios y la privatización de otros, dijo el presidente de la comisión encargada de reformar las administraciones públicas.

Las comunidades autónomas españolas se verán abocadas a reducir sus estructuras administrativas para adaptarlas a los tiempos de crisis, previsiblemente mediante la centralización de algunos servicios y la privatización de otros, dijo el presidente de la comisión encargada de reformar las administraciones públicas. En la imagen, una gaviota junto a una bandera de España en Cádiz el 15 de noviembre de 2012. REUTERS/Jon Nazca

El subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, que desde el Palacio de la Moncloa supervisará el trabajo de esta comisión, se mostró convencido de que se lograrán los consensos necesarios tanto con las comunidades autónomas (CCAA) como con la oposición para sacar adelante el proyecto, pese a que podría toparse con la resistencia de algunos gobiernos regionales.

“Estas cosas siempre cuestan, pero es que hay que hacerlas”, dijo Pérez Renovales en una entrevista con Reuters, recordando que las regiones tienen unos estrictos objetivos de déficit que cumplir y por tanto pocas opciones de rechazar potenciales ahorros de gasto.

“A lo mejor es un problema a corto plazo reducir el tamaño de lo que tienen o juntarlo con lo que tiene el Estado, pero no creo que haya una resistencia enorme”, afirmó.

Tras años de intensa descentralización, los gobiernos regionales se han convertido en la mayor de las administraciones públicas españolas, con más de la mitad de su personal y un tercio de su gasto total, gestionando servicios públicos clave como la sanidad o la educación.

El deterioro de su calidad de crédito y las estrictas condiciones de los mercados han dejado además a muchas de las regiones a expensas del Estado, que ha diseñado un plan de dos años para atender a sus necesidades de liquidez mientras las 17 comunidades se han comprometido a ahorrar 18.350 millones de euros en 2012.

Durante las “vacas gordas”, las CCAA recibieron ingresos extraordinarios derivados del ‘boom’ inmobiliario que pasaron en muchos casos a ser gastos recurrentes, algo que la crisis ha hecho insostenible y las ha llevado a aprobar estrictos ajustes presupuestarios.

La comisión de reforma administrativa se enmarca en el plan reformista del Gobierno español, tras los cambios abordados en el mercado laboral o el sector financiero, en medio de una profunda recesión económica mientras el país trata de cumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas.

Uno de los objetivos de la comisión, que carece de una estimación de ahorro de gasto público y debe presentar sus conclusiones antes de mediados de 2013, es reducir la estructura administrativa allí donde se encuentren funciones duplicadas entre distintos departamentos o niveles de la administración.

Sin embargo, Pérez Renovales subrayó que en la estructura estatal, donde hay unos 237.000 empleados públicos, “no hay mucho margen” de adelgazamiento, por lo que la mayoría de los cambios tendrán que venir de las CCAA, en cuyas administraciones trabajan alrededor de 1,4 millones de personas.

CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS

“Las comunidades autónomas ya están ajustando (...) (pero) Lo que va a hacer este trabajo es darles muchísima más información y muchas propuestas para reducir su administración pública o para hacerla más eficiente”, añadió.

El Gobierno insiste en que el objetivo es simplificar los cuerpos administrativos y no dar marcha atrás en el estado de las autonomías, aunque Pérez Renovales sí habló de “centralizar en el mejor sentido de la palabra”.

El subsecretario puso como ejemplo la centralización de servicios como la gestión informática, la confección de nóminas o de selección de proveedores, al estilo de lo realizado en el ámbito de la sanidad con los procesos de compras centralizados de medicamentos.

Tampoco descartó que de la evaluación de algunos de los servicios analizados se concluya que no es necesaria la participación ni de la Administración central ni de la autonómica, y pudiera encomendarse al sector privado.

“Seguro que descubrimos que tanto aquí como allí hay funciones que pueden estar desempeñando dos organismos estatales y de la comunidad autónoma a la vez y puede que no tenga que desempeñarse por ninguno”, declaró Pérez Renovales.

“Al final se trata de tener una administración que tenga justo el tamaño para hacer lo que la función pública te exija que hagas”, afirmó.

Aunque las propuestas de la comisión no serán vinculantes, subrayó que los gobiernos regionales podrían verse “abocados” a asumirlas para cumplir con sus objetivos de déficit, ya que bajo la estricta ley orgánica de estabilidad presupuestaria, el Estado dispone de mecanismos para sancionar a las comunidades incumplidoras, y “hay total voluntad de aplicar la ley”.

La reforma de las estructuras regionales irá de la mano de cambios en la Administración local, donde se está ultimando un proyecto de ley que clarificará las competencias de los ayuntamientos y que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales para hacerlos más eficientes.

“Siempre se dice que de las crisis pueden salir grandes proyectos de reforma, pues este es un ejemplo claro”, aseguró Pérez Renovales, mostrándose convencido de que las reformas emprendidas sentarían las bases para un buen crecimiento futuro de España.

/Por Blanca Rodríguez y Julien Toyer/

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