26 de octubre de 2012 / 15:13 / en 5 años

El Gobierno cobrará a las empresas que despidan a mayores de 50 años

MADRID (Reuters) - Las empresas españolas de más de 100 trabajadores con dos años de beneficios que dejen sin empleo a mayores de 50 años deberán hacerse cargo de gran parte de los costes que estos despidos ocasionen a las arcas públicas, según un Real Decreto aprobado el viernes por el Gobierno.

Las empresas españolas de más de 100 trabajadores con dos años de beneficios que dejen sin empleo a mayores de 50 años deberán hacerse cargo de gran parte de los costes que estos despidos ocasionen a las arcas públicas, según un Real Decreto aprobado el viernes por el Gobierno. Imagen de un participante en una manifestación de funcionarios contra los recortes en Madrid el 19 de octubre. REUTERS/Andrea Comas

“Este real decreto tiene su origen en que, en los años de bonanza económica, grandes grupos empresariales con beneficios hicieron expedientes de regulación de empleo para realizar ajustes de plantilla (...) y utilizaban recursos públicos - la prestación por desempleo - a la hora del cese”, dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La nueva regulación amplía así el número de empresas expuestas a la nueva normativa, puesto que hasta el momento eran sólo las que tenían más de 500 trabajadores.

Además, mientras la anterior normativa recaía sobre las empresas que llevasen a cabo despidos de al menos 100 trabajadores, la nueva no establece límites de cantidad sino de edad: que los despedidos tengan 50 años o más.

La nueva norma tiene un efecto retroactivo sobre aquellos procesos de despido iniciados con posterioridad al 27 de abril de 2011 - fecha en que el Gobierno anterior puso en marcha su regulación.

Para calcular cuánto deberán pagar se tendrá en cuenta el total de las prestaciones contributivas por desempleo y sus cotizaciones, así como si los trabajadores tienen derecho a subsidios de desempleo.

“Todo eso será susceptible de liquidación, y la empresa deberá hacer la aportación en los 30 días siguientes”, recalcó Báñez.

Sin embargo, si en los 6 meses posteriores al despido, la empresa demuestra que el trabajador se ha recolocado, se devolverían las aportaciones correspondientes.

Según la ministra, el real decreto pretende, en primer lugar, moderar la expulsión del mercado de trabajo de manera “prematura” e “injusta” de los trabajadores de más edad, al considerar que muchas veces son quienes cuentan con más cualificación, y que son discriminados sólo por su edad.

Asimismo, pretende reducir el impacto de los despidos de estos trabajadores sobre las cuentas públicas, y también el acercamiento de la edad real de jubilación a la edad legal para garantizar el sistema de Seguridad Social.

El segundo mayor sindicato español por afiliación, Unión General de Trabajadores (UGT), consideró la medida “puramente estética e hipócrita”.

“No oculta, ni compensa, otras normativas aprobadas por el Ejecutivo que facilitan el despido: como la reforma laboral (que debilita las causas) o la eliminación de la autorización administrativa en los Expedientes de Regulación de Empleo”, dijo UGT en un comunicado.

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