19 de julio de 2012 / 14:05 / hace 5 años

Las protestas espontáneas calientan un verano de recortes

MADRID (Reuters) - Los sindicatos españoles celebran el jueves una marcha que se prevé multitudinaria en una jornada tórrida que promete calentarse más, una semana después de que el Gobierno aprobara el mayor ajuste económico en su joven democracia.

Los sindicatos españoles celebran el jueves una marcha que se prevé multitudinaria en una jornada tórrida que promete calentarse más, una semana después de que el Gobierno aprobara el mayor ajuste económico en su joven democracia. En la imagen, una funcionaria corea consignas contra las protestas ante la sede del Partido Popular en Madrid el 19 de julio de 2012. REUTERS/Andrea Comas

Más allá de las marchas convocadas por las grandes organizaciones sindicales, los recortes han disparado la aparición de pequeñas manifestaciones espontáneas de ciudadanos que gritan su indignación en las principales calles de muchas provincias.

En las horas previas a la convocatoria de una gran manifestación en medio centenar de ciudades españolas en contra de los recortes, diversos grupos de protestantes no pudieron esperar y colapsaron el jueves algunas de las calles céntricas de la capital.

La convocatoria vespertina, que requerirá una gran presencia policial, vino también precedida de un acto de sabotaje con los neumáticos de varias furgonetas de la Policía Nacional pinchados.

Los recortes, que afectan fuertemente a los empleados públicos, han provocado también la ira de los cuerpos de seguridad del Estado, con sindicatos policiales, de la guardia civil y militares recomendando secundar las protestas utilizando términos que van de la “indignación” a la “estafa”.

La subida de los impuestos indirectos, las restricciones y recortes a los subsidios por desempleo y otras medidas que afectan principalmente a la clase media o a los sectores más desfavorecidos en una sociedad con más de cinco millones de parados han disparado la indignación y el descrédito contra las clases dirigentes.

“Llevamos varios años de medidas contra grupos sociales de clase media cuando, por el contrario, no se toman otras medidas contra lo que podríamos llamar la clase política o dirigente, incluyendo en esto al mundo financiero y empresarial”, dice Juan Díez, presidente de la consultora sociológica ASEP.

Las convocatorias espontáneas suelen llevarse a cabo a través de mensajería instantánea o redes sociales, y el carácter anárquico de las mismas está preocupando al Gobierno del conservador Partido Popular (PP), que ha cerrado a cal y canto las inmediaciones del Congreso en un dispositivo de seguridad que el resto de grupos parlamentarios considera excesivo.

“Con las nuevas tecnologías, uno no tiene tiempo de pensar, no delibera. No se necesita preparar las convocatorias, y sin embargo éstas se llevan a cabo y hacen ruido”, dice Sandra Suárez, investigadora de la Universidad de Temple en Filadelfia.

“Esto tiene al Gobierno un poco nervioso”, agregó Suárez, quien publicó una investigación sobre el uso de móviles en la organización de las protestas tras los atentados del 11-M en 2004.

Simbólicamente, este mismo jueves el Congreso ha aprobado la tipificación de la violencia urbana como delito posibilitando la aplicación de la prisión provisional como medida cautelar.

LA IRRUPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

La semana pasada, el Gobierno anunció un durísimo paquete de medidas, entre las que incluyó la subida del IVA o la retirada de la paga de Navidad de los empleados públicos, a quienes ya se les recortó el sueldo en 2010.

Diversas modificaciones de horarios y otras condiciones han llevado a los funcionarios a perder también poder adquisitivo en sus nóminas en 2011 y 2012 pese a una supuesta congelación salarial.

Bajo la argumentación de que no hay dinero para pagar todos los servicios públicos, la nueva vuelta de tuerca del Gobierno a los funcionarios fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de un colectivo habitualmente poco dado a las protestas, y visto por parte de la ciudadanía como privilegiado y dañado en su imagen por comentarios discutidos de varios miembros del actual Gobierno.

“Esto ha excedido las cuestiones ideológicas (...) y se está extendiendo más allá de los grupos que tradicionalmente se manifestaban, hasta vemos a militares y a policías que amenazan con manifestarse”, dice Ramón Pacheco, profesor del Kings College de Londres especializado en política española.

El principal sindicato de funcionarios de España, CSI-F, que ya convocó a una huelga del sector público para septiembre, dijo el jueves que estudia consensuar con otros sectores que el paro se convierta en una huelga general para todos los sectores.

Desde el anuncio de los recortes de la semana pasada, todos los días un grupo de unos cien funcionarios se reúne en su descanso del café a protestar ante la sede del PP, en un ritual que se repite de idéntica manera ante otros puntos de la capital madrileña.

“No me importa apretarme el cinturón un poco, ya lo habíamos hecho con las anteriores medidas, pero esto ya es increíble. Las medidas son ya muy duras, y luego dices, ¿para qué? Si ves que los políticos siguen robando”, dice Iria, una auditora de Hacienda de 34 años, mientras protesta frente a la sede del gobernante Partido Popular.

¿EL FUTURO?

En lo que sí existe una división de opiniones entre los expertos es en si esta oleada de protestas puede llevar al Gobierno a no acabar su legislatura pese a su abrumadora mayoría ante la expectativa de que se recrudezcan las protestas a un nivel insostenible.

“Es difícil sobrevivir políticamente y cívicamente a todo lo que nos espera todavía. Es muy difícil hacer predicciones, pero es más que probable que esta legislatura tenga un límite anterior a su cumplimiento como tal”, dice Fermín Bouza, catedrático de Sociología de la UCM.

Si bien el Ejecutivo del Partido Popular (PP) en sus siete meses de gobierno está llevando a cabo recortes sociales de singular dureza, éstos ya habían comenzado con el anterior gobierno del Partido Socialista.

“No pueden entenderse las recientes movilizaciones contra la política del Gobierno sin tener en cuenta el creciente malestar social de los últimos años y que pone de manifiesto el 15-M (...) por sucesivas medidas, iniciadas en el último Gobierno de Zapatero y acentuadas durante el Gobierno de Rajoy que atentan a los cimientos del Estado social tal como se entendía desde los tiempos de la transición”, dice José Manuel Ruano, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Con el último paquete de medidas de ajuste anunciado, el Gobierno pretende obtener un impacto positivo en las cuentas públicas de 65.000 millones de euros hasta 2014 que le ayuden a alcanzar las metas de déficit exigidas por Bruselas.

Sin embargo, y con el propio presidente del Gobierno reconociendo que este ajuste impedirá a España salir de la recesión incluso en 2013, algunos se preguntan si esto no lleva a España a un camino sin salida hacia el rescate.

“Pienso que estas protestas podrían llevar a un rescate en toda regla (tras el rescate a la banca ya acordado con Bruselas) puesto que Rajoy no puede seguir recortando”, dice Suárez.

Otros analistas estiman que la mayoría parlamentaria del PP es lo suficientemente sólida como para aguantar toda la legislatura y que España está muy lejos de entrar en una situación de caos e impago de deuda como en el caso de Grecia.

“Hasta ahora, los Gobiernos se mantienen porque tienen mayoría parlamentaria, y de momento no parece que el Gobierno vaya a perder la mayoría parlamentaria que tiene, como tampoco la ha perdido Zapatero a pesar de que su impopularidad era muy grande incluso entre los votantes socialistas”, señala Díez.

“De momento, aquí no hemos llegado a la situación de Grecia, ni en movimientos sociales ni en cuanto a lo que son las posibles consecuencias”, agrega.

/Por Clare Kane y Feliciano Tisera/

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