21 de mayo de 2012 / 11:34 / en 6 años

El Gobierno nombra a Oliver Wyman y Roland Berger como auditores

MADRID (Reuters) - El ministerio de Economía dijo el lunes que ha contratado a las empresas de consultoría Roland Berger y Oliver Wyman como evaluadores independientes para realizar una primera valoración de los balances del sistema bancario español.

El Ministerio de Economía dijo el lunes que ha contratado a las empresas de consultoría Roland Berger y Oliver Wyman como evaluadores independientes para realizar una primera valoración de los balances del sistema bancario español. En la imagen de archivo, un cartel de metro junto a la sede del Banco de España, el 28 deabril de 2010. REUTERS/Juan Medina

“Las dos empresas citadas han sido contratadas formalmente hoy por el Banco de España”, dijo el ministerio para añadir que se espera un primer informe en la segunda mitad de junio.

El primer informe consistirá en una evaluación general de los balances bancarios en España y de su capacidad de resistencia ante un escenario adverso, el llamado “stress test”.

En una segunda fase, el ministerio y el Banco de España tienen previsto contratar a tres empresas auditoras a finales de mayo para realizar un estudio más amplio sobre la contabilidad y provisiones de los bancos que se dará a conocer en los “próximos meses”.

Según una fuente del ministerio de Economía, Oliver Wyman y Roland Berger pueden presentarse también para la segunda fase.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo a primera hora del lunes que confiaba en que la nueva inspección de los balances bancarios por parte de empresas independientes ayude a incrementar la transparencia y a despejar las dudas sobre la valoración de los activos bancarios en España.

Guindos dijo que no espera que el nuevo examen haga aflorar un incremento significativo del riesgo hipotecario de la banca ni de su exposición al crédito promotor.

La cartera crediticia de la banca asciende actualmente a unos 1,76 billones de euros, de los cuales 656.000 millones de euros son hipotecas individuales y unos 300.000 millones son préstamos a promotores.

La morosidad del crédito promotor ya ronda el 21 por ciento, mientras que la tasa de impagos de las hipotecas familiares sigue situándose en el 2,8 por ciento pese a la crisis y el aumento del paro.

“El Gobierno lo que ha hecho es centrarse en la parte problemática de la banca española, que es el crédito promotor, que son unos 310.000 millones de euros, que era lo que se consideraba el aspecto, el activo más tóxico de la banca española”, sentenció el ministro.

El titular de Economía recordó que con la nueva regulación la banca ha elevado hasta el 45 por ciento la tasa de cobertura para el segmento promotor.

“Eso se considera (...) a todos los efectos (como) nivel más que suficiente”, dijo el ministro.

Pero no todos los analistas estaban de acuerdo con la opinión de Guindos.

El broker anglosajón JP Morgan recomendó recientemente usar una tasa de cobertura más alta, señalando que Blackrock -- uno de los posibles candidatos como valorador independiente -- solía aplicar una tasa de cobertura del 58 por ciento en sus pruebas de resistencia de 2010.

De Guindos dijo también no espera que el problema del crédito promotor se extienda a las hipotecas individuales o al crédito de las medianas y pequeñas empresas.

Sobre la mora de las hipotecas individuales, de Guindos dijo que no espera que suba mucho más allá de la tasa actual del 2,8 por ciento.

“En España, las hipotecas privadas se pagan”, dijo de Guindos que basó sus expectativas en la evolución de la mora en los primeros años de la crisis.

“Es cierto que la tasa de paro en España se ha incrementado mucho, pero el momento de mayor intensidad en el proceso de destrucción de empleo fueron los años 2008 y 2009 y una parte del año 2010. No hemos pasado del 8 al 23 por ciento (en la tasa de desempleo) en los últimos doce meses”, dijo el ministro.

Y sobre las pequeñas y medianas empresas, de Guindos dijo que su situación financiera mejorará en breve gracias a la inyección de 30.000 millones de euros en concepto de pago de facturas retrasadas por la Administración pública.

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