12 de mayo de 2012 / 10:03 / en 5 años

Los Ayuntamientos, en el punto de mira de la tijera de Gobierno

El Gobierno español está ultimando una reforma administrativa para delimitar de forma precisa las competencias de los ayuntamientos que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales, dentro de sus esfuerzos por cumplir los objetivos de déficit y racionalizar el gasto público. En la imagen de archivo, la bandera española ondea en el ayuntamiento de Madrid, el 28 de mayo de 2010.Andrea Comas

MADRID (Reuters) - El Gobierno español está ultimando una reforma administrativa para delimitar de forma precisa las competencias de los ayuntamientos que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales, dentro de sus esfuerzos por cumplir los objetivos de déficit y racionalizar el gasto público.

Esta reforma de la ley del régimen local, que tendrá continuidad en otra esperada modificación de la financiación municipal, pretende despejar la actual maraña de instituciones en este ámbito y entre sus principales objetivos está el de impulsar la fusión de los ayuntamientos más pequeños.

Con estos cambios, el Gobierno confía en lograr ahorros de unos 3.500 millones de euros el próximo año, una pieza más de su activa estrategia para reducir drásticamente el déficit público desde el 8,5 por ciento de 2011 al 5,3 por ciento este año y al 3 por ciento en 2013.

Los ayuntamientos, muchos de los cuales están en una "situación crítica" según el Ejecutivo, supusieron un 0,4 por ciento del déficit total del año pasado, y deben reducir una décima esa cifra este año y llevarla a cero el siguiente.

Aunque las fusiones de ayuntamientos tendrán un carácter voluntario, podrían ser inevitables para muchos, si tienen dificultades para cumplir en solitario con una serie de criterios de eficiencia en función de su población - aún por definir - a la hora de prestar servicios como la recogida de basura, el alcantarillado o el abastecimiento de agua.

Estas exigencias les abocarán según el Gobierno o a unirse a otro municipio o a delegar directamente esas funciones en las diputaciones provinciales, unos organismos que saldrán claramente reforzados de la reforma en marcha.

"Se trata de primar la austeridad, aumentando la eficacia y eficiencia y evitando duplicidades para no despilfarrar recursos en la administración pública", dijo esta semana el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cuyo departamento pretende tener cerrada este mismo mes la propuesta de reforma.

COMPLEJIDAD INSTITUCIONAL

Los cambios pretenden también enviar un mensaje de orden en el complejo mapa político español, en el que conviven más de 8.100 municipios, medio centenar de diputaciones provinciales, una decena de cabildos o consejos insulares, e innumerables entidades de ámbito local, además de las consabidas 17 comunidades autónomas.

El mapa municipal español se caracteriza además por una gran fragmentación, donde el 84 por ciento de los municipios tiene menos de 5.000 vecinos y sólo un 5 por ciento tiene más de 20.000 habitantes.

"La reordenación municipal es algo inevitable. Es hora de que reconozcamos que no todos los ayuntamientos son capaces de llevar cuentas ordenadas, de prestar servicios de modo eficiente a sus ciudadanos", señaló Beteta, que ha asegurado que el Gobierno quiere hacer la reforma con consenso y de la mano de las comunidades autónomas.

Según una encuesta realizada por la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) conocida esta semana, el 62,5 por ciento de los españoles estaría a favor de la fusión de municipios, un camino aún por explorar que han iniciado dos corporaciones gallegas, las de Cesuras y Ozas del Río.

Sin embargo, esta no es la opción preferida de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha enviado al Gobierno sus propias propuestas de reforma, en las que se inclina por una cesión de competencias a entidades mayores por parte de las corporaciones más pequeñas, en lugar de por uniones o fusiones de las mismas.

SITUACIÓN CRÍTICA DE AYUNTAMIENTOS

Los municipios - que según datos del Banco de España acumulaban a finales de 2011 una deuda de 35.420 millones de euros - se financian con el cobro de tributos y tasas, mediante las transferencias que reciben de otras administraciones y a través del endeudamiento. La crisis económica ha supuesto que esas tres vías se hayan visto drásticamente reducidas.

En este contexto, numerosos ayuntamientos están sufriendo para pagar a sus empleados públicos y tienen cientos de miles de facturas pendientes de cobro por servicios, lo que llevó al Gobierno central al salir al rescate - para evitar también una quiebra masiva de pequeñas empresas - con un plan de pago a proveedores.

Sin embargo, de los más de 4.600 municipios que quisieron acogerse a este plan, 2.000 de ellos no llegaron a presentar los planes de ajustes necesarios para recibir la financiación del Gobierno.

Y de los que los presentaron, unos 300 recibieron una valoración negativa. Uno de Guadalajara llegó a presentar un plan por el que necesitaría 7.058 años para poder saldar su deuda, algo calificado de "escalofriante" por parte de Beteta.

El origen del problema se encuentra tanto en años de mala gestión como en la prestación por parte de los ayuntamientos de servicios para los que no cuentan con financiación por corresponder en un principio esas funciones a las comunidades autónomas, enfrascadas por su parte en su particular vía crucis de contención del gasto.

Esas llamadas "competencias impropias", que suponen el 26 por ciento de todos los gastos de los ayuntamientos según un informe del Instituto de Economía de Universidad de Barcelona, es lo primero que se quiere suprimir.

Dentro de la revisión del mapa de atribuciones entre administraciones que ha emprendido el Gobierno, se prevé que los ayuntamientos más pequeños pierdan competencias, pero la situación podrá suponer todo lo contrario para las corporaciones de mayor tamaño, que podrían recibir funciones - y financiación - que ahora recaen en las comunidades autónomas.

También tendrán un papel reforzado las diputaciones provinciales, a las que el Gobierno quiere dar "más músculo técnico y financiero" que garantice la prestación de determinados servicios asumiendo la labor que en algunos puntos de España desempeñan las mancomunidades, que podrían estar llamadas a desaparecer.

El papel de las diputaciones - instituciones cuya función es gestionar los intereses económico-administrativos de las provincias - ha estado sin embargo en cuestión en los últimos meses, y líder del Partido Socialista ha llegado a asegurar que son unos organismos que "sobran", lo que podría dificultar el consenso al que aspira el Gobierno con la reforma.

/Por Blanca Rodríguez Piedra/

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