23 de marzo de 2012 / 12:52 / en 5 años

El Gobierno obligará a informar sobre el uso de dinero público

El Consejo de Ministros aprobó el viernes una ley que obligará a políticos y gestores públicos a informar del uso que hacen del dinero de los contribuyentes, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos cansados del despilfarro y corrupción de los políticos que se amparaba en la tradicional opacidad de la administración. En la imagen, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría el 19 de marzo de 2012 en Cádiz.Marcelo del Pozo

MADRID (Reuters) - El Consejo de Ministros aprobó el viernes un primer borrador de una ley que obligará a los políticos y gestores públicos a informar del uso que hacen del dinero de los contribuyentes, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos cansados del despilfarro y corrupción de los políticos que se amparaba en la tradicional opacidad de las administraciones.

"(La norma) tiene por objeto fundamental mejorar la credibilidad y la confianza de nuestras instituciones, especialmente de las administraciones públicas, y de nuestra democracia", dijo la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete.

El anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Código de Buen Gobierno de las Administraciones, permitirá a los ciudadanos consultar en las páginas web de las administraciones las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, y también establecerá como delito el despilfarro del dinero público.

La norma, que sigue los pasos de otros países europeos y de Estados Unidos, incluirá una pena de inhabilitación de hasta diez años para los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público, no aporten la documentación requerida, o despilfarren.

"(La ley hará que) los altos cargos respondan con su propio cargo y con la imposibilidad de acceder a ningún otro si no gestionan como deben, cumpliendo la ley, aquellos fondos públicos que les hayan encargado los ciudadanos con su elección o su nombramiento", dijo la vicepresidenta, portavoz y ministra de la Presidencia, encargada de la elaboración de la norma.

Otra de las novedades que incorpora es un baremo para las retribuciones de los miembros de los miembros de las corporaciones locales (alcaldes, concejales, miembros de Diputación) que se fijarán en los Presupuestos Generales y deberá aprobar el Parlamento.

TRÁMITE CIUDADANO

La corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles y fue una de las bases del movimiento 15-M o de los indignados, que ha sacado a la calles a decenas de miles de ciudadanos en el último año exigiendo una democracia más real y una mejor gestión de la administración pública.

En los últimos años varios políticos se han sentado en el banquillo de los acusados por prevaricación y malversación de fondos públicos, dentro de casos como Gürtel, que ha afectado a políticos del PP, o los ERE en Andalucía, protagonizado por dirigentes socialistas.

El texto de la ley tendrá una tramitación novedosa y se someterá a una audiencia pública mediante la cual los ciudadanos dispondrán a partir del lunes de 15 días para realizar sus aportaciones y recomendaciones.

Además, el Gobierno pondrá en marcha un portal de la transparencia en el que se volcará publicidad activa con los detalles relativos a concursos, subvenciones, convenios o sueldos de los altos cargos, y desde el que también se canalizará las preguntas y solicitudes de información de los ciudadanos.

A partir de la entrada en vigor de la ley, que previsiblemente no será antes del verano, el funcionario tendrá la obligación de informar sobre la gestión de los fondos públicos cuando cualquier ciudadano lo solicite.

"Le cambia el chip de los funcionarios. A unos porque pensaban que la información era suya no la daban, y a otros porque tenían miedo de que sus superiores les pudieran sancionar por dar información", dijo Jesús Lizcano, catedrático y presidente de la ONG Transparencia Internacional.

Las cuestiones relaciones con la seguridad pública, la defensa nacional, las relaciones exteriores o la protección de datos, entre otros, quedarán fuera de la aplicación de la ley por limitación constitucional.

/Por Iciar Reinlein/

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