29 de abril de 2011 / 13:20 / en 7 años

El Gobierno aprueba un criticado plan contra el empleo sumergido

MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes, entre críticas de los interlocutores sociales, un plan de afloramiento del empleo sumergido que da a los empresarios tres meses para regularizar la situación de los trabajadores sin contrato sin tener que pagar el aumento en las sanciones que establece la nueva normativa, y otorga facilidades para el pago de deudas con la seguridad social.

<p>El Gobierno espa&ntilde;ol aprob&oacute; el viernes un plan de afloramiento del empleo sumergido que da a los empresarios tres meses para regularizar la situaci&oacute;n de trabajadores sin contrato sin sufrir sanciones, y otorga facilidades para el pago de deudas con la seguridad social. En la imagen, el ministro de Trabajo, Valeriano G&oacute;mez, en unarueda de prensa en Moncloa, el 28 de enero de 2011. REUTERS/Susana Vera</p>

“Hasta el 31 de julio del presente año se mantendrán las actuales multas y sanciones para empresarios y trabajadores en caso de empleo irregular, transcurrido este periodo estas sanciones se endurecerán”, dijo el viernes el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Con este programa el Gobierno trata de mejorar las cifras de desempleo, en un momento en el que el paro en España ha superado el 21 por ciento de la población activa -su tasa más alta desde 1997- y al mismo tiempo intenta elevar sus ingresos para reducir el déficit presupuestario.

En el caso del endurecimiento de las sanciones para empresarios por incumplir la obligación de afiliación y alta en la seguridad de social de empleados, las multas pasan del rango de 626 a 6.250 euros al rango de 3.126 a 10.000 euros.

Respecto a las sanciones contra trabajadores que compatibilicen un trabajo irregular con el cobro de prestaciones de desempleo, se pasa del actual rango de 6.251 euros a 187.515 euros a un rango de 10.001 euros a 187.515 euros.

Bajo el plan, aquellos empleadores que regularicen a trabajadores sin contrato deberán pagar las cotizaciones adeudadas desde el 1 de enero de 2011.

El plan se aprobó junto a la presentación de un anteproyecto de ley para reformar la inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude.

España roza ya los 5 millones de parados, y el desempleo es uno de los males endémicos de su economía, aunque numerosos políticos y analistas consideran que parte del desempleo no es real como consecuencia de la denominada “economía sumergida”.

NO CONFORMA A SINDICATOS NI EMPRESARIOS

Los interlocutores sociales -patronal y sindicatos- criticaron un plan que no consideran sea el más adecuado para favorecer el empleo, aunque por motivos distintos.

Uno de los puntos más polémicos del plan es que a los trabajadores que afloren de la economía sumergida no se les reconocerá la antigüedad, pese a que en los borradores enviados a los agentes sociales se barajó la posibilidad de reconocerles entre 6 meses y un año de cara a la jubilación.

Además, a los empresarios que hagan aflorar trabajadores de la economía sumergida se les impone la obligación de hacer un contrato de al menos seis meses.

Estas medidas provocaron las cricas de los sindicatos.

“El único horizonte que les propone el gobierno es pasar a un contrato temporal, precario (...) y con efectos sobre cotizaciones sociales también limitado en el tiempo”, dijo en rueda de prensa el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo.

El líder de CCOO agregó también que el plan desatiende las necesidades de la población inmigrante y de los trabajadores domésticos.

“Se quiere huir de la idea de un nuevo plan de regularización, nadie está planteando esto, pero al mismo tiempo no se puede mirar para otro lado cuando se sabe que hay gente explotada en nuestro país”, dijo.

Por el lado de la patronal, se criticó la ausencia de estímulos fiscales para los empresarios.

“[El plan] debería ir ligado a aspectos fiscales y no sólo a cambios laborales”, dijeron las patronales CEOE y CEPYME en un comunicado conjunto.

Según los empresarios, la generación de excedentes en situaciones de crisis no se puede valorar igual que en épocas de bonanza; pues supone mantener una ‘sobrecotización’ por encima del gasto comprometido, obstaculizando el mantenimiento del empleo y la competitividad de las empresas.

“El plan de actuación se centra en el establecimiento de una ‘regularización’ con algunos incentivos para acogerse a la misma y que resultarán de difícil comprensión para las empresas que han cumplido y cumplen con la normativa vigente, que son mayoritarias”, dijeron.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below