15 de diciembre de 2010 / 19:03 / en 7 años

Los controladores piden que no se prolongue el estado de alarma

MADRID (Reuters) - En un último intento por negociar un convenio colectivo que ponga fin a los graves conflictos laborales, el sindicato de controladores aéreos español se comprometió el miércoles a garantizar la normalidad del servicio de control aéreo y pidió que no se prolongue el actual estado de alarma.

<p>En un &uacute;ltimo intento por negociar un convenio colectivo que ponga fin a los graves conflictos laborales, el sindicato de controladores a&eacute;reos espa&ntilde;ol se comprometi&oacute; el mi&eacute;rcoles a garantizar la normalidad del servicio de control a&eacute;reo y pidi&oacute; que no se prolongue el actual estado de alarma. Imagen de una torre de control en el aeropuerto madrile&ntilde;o de Barajas el 14 de diciembre. REUTERS/Sergio P&eacute;rez</p>

“Hemos conseguido cartas de compromiso personal del 85 por ciento de los controladores que garantizan en su nombre y con DNI la continuidad y seguridad del servicio”, dijo Camilo Cela, presidente del sindicato.

Tras mostrar en una multitudinaria rueda de prensa cartas de compromiso de 1.600 controladores, el sindicato dijo que entiende que ya no se dan las condiciones para mantener el estado de alerta.

En este sentido, el colectivo apeló a la responsabilidad de “quienes tienen que decidir sobre la prolongación o no del estado de alerta”.

“Planteamos a los grupos parlamentarios que analicen y revisen su posición sobre el estado de alerta”, dijo el portavoz sindical Daniel Zamit, para añadir que mientras continúe esta situación “no se podrá negociar”.

Ante la cercanía de las fechas navideñas, una de las temporadas de mayor tráfico aéreo, está previsto el Congreso vote el jueves la propuesta del Gobierno de prorrogar hasta el 15 de enero el estado de alarma decretado a principios de mes ante un abandono masivo de funciones de parte de los controladores que llevó a cerrar el espacio aéreo.

Aunque son los controladores quienes siguen ejerciendo en todo momento las labores de gestión del tránsito aéreo, la extraordinaria figura de alarma - basada en la paralización de un servicio público considerado esencial- permite que sea el Ejército quien vele por el cumplimiento de tan vital actividad.

Los controladores están sometidos ahora a autoridad militar, hasta el punto de que algunos habían interpretado incluso que no podían tener actividades de carácter sindical.

Sin embargo, como demostró la primera comparecencia pública de la cúpula sindical desde el fatídico cierre aéreo del 4 de diciembre, los representantes de los trabajadores entienden que el sometimiento a la autoridad militar acaba “al salir de las torres de control”, por lo que no afecta a sus labores sindicales.

El colectivo, que ha sufrido un duro golpe de imagen en la prensa, la sociedad y las clases política y empresarial acusado de causar grandes perjuicios en uno de los puentes más importantes del año, habló el jueves de “acorralamiento profesional” y acusó a algunos miembros del Gobierno y al gestor de aeropuertos Aena de mentir para confundir a la opinión pública.

ARBITRAJE A LA VISTA

Con la contabilización de las horas trabajadas al año como eje central del conflicto - el Gobierno hubo de aclarar con un Decreto una Ley en la que se cuantifican y clasifican las horas anuales de trabajo - el Gobierno y el sindicato coinciden en pedir una solución rápida y negociada al conflicto mediante la firma de un convenio colectivo.

Sin embargo, en vísperas de la privatización del gestor del espacio aéreo y de las torres de control - que pueden llegar a modificar sustancialmente las condiciones del colectivo- el sindicato recuerda que en los últimos meses Aena esta impidiendo acuerdos al poner “piedras” a la negociación.

Aunque admitieron que no serían partidarios de un arbitraje, se mostraron conscientes de que existe la posibilidad de que no se alcance una salida negociada.

“Nosotros estamos tratando de facilitar la negociación y buscamos una solución negociada para cerrar definitivamente el conflicto (...) Estamos más cómodos con una negociación que con un arbitraje”, dijo Daniel Zamit.

“Los árbitros los nombra la Administración que, en nuestra opinión, es juez y parte, así que, como es natural, tenemos poca confianza”, aseveró.

El sindicato no quiso manifestarse sobre las demandas de asociaciones de consumidores, los expedientes laborales abiertos ni el proceso penal al señalar que la “extraordinaria” situación está siendo estudiada por sus abogados. Un miembro del sindicato dijo que están siendo asesorados en el proceso por BCN Iuris.

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