7 de octubre de 2010 / 12:21 / hace 7 años

La deuda de las CCAA amenaza el plan de austeridad del Gobierno

Por Sonya Dowsett

MARTORELL, Barcelona (Reuters) - Las comunidades y ciudades españolas están profundamente endeudadas y experimentan dificultades para pagar a hospitales, servicios de basura y de jardinería, aumentando la perspectiva de un rescate oficial que ponga en peligro el riguroso programa de austeridad del Gobierno.

Si las Comunidades Autónomas permiten el descontrol de sus presupuestos, los objetivos de reducción de déficit del país se pondrán en duda y la credibilidad ante los inversores internacionales se debilitará.

El Gobierno central ha reducido los fondos a los ejecutivos regionales de forma pronunciada mientras se esfuerza por reducir el déficit nacional en casi dos tercios en un plazo de cuatro años. Mientras tanto, las regiones y las ciudades más comprometidas aplazan sus pagos a hospitales y servicios de mantenimiento.

“Saben que el Estado no permitirá que quiebren. Eso crea un riesgo moral que al final plantea un peligro para el Estado”, expresó Andrés Rodríguez Pose, profesor de geografía económica del London School of Economics.

Ante una tasa de paro persistentemente alta - una de cinco personas está sin trabajo - y unos costes de endeudamiento cada vez más altos, España ha sacrificado el crecimiento económico en favor de unas medidas de austeridad para reducir el déficit y tranquilizar a los mercados sobre su capacidad de cumplir los pagos.

Mientras tanto, la deuda combinada de las Comunidades Autónomas casi se ha duplicado hasta 104.800 millones de euros - el 10 por ciento del PIB - a lo largo de los tres últimos años tras un desplome de los ingresos fiscales desde que reventó la burbuja inmobiliaria en España.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dijo esta semana que los presupuestos regionales representan el mayor riesgo para los esfuerzos del Gobierno de recortar gastos en 2011.

“Mi impresión ahora es que las medidas adoptadas por la mayoría de las Comunidades Autónomas no alcanzan el nivel de recortes necesarios”, dijo Fernández Ordóñez en un discurso.

De acuerdo con las leyes de descentralización, el Gobierno central tiene poderes limitados sobre las autonomías para forzar un recorte de su gasto.

Teniendo en cuenta el peso en el Congreso de los partidos políticos del País Vasco y Cataluña, el Gobierno podría verse arrinconado.

Los analistas comentaron que es difícil cuantificar un supuesto rescate aunque obligaría al Gobierno a recaudar más fondos o incluso a recortar su propio gasto aún más en un presupuesto por sí doloroso y volvería a poner bajo la lupa los ya rebajados ratings crediticios.

LAS ALCALDÍAS VEN SUS INGRESOS REDUCIRSE

A lo largo del país, las deudas pendientes inquietan a los alcaldes, después años de gastos en guarderías y paisajismo con el respaldo de devoluciones fiscales durante el boom económico de una década de duración antes de la crisis inmobiliaria de 2007 y apoyado en la construcción.

En la localidad catalana de Martorell, sede de una de las mayores fábricas del país - el complejo industrial del fabricante de coches SEAT -, el alcalde Salvador Esteve se preocupa por el presupuesto.

“Los ingresos se han reducido pero no los costes”, expresó en su despacho del elegante ayuntamiento de piedra de Martorell. “Los próximos años serán más duros todavía y tendremos que recortar servicios y probablemente despedir a las personas que proporcionan esos servicios”.

La misma historia ocurre en todas partes de España, donde empresas de jardinería y mantenimiento responsables de los parques entran en deuda para pagar los salarios de los empleados.

“Es un desastre”, dijo Javier Sigüenza de la Asociación Española de Jardinería (ASEJA). “El ochenta por ciento de los costes de las empresas de jardinería se destina a salarios. Están hasta la cabeza en deuda. Es terrible”.

Las ciudades deben unos 300 millones de euros por el mantenimiento de los espacios verdes, según cifras de ASEJA. El retraso medio de tres meses en el pago de deudas se ha ampliado ahora a 8 meses, dijo Sigüenza.

Si las empresas afectadas empiezan a reducir plantilla, repercutiría en la tasa de paro, la más alta de la zona euro, forzando una intervención del Gobierno central para ayudar y evitar problemas sociales.

“Si la falta de pago de los salarios se convierte en un problema común en la mayoría de las regiones, el gobierno tendría que intervenir”, dijo Raj Badiani, analista de IHS Global Insight.

En conjunto, las ciudades y las Comunidades Autónomas representan el 70 por ciento del gasto del Gobierno central. Según su presupuesto austero, España recortó la financiación a las regiones en casi la mitad a 28.000 millones de euros.

La agencia de calificación Fitch colocó en agosto todas las Comunidades Autónomas que tiene en estudio a “perspectiva negativa”, citando los frágiles balances corrientes y el peligro de una creciente deuda.

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