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Noticias de Negocios

Mientras el Congreso se enzarza por las ayudas, millones de alquilados se desesperan en EEUU

NUEVA YORK, 6 ago (Reuters) - Amanda Geno aceptó el 13 de marzo lo que parecía una oferta de trabajo de ensueño en una universidad cerca de Holyoke, en el estado de Massachusetts, poniendo fin a seis meses de búsqueda de empleo tras haber sido despedida en otoño. O eso es lo que pensaba.

Amanda Geno, que ha visto reducidos sus ingresos desde mediados de marzo tras la irrupción de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, junto a sus mascotas en su casa en Holyoke, estado de Massachusetts, EEUU, el 5 de agosto de 2020. REUTERS/Faith Ninivaggi

Tres días más tarde, la universidad le dijo a esta recaudadora de fondos de 39 años que su incorporación al trabajo prometido tendría que ser suspendida. A finales de abril, le notificaron que el equipo al que se iba a unir no haría nuevas contrataciones hasta 2021.

Geno y su esposa, una estudiante a tiempo completo que recibe 900 dólares mensuales en ayudas por discapacidad, han podido seguir pagando un alquiler de casi 1.200 dólares y otros gastos, en gran parte porque Geno estaba entre los que tenían derecho a recibir hasta 600 dólares a la semana en un complemento a la prestación por desempleo promulgado por la ley CARES, el paquete de ayudas aprobado por el Congreso en marzo para paliar los efectos económicos del coronavirus.

Hace pocos días el Congreso permitió que esta ayuda expirara, reduciendo el total de los ingresos semanales de Geno incluyendo ayudas estatales de 1.100 dólares después de impuestos a apenas 600 dólares.

Algunos de los pagos de préstamos y de tarjetas de crédito que la pareja aplazó también vencen este mes, añadiendo unos 1.600 dólares a sus gastos mensuales. Una devolución de impuestos que en principio tendría que llegar esta semana debería ayudar a pagar el alquiler de septiembre.

Sin embargo, con muchos de sus ahorros agotados, Geno no está segura de que pueda pagar el alquiler después del próximo mes.

“Creo que sin una prolongación de la ayuda estaremos con el agua al cuello en dos meses”, dijo Geno.

La pérdida de empleos causada por los confinamientos impuestos en marzo y abril por todo el país para contener la propagación del nuevo coronavirus afectó de forma desproporcionada a los trabajadores con salarios bajos, quienes viven de alquiler en una mayor proporción.

Una parche de moratorias de desahucio aprobadas por todo el país, cuya extensión y configuración varía de estado a estado, ha permitido que algunos inquilinos permanezcan en sus viviendas si no pueden pagar el alquiler, pero todavía están en apuros por los pagos atrasados, que se están acumulando. Los estadounidenses debían más de 21.500 millones de dólares en alquileres atrasados a finales de julio, según estimaciones de la firma de asesoría global Stout, Risius and Ross.

Esta cifra aumentará si quienes siguen desempleados no reciben más ayudas, afirman expertos en legislación inmobiliaria, economistas y propietarios.

“Este problema va a crecer a medida que avance el año”, dijo Marietta Rodríguez, presidenta y directora ejecutiva de NeighborWorks America, una organización sin ánimo de lucro que lucha por el derecho a viviendas asequibles.

PRESIÓN SOBRE EL CONGRESO PARA QUE ACTÚE

El Congreso de Estados Unidos, que al comienzo de la pandemia en el país aprobó un paquete de ayudas de casi 3 billones de dólares para paliar el impacto económico del coronavirus, no cumplió con el plazo que expiraba la semana pasada para extender los suplementos a las prestaciones por desempleo.

Los congresistas demócratas presionaron para tratar de sacar adelante otros 3 billones de dólares que mantendrían esta ayuda, así como casi 1 billón de dólares adicional en ayudas para los gobiernos estatales y locales. Los senadores del Partido Republicano han propuesto un paquete de 1 trillón de dólares que reduciría la ayuda al desempleo a 200 dólares por semana y podría pasar a cubrir el 70% de los salarios.

Si el Congreso no toma más medidas, más de 30 millones de estadounidenses que actualmente reciben prestaciones por desempleo van camino de ver sus ingresos reducidos en la mitad o incluso más, según sostienen diversos expertos en vivienda y economistas. Las ayudas en algunos estados están a punto de caer a poco más de unos pocos cientos de dólares a la semana.

Muchos hogares ya están sintiendo esta caída de los ingresos. Más de 13 millones de ciudadanos que viven de alquiler, o casi el 20% de los hogares arrendados en el país, no pagaron la factura de junio, según una encuesta realizada el mes pasado por la Oficina del Censo de los EEUU. Alrededor de un tercio de los inquilinos dijeron tener poca o ninguna confianza en su capacidad para pagar el alquiler en agosto, según la encuesta.

En este sombrío contexto, entre 19 y 23 millones de estadounidenses corren el riesgo de ser desahuciados para el 30 de septiembre, según un análisis realizado en junio por el Aspen Institute.

Los desahucios podrían aumentar tras la expiración el mes pasado de una moratoria de los desalojos de las viviendas en régimen de alquiler financiadas con hipotecas respaldadas por el gobierno federal, así como tras la finalización en las próximas semanas de medidas similares adoptadas en todo el país. En algunas zonas, los inquilinos ya están siendo desalojados ilegalmente, dijo Alieza Durana, periodista del Laboratorio sobre Desahucios de la Universidad de Princeton, que ha construido una base de datos de los desalojos de viviendas a nivel nacional.

Algunos propietarios están pidiendo una extensión del suplemento semanal de la prestación por desempleo u otra ayuda financiera que pueda ayudar a mantener a los inquilinos en sus casas.

“Todavía estamos afrontando una situación de emergencia en todo el país”, dijo David Schwartz, consejero delegado y presidente de Waterton, que posee y gestiona 23.000 unidades de alquiler en todo el país.

Dado el aumento del desempleo, Schwartz dice que será difícil pagar el alquiler para los que no tienen trabajo, así como la comida y otras facturas, si el suplemento cae por debajo de los 400 dólares. Las recientes restricciones impuestas por el resurgimiento de los casos de COVID-19 están creando más incertidumbre en los hogares. “Creo que es crucial que el Congreso haga algo”, añadió.

Jamila King, de 31 años, se ha atrasado en el pago del alquiler de su apartamento en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, desde abril, cuando la compañía de seguros de salud para la que trabaja redujo su horario laboral. Aunque puede trabajar desde su casa, tras la reducción salarial no da abasto para cubrir el alquiler y otras facturas, que suman unos 2.000 dólares al mes.

Su casero ha sido indulgente, permitiéndole pagar alrededor de la mitad del alquiler cada mes mientras busca un segundo trabajo o espera que su empresa le dé más horas.

Mientras tanto, King canceló su suscripción a la televisión por cable y espera recibir ayuda financiera para pagar tres meses de alquiler atrasado. “Me siento como si hubiera retrocedido muchísimos pasos debido a la COVID”, dijo.

Información adicional de Makini Brice; editado por Dan Burns y Paul Simao; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk

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