22 de septiembre de 2017 / 11:24 / en 2 meses

Anticorrupción, a favor de investigar a Ron, Saracho y PwC por colapso del Popular

MADRID (Reuters) - La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la admisión a trámite de una serie de demandas contra las dos últimas cúpulas del Banco Popular y el auditor de sus cuentas por diversos delitos cometidos supuestamente antes del colapso de la entidad, que acabó en manos de Santander el pasado junio por un euro.

En esta imagen de archivo, el entonces presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, asiste a la junta general de accionistas de la entidad en Madrid, el 10 de abril de 2017. REUTERS/Juan Medina

Según un escrito conocido el viernes, la fiscalía pide al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que admita a trámite parte de las querellas presentadas durante estos últimos meses por afectados por la resolución del Popular, entre ellos accionistas que perdieron todas sus inversiones tras la intervención y venta de la entidad.

El magistrado tendrá ahora la última palabra sobre si admite o no las demandas contra la consultora PwC, los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus respectivos consejos de administración.

Los acusaciones van desde delitos contra el mercado y los consumidores, alteración de las cuentas, manipulación del mercado para bajar las acciones, uso de información privilegiada o administración desleal.

Anticorrupción también ve indicios suficientes para abrir una investigación contra el auditor PricewaterhouseCoopers (PwC) por un delito de estafa a los inversores y falsedad contable.

La fiscalía se opone sin embargo a investigar a los reguladores, es decir el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por falta de control de la entidad.

Bonistas y accionistas de Popular han interpuesto en los últimos meses medio centenar de demandas en distintos tribunales en contra de la resolución, incluyendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Popular capitalizaba unos 1.300 millones de euros el día de su resolución, que dejó a cero el valor de las acciones y el de 1.900 millones de euros emitidos en bonos convertibles y subordinados.

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