21 de septiembre de 2017 / 13:08 / hace 3 meses

Desde su nueva agencia tributaria, Cataluña espera atribuirse miles de millones de euros

BARCELONA (Reuters) - En un edificio de cristal desde el que se puede ver el puerto de Barcelona, mesas vacías y ordenadores esperan a los nuevos empleados de la agencia tributaria de Cataluña.

En un edificio de cristal desde el que se puede ver el puerto de Barcelona, mesas vacías y ordenadores esperan a los nuevos empleados de la agencia tributaria de Cataluña. Como ocurre en otras regiones españolas, la agencia ya recauda algunos impuestos sanitarios, de sucesiones, juego y transporte. Pero el Gobierno regional ha gastado 18 millones de euros en ampliar el organismo con la esperanza de conseguir la independencia en un referéndum el 1 de octubre que el Ejecutivo central considera ilegal. En la imagen, una pareja pasa junto a un cartel del organismo el 18 de septiembre de 2017. REUTERS/Albert Gea

Como ocurre en otras regiones españolas, la agencia ya recauda algunos impuestos sanitarios, de sucesiones, juego y transporte.

Pero el Gobierno regional ha gastado 18 millones de euros en ampliar el organismo con la esperanza de conseguir la independencia en un referéndum el 1 de octubre que el Ejecutivo central considera ilegal.

Desde la reluciente oficina con un alquiler para 20 años, espera luchar por el control del resto de las finanzas de la región y reclamar miles de millones de euros en impuestos e ingresos corporativos que actualmente van a parar al Gobierno español.

Cataluña ha incrementado la plantilla de la agencia en un 75 por ciento hasta los 700 empleados desde enero y planea rellenar las mesas vacías a finales de año si la votación sale adelante. También ha abierto una docena de nuevas oficinas regionales.

Esta es la inversión más tangible de Cataluña en la infraestructura institucional necesaria para un estado en ciernes y subraya la determinación de su Gobierno de separarse. Dice que declarará la independencia en un plazo de 48 horas si el “sí” gana la votación.

También demuestra que es probable que sigan presionando por la independencia, incluso si pierden la consulta.

“En una fase de transición, no sería aceptable que se queden con nuestros impuestos, porque son nuestros, y ya se quedan con muchos”, dijo el secretario de Hacienda catalán, Josep Lluís Salvadó.

El Gobierno central ha declarado que el referéndum es inconstitucional, por lo que hay muchas dudas sobre si Cataluña podrá incluso llevar a cabo una votación creíble.

Sin embargo, podría no favorecer a las fuerzas independentistas del Govern. Las encuestas muestran que menos de la mitad de los 5,5 millones de votantes de Cataluña quieren la autodeterminación, aunque la mayoría quiere tener la oportunidad de votar sobre el asunto.

Tampoco está claro si las empresas pagarían: el lobby empresarial de Barcelona dice que ninguna empresa privada obedecería las demandas tributarias catalanas a menos que fueran aprobadas por Madrid.

Pero el Gobierno español se ha mostrado molesto.

El miércoles, la Guardia Civil registró la sede de Economía de la Generalitat y la oficina tributaria como parte de una redada contra sedes del gobierno regional, incautó documentos y cortó líneas telefónicas, según un responsable del departamento. Fue el último paso de la campaña del Gobierno central para impedir que salga adelante el referéndum.

Durante la operación ordenada por un juez, la Guardia Civil arrestó a Salvadó, al secretario general de Economía de la Generalitat, Josep María Jové, y a otros tres responsables del departamento, agregó el responsable, que dijo que siguen bajo arresto.

La decisión de Cataluña también preocupa a algunos inversores en bonos españoles y la expansión de la agencia tributaria sugiere que un punto crítico temprano con Madrid después de la independencia podría ser financiero.

QUEJA HISTÓRICA

Cataluña, con una economía mayor que la de Portugal, dice que recibe una redistribución injusta de los impuestos desde Madrid.

Cada año paga alrededor de 10.000 millones de euros más en impuestos en Madrid de lo que recibe, o alrededor del 5 por ciento de la producción económica regional, según datos del Tesoro español. En contraste, la región más pobre de España, Andalucía, recibe casi 8.000 millones de euros más de lo que paga.

“El tema del dinero es una de las raíces del problema, el sentimiento de que se está robando a Cataluña”, dijo Ángel Talavera, economista catalán en la consultora Oxford Economics.

Si su agencia se hiciera cargo de todas las tasas, también recaudaría impuestos sobre ingresos, empresas e IVA, elevando el total recibido a 42.000 millones de euros, según Salvadó. La agencia recaudó unos 3.000 millones de euros el año pasado, según una portavoz del departamento de economía catalán.

    Para evitar el colapso financiero, una Cataluña independiente necesitaría de esa recaudación fiscal, según economistas. Tiene una deuda pública de 75.000 millones de euros, el 35 por ciento de su producto interior bruto, y sus bonos están clasificados como “basura” por las agencias crediticias de rating.

Los inversores están cada vez más nerviosos a medida que se acerca el referéndum: el diferencial adicional que los bonos catalanes pagan sobre la deuda española a corto plazo está cerca de un máximo de nueve meses de unos 300 puntos básicos.

El Gobierno catalán emitió por última vez un bono en 2012, dos años antes de otro referéndum de independencia fallido. Actualmente no está considerando ninguna emisión de bonos, dijo una portavoz.

    “ES IMPOSIBLE”

Sobre una declaración de independencia, Salvadó dijo que Cataluña trataría de abrir conversaciones con Madrid para hacerse cargo de todos los impuestos en fases. Comenzaría en octubre embolsándose 2.500 millones de euros en impuestos de cerca de 700 empresas públicas catalanas que actualmente van a Madrid.

Más tarde, la agencia recaudaría impuestos de empresas privadas y particulares. Podría llevar años y la agencia necesitaría al menos otros 4.000 empleados, agregó Salvadó.

“El principal reto es que el contribuyente no perciba un cambio”, dijo.

El Tesoro español ha dicho a las empresas catalanas que el pago de impuestos a la agencia tributaria regional podría constituir delito. Madrid también tomó medidas legislativas la semana pasada para impedir que el Gobierno catalán use fondos públicos españoles para pagar la consulta.

“Hoy por hoy, las empresas lo ven como imposible y no lo contemplan”, dijo a Reuters Jordi Alberich, director de la asociación de empresarios Cercle d’Economía, con sede en Barcelona.

El Gobierno catalán también carece de la base de datos necesaria para recaudar correctamente los ingresos personales y los impuestos de sociedades, según Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda.

Salvadó dijo que la agencia tenía suficientes datos sobre los impuestos de sucesiones y sobre el patrimonio de los contribuyentes como para comenzar a asumir otras formas de imposición, pero necesitarían negociar el acceso a los registros históricos de los impuestos en España.

Sin embargo, no esperaba una respuesta positiva. “El Estado español va a usar su palabra preferida, que es el ‘no’”.

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