15 de septiembre de 2017 / 13:08 / en 2 meses

El Gobierno interviene las cuentas de Cataluña para evitar que financie el 1-O

MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes en pleno desafío independentista catalán un mecanismo para intervenir las finanzas de la región para evitar el desvío de dinero público para financiar la consulta independentista prevista para el uno de octubre y suspendida por el Constitucional.

El Gobierno español aprobó el viernes en pleno desafío independentista catalán un mecanismo para intervenir las finanzas de la región para evitar el desvío de dinero público para financiar la consulta independentista prevista para el uno de octubre y suspendida por el Constitucional. En la imagen, banderas independentistas durante la celebración de 'La Diada' en Barcelona, España, el 11 de septiembre de 2017. REUTERS/Susana Vera

Este mecanismo de emergencia, que el gobierno reconoce que afecta a la “autonomía financiera” de la Comunidad Autónoma, llevará a la Administración central a hacerse cargo del pago de los servicios esenciales de Cataluña, dando además a la Generalitat 48 horas para paralizar cualquier gasto ajeno a estas prestaciones.

El acuerdo de gobierno incluye una advertencia a las entidades bancarias “para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General”.

El Ejecutivo insta a los bancos a comunicar a la Fiscalía cualquier irregularidad que detecten llegando incluso a equipararlo con actividades de blanqueo de capital.

ACCIÓN, REACCIÓN

“Este paso se mantiene en la prudencia con la que el Gobierno responde en todo momento al desafío que estamos viviendo”, dijo el ministerio en una nota en la que añadió que la situación en Cataluña amenaza la recuperación económica del país.

Su titular, Cristóbal Montoro, justificó las medidas excepcionales, que incluyen el pago de las nóminas en educación o sanidad, ante la situación “de manifiesta ilegalidad” de las autoridades catalanas.

En al ámbito de los servicios no fundamentales, el gobierno solo autorizará aquellos gastos en los que se justifiquen con razones de “urgente o extraordinaria necesidad”.

“No estamos sustituyendo competencias, y sí garantizando que ningún pago va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria”, dijo Montoro.

Se trata de la segunda medida excepcional de Hacienda este verano que, amparada en la ley de Estabilidad Presupuestaria, ya exigía desde julio informes semanales de la finanzas catalanas para comprobar que no se destinaba dinero público para la organización del referéndum.

El gobierno catalán, de manera unilateral, suspendió esta fiscalización el miércoles al considerar que se trataba de un control político que no guardaba relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Montoro, que dijo que no se podía “confiar” en unas autoridades que pretendían actuar “a su aire”, explicó que el “novedoso” mecanismo de pagos afectaría a las cantidades que cada mes transfiere el Estado a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica, que se elevan aproximadamente a 1.400 millones de euros al mes.

“Será la propia Generalitat la que vaya determinando cuánto dinero va a protección ciudadana, a educación, a sanidad”, dijo el ministro.

Las medidas también fiscalizan las operaciones de endeudamiento de la región al requerir el visto bueno del gobierno (aunque estén ya aprobadas en su Plan Económico).

El Estado ya asumía, como en el caso de otras comunidades que lo requirieron, el pago a proveedores a través del fondo de liquidez autonómica (FLA) que recibe Cataluña desde 2012, cuando el Estado puso en marcha nuevos mecanismos de financiación autonómica.

En estos últimos cinco años, la región ha recibido de los diferentes instrumentos de liquidez casi 70.000 millones de euros, de los que más de 23.000 millones de euros se han pagado directamente a proveedores.

El desafío independentista ha ido cobrando fuerza en los últimos días conforme se acerca la fecha prevista, con numerosas iniciativas judiciales tendentes a paralizar el proceso secesionista y un conflicto que cada vez más enconado no solo en los parlamentos sino también en el conjunto de la sociedad.

Mientras los políticos catalanes en el gobierno catalán abrían el jueves una campaña “ilegal”, el portavoz del gobierno insistió el viernes en que el referéndum “no se celebrará” y descartó negociaciones entre las administraciones central y regional “al margen de la legalidad”.

“Es verdad que estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat, pero no debemos olvidar que es al Estado al que le corresponde la dirección de la política económica del país, y que la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional que el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir”, dijo Hacienda.

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