15 de septiembre de 2017 / 8:17 / en 7 días

El Gobierno español redoblará su control financiero sobre Cataluña

El Gobierno español aprobará el viernes una serie de medidas para incrementar su control financiero sobre Cataluña, dijo una fuente del Ministerio de Hacienda, tras la decisión del Ejecutivo catalán de suspender el envío de informes sobre sus gastos en pleno desafío independentista. En la imagen, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados en Madrid, 31 de mayo de 2017. REUTERS/Juan Medina

MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobará el viernes una serie de medidas para incrementar su control financiero sobre Cataluña, dijo una fuente del Ministerio de Hacienda, tras la decisión del Ejecutivo catalán de suspender el envío de informes sobre sus gastos en pleno desafío independentista.

El Ministerio exigía y recibía desde julio por parte de la Generalitat informes semanales para comprobar que no se destinaba “ni un solo euro” de dinero público para la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre, una fiscalización que el Gobierno catalán suspendió el miércoles.

Como respuesta, el Consejo de Ministros aprobará una serie de disposiciones para hacerse cargo de las cantidades que cada mes transfiere a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.

“Se va a aprobar un reforzamiento del control. Determinados gastos va a hacerlos el Estado directamente, para asegurarse de que el dinero va a los servicios públicos y no a gastos relacionados con la independencia”, dijo a Reuters una fuente de Hacienda.

Las medidas no afectarán por el momento al fondo de liquidez autonómica (FLA) que recibe Cataluña, ni a la financiación vinculada a tributos propios gestionados por el Gobierno catalán, añadió la fuente.

El Gobierno catalán rechazó la fiscalización semanal de sus cuentas por considerar que era un “control político” que no guardaba relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria y era “incompatible” con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

Tras la aprobación en julio de estos controles especiales, el Gobierno catalán recurrió al Tribunal Supremo y solicitó la suspensión de estas medidas hasta que la justicia se pronunciara sobre el asunto.

Sin embargo, en una decisión conocida el viernes, el Supremo rechazó la petición de la Generalitat por considerar que no se daban las condiciones para suspender cautelarmente esas medidas, al no causar un perjuicio irreparable ni imposibilitar ejecutar una hipotética sentencia anulatoria.

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