16 de septiembre de 2016 / 11:37 / hace un año

Inquietud empresarial en España por inminentes cambios en impuesto sociedades

MADRID (Reuters) - Las grandes empresas españolas han recibido con malestar y preocupación los cambios previstos por el Gobierno en funciones en el pago fraccionado del impuesto de sociedades, con los que España prevé recaudar 6.000 millones de euros adicionales antes de final de año y cumplir con el objetivo de déficit público.

Las grandes empresas españolas han recibido con malestar y preocupación los cambios previstos por el Gobierno en funciones en el pago fraccionado del impuesto de sociedades, con los que España prevé recaudar 6.000 millones de euros adicionales antes de final de año y cumplir con el objetivo de déficit público. En esta imagen de archivo, el minitsro de Economía, Luis de Guindos, asiste a una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras una reunión del Consejo de Ministros en Madrid el 29 de julio de 2016. REUTERS/Juan Medina

“Estamos muy preocupados, si finalmente se toma la decisión tal y como está planteada será un desastre para muchas empresas”, dijo el viernes una fuente de una de las grandes compañías del Ibex, que se han movilizado para tratar de moderar el impacto de los cambios previstos.

Hacienda está ultimando la redacción de un real decreto-ley que no sólo recuperará los anticipos a cuenta de la liquidación del impuesto suprimidos con la última reforma fiscal, sino que incluso elevará del 12 por ciento a “al menos 20 por ciento” el tipo de gravamen aplicable, según dijo esta semana el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.

Para cumplir con sus socios europeos, el Consejo de Ministros debería aprobar el texto en las próximas semanas, para presentar el próximo 15 de octubre a Bruselas la inevitable prórroga presupuestaria junto con esta medida para asegurar el cumplimiento de las metas de déficit.

Pero la nueva medida podría estar retrasándose por la presión de las grandes empresas, que tratan de conseguir que el tipo no llegue finalmente al 20 por ciento.

“Es un elemento de incertidumbre y preocupación de primer orden, incluso desde el punto de vista del rating, algo vital para muchas de las grandes cotizadas”, dijo un alto cargo de otra empresa del Ibex.

Después de que la Comisión Europea decidiera este verano no multar a España por superar el déficit de 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy, en funciones desde hace nueve meses y con un escaso margen de maniobra para aprobar nuevas medidas, fió en estos anticipos del impuesto sobre sociedades el reajuste de los desequilibrios de las arcas del país para 2016.

En una misiva remitida a los ministros de Hacienda y Economía a la que tuvo acceso Reuters, el presidente de la patronal empresarial CEOE pide que se clarifique la intención y advierte sobre el efecto perverso para las cuentas por un pago no previsto a tres meses de cerrar el ejercicio.

“Este anticipo del Impuesto no estaba previsto en las estimaciones de tesorería de las empresas afectadas por lo que incrementará sus necesidades de financiación, pudiendo comprometer su solvencia en algunos casos”, dijo Juan Rosell en la misiva.

DESPLOME EN LA RECAUDACIÓN

Con las modificaciones previstas, el Ejecutivo pretende frenar el desplome en la recaudación del impuesto que grava los beneficios de las empresas -que ha caído un 40% hasta julio- y poder reducir con esos nuevos ingresos el déficit público al 4,6 por ciento del PIB comprometido con Bruselas.

El Ejecutivo insiste en que los cambios no equivalen a una subida tributaria, y señala que se trata simplemente de un adelanto de los pagos que se ajustará el año que viene, al estilo de las retenciones a cuenta que se hacen con el impuesto sobre la renta de los trabajadores en las nóminas.

“No estamos hablando de una subida del impuesto, del tipo o de los elementos que acaban definiendo la cuota del impuesto, sino de una esquema de gestión tributaria que permita que no se produzca el salto de recaudación”, dijo el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De Guindos advirtió el pasado martes en el Congreso que si Bruselas considera insuficientes las medidas para reducir la brecha fiscal podría llegar a imponer a España una multa de hasta un 0,5 por ciento del PIB y la congelación de fondos estructurales por 2.300 millones de euros.

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