4 de noviembre de 2015 / 18:23 / hace 2 años

El Gobierno fija un techo de gasto público para fármacos ligado al PIB

MADRID (Reuters) - Apenas a dos meses de las elecciones generales, el Gobierno español y la patronal de los principales laboratorios farmacéuticos acordaron el miércoles que el gasto público futuro en medicamentos crecerá como máximo lo mismo que el Producto Interior Bruto, tras unos años de crisis que han visto abruptos recortes en esta partida.

Apenas a dos meses de las elecciones generales, el Gobierno español y la patronal de los principales laboratorios farmacéuticos acordaron el miércoles que el gasto público futuro en medicamentos crecerá como máximo lo mismo que el Producto Interior Bruto, tras unos años de crisis que han visto abruptos recortes en esta partida. Imagen de archivo de cajas de medicamentos en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, el 11 de mayo de 2012. REUTERS/Enrique Calvo

El acuerdo, que sólo vincula a los medicamentos con patente vigente y excluye a los genéricos, tiene como objetivo sostener la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) público - que supone tres cuartas partes de la sanidad en España - y a la vez ofrecer a los pacientes acceso a nuevos fármacos bajo subvención.

“Por un lado hay una perspectiva de gasto sostenible en el sistema de salud. Ahora está contenido, pero ha habido años que ha crecido en dos dígitos. Interesa al Ministerio de Sanidad que este gasto sea predecible”, dijo el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en rueda de prensa tras la firma del acuerdo.

El protocolo firmado establece que la industria farmacéutica devolverá dinero al Estado si el gasto público en estos medicamentos supera el crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española.

En caso de que el gasto en fármacos no crezca tanto como el PIB, el Ejecutivo realizará compensaciones al sector, aunque ni el Gobierno ni la patronal desvelaron detalles sobre las mismas.

Una comisión de seguimiento se encargará de ir evaluando las medidas a tomar en función de los desvíos registrados.

El gasto farmacéutico público total en España, que incluye las subvenciones para las recetas compradas en farmacia y los fármacos que administran los hospitales del sistema nacional de salud, ha sido una de las grandes partidas que han sufrido recortes esta legislatura.

El gasto farmacéutico español, medido por el Ministerio de Sanidad sólo a través de las recetas en farmacias, se redujo un 10 por ciento entre 2011 y 2014 hasta unos 1.600 millones de euros, en un contexto de amplios recortes para que el Ejecutivo del conservador Partido Popular cumpliera con los objetivos de déficit público pactados con Bruselas.

Además, España adeuda al sector unos 13.800 millones de euros, entre gasto hospitalario y recetas de farmacias.

Los recortes en la sanidad pública, agudizados con una reforma sanitaria en 2012 que amplió el copago de los medicamentos en farmacia, movilizaron a miles de profesionales sanitarios y pacientes en contra de la política del actual ejecutivo.

Incluso la propia industria farmacéutica vio tambalearse la inversión pública para comprar los costosos medicamentos con patente que fabrica, después de que el Ejecutivo primase en su reforma la compra de fármacos genéricos en condiciones de igual precio.

“Este protocolo avanza en la sostenibilidad y evita medidas de contención del gasto farmacéutico coyunturales e improvisadas”, dijo Antoni Esteve, presidente de Farmaindustria.

DURAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El acuerdo formalizado el miércoles, largamente esperado por el sector pero que ya ha provocado rechazo en la oposición política, se produce a menos de dos meses para unas elecciones generales que se presentan como las más reñidas en años con un Parlamento previsiblemente más fragmentado y con un Ejecutivo que requerirá de coaliciones o pactos para gobernar.

“El acuerdo con Farmaindustria me parece un despropósito absoluto. No es el momento para firmar un acuerdo así a falta de unas elecciones en menos de dos meses con probablemente otro Gobierno”, dijo el miércoles José María Martínez Olmos, portavoz socialista de la Comisión de Sanidad del Congreso.

El acuerdo tiene vigencia durante un año desde el 1 de diciembre y es prorrogable anualmente hasta tres años, aunque su duración puede ser incluso inferior.

“Si gobernamos nosotros este acuerdo no nos va a vincular”, añadió en un acto sobre el sistema sanitario.

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