18 de octubre de 2017 / 12:35 / en un mes

El Supremo avala la ley de autoconsumo española y su "impuesto al sol"

MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo español enfrió las aspiraciones para el autoconsumo de energía en España con una sentencia que avala una polémica ley actual que establece que determinadas instalaciones de este tipo conectadas a la red deben necesariamente contribuir a los costes del sistema eléctrico.

En la imagen, una planta solar cerca de Guadix el 29 de junio de 2015. REUTERS/Marcelo del Pozo

En un auto fechado el 13 de octubre, el alto tribunal español desestimó una demanda presentada por la combativa Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) contra una ley aprobada en 2015 por el gobernante Partido Popular.

El Supremo avala así el llamado “impuesto al sol” o nombre con el que popularmente se conoce en España al citado peaje.

“No hay, por tanto (..) ‘impuesto al sol’ (..), sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso –como es lo habitual-, la consume efectivamente”, reza el auto.

El autoconsumo ha figurado frecuentemente en los últimos programas electorales y prácticamente todos los partidos de la oposición apoyaron a principios de año una proposición de ley para fomentar la electricidad autogenerada y retirar la legislación vigente.

Los defensores del autoconsumo aseguran que su desarrollo permitiría rebajar una de las facturas de luz más caras de Europa y contribuiría a cumplir con los objetivos de eficiencia y medio ambiente pactados internacionalmente.

Sin embargo, el Ministerio de Energía con su titular, Álvaro Nadal, al frente defiende el peaje de respaldo por el temor a un descenso de los ingresos regulados que vuelva a comprometer el balance presupuestario del sistema eléctrico.

España llegó a acumular una deuda de casi 30.000 millones por el denominado déficit de tarifa, aunque lleva registrando superávit tarifarios desde 2014 como consecuencia de los recortes introducidos con la reforma eléctrica.

Esta última también ha encontrado el aval del Supremo e incluso del Tribunal Constitucional en varias sentencias, mientras que algunos inversores extranjeros en renovables españolas han tenido más fortuna con arbitrajes internacionales.

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