10 de agosto de 2017 / 12:54 / en un mes

Turistas tropiezan con cambio de ley en Baleares y pierden apartamentos reservados

La nueva ley del alquiler turístico en Baleares, que entró en vigor esta semana, ya se ha cobrado las primeras víctimas entre los turistas del archipiélago, que vieron cómo muchos dueños de apartamentos turísticos cancelaron sus reservas por miedo a las elevadas sanciones previstas en la nueva normativa. En la imagen de archivo,turistas en la playa del Arenal, en Palma de Mallorca, en julio de 2014. REUTERS/Enrique Calvo/

MADRID (Reuters) - La nueva ley del alquiler turístico en Baleares, que entró en vigor esta semana, ya se ha cobrado las primeras víctimas entre los turistas del archipiélago, que vieron cómo muchos dueños de apartamentos turísticos cancelaron sus reservas por miedo a las elevadas sanciones previstas en la nueva normativa.

Aptur, la principal asociación del alquiler turístico en Baleares, explicó el jueves esta situación y añadió que ha recomendado a sus socios retirar sus anuncios y suspender la actividad ante la nueva situación que castiga con multas de hasta 40.000 euros el alquiler de apartamentos en casas plurifamiliares.

“Hemos recomendado a nuestros socios enviar una carta a sus clientes y explicar la nueva situación”, dijo María Gibert, presidenta de Aptur.

Aptur cuenta con unos 500 socios, que regentan unos 1.200 apartamentos en las islas Baleares.

El Gobierno balear multa desde el martes a los propietarios de viviendas vacacionales alquiladas ilegalmente a turistas. Con esta medida, el ejecutivo regional quiere poner coto a la proliferación de pisos turísticos en las islas y evitar nuevas distorsiones en el sector inmobiliario.

“Los principales víctimas son los turistas que ya han reservado sus estancias ya que en plena temporada turística será imposible reubicarlos”, dijo Gibert.

En la actualidad, solo está permitido el alquiler de chalets o pequeñas casas adosadas en la comunidad balear.

Los vecinos de las islas podrán informar de viviendas de alquiler sospechosas de ser ilegales a través de una página web, y las plataformas como Airbnb y Homeaway también podrían enfrentarse a multas de hasta 400.000 euros si promocionan apartamentos de alquiler sin licencia.

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