7 de agosto de 2017 / 14:13 / en un mes

Valencia recibe un 25% menos de financiación por habitante que Cantabria

El actual sistema de financiación autonómica permite que haya regiones como Valencia que reciban un 25 por ciento menos de recursos por habitante que otras como Cantabria, según un informe publicado el lunes por el 'think tank' Fedea a partir de datos del Ministerio de Hacienda. En esta imagen de archivo, el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una moción de confianza en Madrid, el 13 de junio de 2017. REUTERS/Juan Medina

MADRID (Reuters) - El actual sistema de financiación autonómica permite que haya regiones como Valencia que reciban un 25 por ciento menos de recursos por habitante que otras como Cantabria, según un informe publicado el lunes por el ‘think tank’ Fedea a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

El estudio, que utiliza cifras de 2015 y establece listas según la financiación efectiva por habitante a competencias homogéneas, se conoce en plenos preliminares de la negociación política que debe abordar este año la esperada reforma del caducado sistema de financiación regional.

Según el informe de Fedea, la Comunidad Valenciana es el territorio que menos recursos por habitante recibe, equivalentes a 2.178 euros, seguido por Murcia (2.236 euros) y Andalucía (2.272 euros).

Cataluña y Madrid se sitúan con una financiación muy parecida (2.312 y 2.308, respectivamente), también en la parte tirando a inferior de la tabla.

En lo alto destacan las dos regiones españolas con menos población, Cantabria (2.906 euros) y La Rioja (2.844 euros), seguidas por Extremadura (2.693 euros), el territorio con menor PIB per cápita del país.

Las Comunidades Autónomas absorben más de un tercio del gasto público español, ya que gestionan servicios tan fundamentales para el estado del bienestar como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El actual modelo de financiación regional, un complicado sistema con multiplicidad de fondos, se remonta a 2009 y debía haberse reformado en 2014, pero su modificación se ha ido aplazando año tras año, en medio de críticas de gobiernos regionales de todo signo político.

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