19 de junio de 2017 / 12:03 / hace 3 meses

Sector alimentario insta al Gobierno a recurrir al TC la tasa al azúcar en Cataluña

Un grupo de asociaciones del sector agroalimentario han instado al Gobierno español a recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las bebidas azucaradas que recientemente ha entrado en vigor en Cataluña, alegando, entre otros motivos, que vulnera la libre circulación de mercancías y la unidad de mercado. En la imagen de archivo, latas de bebidas carbonatadas en una tienda en San Diego, California. REUTERS/Sam Hodgson

MADRID (Reuters) - Un grupo de asociaciones del sector agroalimentario han instado al Gobierno español a recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las bebidas azucaradas que recientemente ha entrado en vigor en Cataluña, alegando, entre otros motivos, que vulnera la libre circulación de mercancías y la unidad de mercado.

Cataluña se convirtió en mayo en la primera Comunidad Autónoma que grava las bebidas azucaradas envasadas, y sostiene que lo hace siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de incentivar cambios en los hábitos de consumo y prevenir enfermedades como la obesidad y la diabetes, no por un afán recaudatorio.

El propio Ejecutivo central se planteó introducir una tasa similar en los presupuestos de 2017, aunque posteriormente decidió que sólo lo incluiría si detecta riesgos de desviación en los objetivos de déficit para este año.

Cuando han transcurrido casi dos meses desde la entrada en vigor del impuesto, representantes de toda la cadena alimentaria, desde organizaciones agrarias, industria agroalimentaria, distribuidores y hosteleros, presentaron el lunes un informe en el que instan al Gobierno a plantear un recurso de inconstitucionalidad.

En el informe, encargado al despacho de abogados Uría Menéndez, alega que la tasa vulnera el principio de territorialidad, ya que puede aplicarse a un consumidor no residente en Cataluña, y obstaculiza la libre circulación de mercancías y servicios, dado que podría conllevar la deslocalización de empresas distribuidoras para evitar su pago.

Además, consideran que puede existir un conflicto de doble imposición con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y que podría además ser contrario al principio de capacidad económica.

Eso sucedería “en aquellos supuestos en que su combinación con otras figuras como el IVA dé lugar a un incremento de la carga soportada por el consumidor final que agote la capacidad económica manifestada en la adquisición del producto”, dijo el informe.

Las asociaciones de agricultores y cooperativas apoyaron la solicitud al considerar la remolacha “un cultivo estratégico” del campo español, que afronta a partir de octubre un momento de incertidumbre al expirar el sistema de cuotas fijado por la Unión Europea.

La OMS instó en octubre a los gobiernos de todo el mundo a incorporar un tributo a las bebidas azucaradas, afirmando que un impuesto del 20 por ciento reduciría las tasas de obesidad y diabetes en un porcentaje similar. La Generalitat prevé recaudar en un año natural 41 millones de euros con este impuesto.

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