12 de marzo de 2015 / 13:27 / hace 3 años

Andorra trata de proteger su vital sector bancario tras el escándalo de BPA

ANDORRA LA VELLA (Reuters) - Lo primero que se encuentra un visitante cuando cruza a Andorra desde España es un gran cartel publicitario de servicios bancarios que deja bien clara la importancia para el pequeño país pirenaico de una industria que supone el 20 por ciento del PIB nacional.

Lo primero que se encuentra un visitante cuando cruza a Andorra desde España es un gran cartel publicitario de servicios bancarios que deja bien clara la importancia para el pequeño país pirenaico de una industria que supone el 20 por ciento del PIB nacional. No es de extrañar la preocupación por la intervención de Banca Privada D'Andorra (BPA) por acusaciones de blanqueo de capitales en una región en la que los cuatro grupos bancarios con una red total de 40 oficinas gestionan más de 41.000 millones de euros, según datos oficiales de 2013. En la imagne, una mujer utiliza un cajero en la sede de Banca Privada D'Andorra (BPA) en Escaldes-Engordany, Andorra, el 12 de marzo de 2015. REUTERS/Sergio Perez

No es de extrañar la preocupación por la intervención de Banca Privada D‘Andorra (BPA) por acusaciones de blanqueo de capitales en una región en la que los cuatro grupos bancarios con una red total de 40 oficinas gestionan más de 41.000 millones de euros, según datos oficiales de 2013.

“La industria bancaria es absolutamente vital para el país, hay que despejar cuanto antes todas las incógnitas y evitar a toda costa el efecto contagio”, reconoce una fuente bancaria local, que considera altamente probable que la entidad acusada de actividades ilícitas por el Tesoro estadounidense acabe siendo absorbida por alguno de los otros cuatro bancos nacionales.

“Se va a trabajar rápido y lo más probable, si finalmente se produce una sanción, es que alguno o varios de los grupos restantes acaben asumiendo el negocio de BPA para dotar de normalidad y fortaleza al sistema”, añadió.

Otros banqueros en entidades rivales consideran también posible este escenario de concentración en el sector bancario andorrano para controlar la crisis.

“Es imposible, vamos, improbable e impensable que (lo sucedido en BPA) pase en el resto de los otros cuatro bancos andorranos (...) En BPA estábamos hablando de una entidad con controles menos robustos, con una política comercial más agresiva”, dijo otra fuente bancaria que también pidió el anonimato.

Como muestra de la celeridad que parece requerir el proceso, la autoridad financiera acordó de madrugada destituir al consejo y a tres directivos de la entidad, supuestamente implicados en actividades ilícitas, explicó una portavoz del Instituto Andorrano de Finanzas.

EL CONSEJO FUERA, LOS CLIENTES DENTRO

El jefe de gobierno, Antoni Martí, desveló el jueves desde Bruselas la destitución del consejo tras una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, a quien transmitió que no había un problema ni de solvencia ni de liquidez en el sistema y que el asunto se circunscribía únicamente a un segmento de la entidad, la banca privada.

En una comparecencia pública realizada la víspera, el ministro de finanzas local reconoció una actividad superior a la habitual en BPA y cifró la salida de fondos de la entidad “entre cuatro y cinco millones de euros” mientras que la responsable del regulador quiso “aislar” el caso de BPA e insistir en la salud del conjunto del sistema.

Dos días después de la intervención de BPA y de que el Banco de España hiciera lo propio con Banco Madrid, filial española de BPA, y con Panamá tomando también el control administrativo de la filial local, resultaba complicado conseguir declaraciones oficiales en el pequeño y cerrado enclave pirenaico, más allá de confirmar el cese del consejo y los directivos.

En contraste, algunas de las pocas personas que visitaban el jueves por la mañana la sede del BPA en el barrio de Escaldes-Engordany ponían cara y voz a los diferentes perfiles de clientes del banco centro del escándalo.

Uno de ellos era Stanislav, ciudadano ruso de 39 años que lleva diez años residiendo en Andorra al frente de una gestoría con clientes procedentes de Rusia.

“Hace muchos años que Andorra no es un país al que se viene con maletas llenas de dinero. Para abrir una cuenta en Andorra hay que entregar muchísima documentación y pasar un compliance muy estricto”, aseguró Stanislav, que no quiso revelar su apellido y que dijo que sus clientes no estaban preocupados por la situación.

“Creo que en estos casos (investigados) de lo que se trata es de gente que utiliza sociedades interpuestas y métodos mucho más difíciles de rastrear”, dijo mientras salía de la sucursal.

Stanislav dijo que la banca andorrana era la primera interesada en cumplir la normativa y que al gobierno no le interesaba que esto “se desmadre”.

“De rebote lo más que pueda pasar es que el banco pueda acabar en manos de otra entidad andorrana, pero los fondos no se verán afectados”, afirmó.

Otros clientes se mostraron sin embargo menos tranquilos por la situación y lo que pudiera pasar con sus fondos.

Aristónico, un ciudadano español que lleva 34 de sus 54 años residiendo en Andorra, se declaró muy preocupado y dijo que estaba pensando seriamente sacar sus ahorros de BPA.

”He venido a consultar y expresar mi preocupación y ellos (en la sucursal) tampoco me han podido tranquilizar, así que decidiré en las próximas horas o días.

En esta misma línea, Sandra, una dependienta de 30 años, que reside a unos kilómetros de Andorra pero trabaja en la comercial capital, acudió directamente a sacar todo su dinero en efectivo de su cuenta de BPA y retiró la domiciliación de su nómina.

“Soy una trabajadora humilde y no tengo mucho dinero, pero no quiero riesgos ni problemas”, dijo a Reuters.

EEUU, ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

La intervención de BPA se produjo después que el vigía estadounidense contra el blanqueo de dinero la señalara como una “entidad sometida a preocupación de primer orden” por la posible actividad de organizaciones criminales de Rusia y China, y de fondos supuestamente desviados desde la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La acusación, con referencias directas a supuestas malas prácticas de PDVSA, coincide con un resurgir de las tensiones diplomáticas entre la Administración de Barack Obama y la venezolana de Nicolás Maduro.

Tras expulsiones recíprocas de diplomáticos y un duro cruce de acusaciones, el presidente estadounidense firmó esta semana un decreto que declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional, impuso sanciones a siete personas y expresó su preocupación por el trato que da Caracas a sus opositores.

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