28 de mayo de 2014 / 10:40 / en 4 años

Human Rights Watch advierte a España sobre los desahucios

MADRID (Reuters) - La organización internacional Human Rights Watch advirtió a España el miércoles sobre la falta de medidas para frenar el impacto de la crisis de la vivienda en el país y la deuda en los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

La organización internacional Human Rights Watch advirtió a España el miércoles sobre la falta de medidas para frenar el impacto de la crisis de la vivienda en el país y la deuda en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En la imagen, manifestantes antidesahucios gritan durante un "escrache" frente a un acto electoral de Miguel Arias Cañete, candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, en Oviedo, el 20 de mayo de 2014 . REUTERS/Eloy Alonso

“El Gobierno español no ha tomado medidas suficientes”, señala el informe de la organización, que concluye que la crisis del ladrillo pone en riesgo los derechos humanos y anima al Ejecutivo a incrementar las ayudas a los más necesitados.

“Decenas de miles de familias se han enfrentado, o se enfrentan actualmente, a la ejecución hipotecaria de viviendas que compraron en el momento álgido del boom económico de España, cuando las prácticas de préstamo irresponsable hicieron que las hipotecas fueran fáciles de conseguir”, señala la organización.

Añade que las autoridades deben adoptar medidas para evitar los desahucios y garantizar el acceso a la reestructuración equitativa de la deuda, “su alivio e incluso su cancelación”.

“El Gobierno debe actuar con rapidez para reformar la ley de insolvencia en España para proporcionar una vía de acceso equitativo a la liberación de la deuda. La Comisión Europea debería supervisar que España haga efectiva una reciente directiva de la UE sobre las hipotecas”, dijo.

MORATORIA DE DESAHUCIOS, INSUFICIENTE

Aunque el Gobierno español aprobó una moratoria de dos años para los desahucios a ciertas familias, los expertos de la organización explican que los criterios para poder beneficiarse de la moratoria “son demasiado limitados y en algunos casos entran en conflicto con el derecho internacional”.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo el miércoles en el Congreso que más de 15.000 familias se han beneficiado de las medidas puestas en marcha para evitar la pérdida de la vivienda y añadió que la principal labor del Gobierno para evitar los desahucios es “salir de la crisis”.

Según datos publicados la semana pasada por el Banco de España, la banca española se quedó en 2013 con 50.000 viviendas por falta de pago, un 11 por ciento más que en 2012.

Los desahucios y los problemas económicos derivados del estallido de la burbuja han estado en la base de gran parte de los movimientos de protesta en España, con una elevada sensibilidad social.

En las elecciones europeas del pasado domingo, el nuevo grupo de izquierda Podemos capitalizó gran parte del descontento logrando contra todo pronóstico cinco representantes en la Eurocámara llevando el derecho a una vivienda digna entre los puntos destacados de un programa que aboga por moratorias de deudas hipotecarias, condonación de deuda o paralización de desahucios de primeras viviendas.

“SUEÑOS ROTOS”

En un extenso informe titulado “Sueños rotos: El impacto de la crisis de vivienda en España sobre los grupos vulnerables”, el informe Human Rights Watch se basa en entrevistas a 44 personas que han sufrido o pueden sufrir un desahucio, además de a organizaciones civiles y funcionaros estatales.

“El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento”, dijo Judith Sunderland, investigadora para Europa Occidental de la organización y autora del informe. “Pero no se trata simplemente de una cuestión de aspiraciones aplastadas. Esto es una cuestión de responsabilidades del gobierno de garantizar derechos humanos básicos, incluido el derecho a una vivienda adecuada”.

La organización señala que los distintos gobiernos españoles han promovido enérgicamente la propiedad de la vivienda y la toma de préstamos en un país en el que el nivel de propiedad de la vivienda ronda el 85 por ciento.

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