24 de febrero de 2013 / 12:18 / en 5 años

ANÁLISIS-Una España en crisis regresa a la energía del pasado

La reforma energética que tiene en marcha desde hace un año el Gobierno español representa un revés importante a las políticas de promoción de las energías renovables, alejando el sueño de una menor dependencia energética y dañando la imagen que se había forjado el país en este sector durante la última década. En la imagen, una planta eólica de Iberdrola en Maranchón, Guadalajara, el 17 de diciembre de 2012. REUTERS/Sergio Pérez

MADRID (Reuters) - La reforma energética que tiene en marcha desde hace un año el Gobierno español representa un revés importante a las políticas de promoción de las energías renovables, alejando el sueño de una menor dependencia energética y dañando la imagen que se había forjado el país en este sector durante la última década.

Apenas unos años atrás, España era líder mundial en energía eólica y solar gracias en buena medida a un generoso sistema de primas que atrajo inversiones multimillonarias, pero los incentivos menguaron notablemente a fuerza de decretos dirigidos a neutralizar el denominado déficit de la tarifa eléctrica, una bola de nieve de 28.000 millones de euros, en medio de una crisis económica y financiera sin precedentes.

Aunque las reformas podrían suponer un alivio presupuestario a corto plazo, expertos señalaron que recortar las primas podría poner en peligro la ventaja competitiva de las compañías españolas en el sector mundial de renovables.

“Siempre será más barato invertir en renovables que importar gas de Argelia”, dijo Javier García Breva, presidente de Fundación Renovables.

“La crisis del sistema eléctrico es un obstáculo para la salida de la crisis económica”, añadió.

Desde un punto de vista estrictamente contable, las primas a las llamadas energías de régimen especial suponen de largo la mayor partida dentro de los costes regulados o peajes del sistema según los datos del regulador eléctrico, superando los 8.500 millones de euros en 2012.

Este abultado importe contribuirá decisivamente a que el déficit de tarifa pulverice todas las previsiones en 2012 y sostiene el argumentario de las grandes eléctricas, que apostaron por la energía eólica y arremeten fundamentalmente contra las primas a la energía solar, que recibe más del 40 por ciento del total de las primas y apenas cubre un 4 por ciento de la demanda eléctrica del país.

No obstante, a pesar de su evidente influencia en el desfase entre ingresos y costes regulados del sistema vigente, las energías renovables tienen un grado de aceptación creciente en la sociedad, son importantes desde el punto de vista medioambiental porque no emiten dióxido de carbono y propician la sostenibilidad del sistema porque su naturaleza -aunque intermitente- es inagotable.

Por su orografía y abundancia en sol, España se encuentra en una situación privilegiada para explotar sus fuentes de energía renovable, lo que reduciría su tradicional dependencia de los hidrocarburos, caros y volátiles, y salvaguardaría un tejido industrial que ha generado empleo y crecimiento económico en la última década.

España sigue manteniendo el liderazgo en la cobertura de la demanda eléctrica con energías renovables, con el 30,8 por ciento del mix total de producción eléctrica en España, frente al 20,6 por ciento de Alemania o el 12,4 por ciento de Francia.

Sin embargo, sigue siendo excesivamente dependiente del gas importado de Argelia para los ciclos combinados y del carbón que queman las centrales térmicas, así como de la energía nuclear, que cubrió el 22 por ciento de la demanda el año pasado, seguida por el carbón (20%).

De acuerdo con los expertos, los últimos recortes en renovables conllevarán una mayor dependencia de la generación térmica, particularmente con carbón.

España importa alrededor de las tres cuartas partes de sus necesidades energéticas, con una factura anual en petróleo, gas y carbón de unos 40.000 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que tuvo que pedir a sus socios europeos para rescatar a sus bancos el año pasado y lo que se ha gastado en primas al régimen especial desde 2004.

El carbón es el único carburante del que España tiene reservas significativas, aunque también se importa porque la extracción del carbón nacional es más cara y su poder calorífico menor.

El carbón ha incrementando su peso en el mix energético desde el 8 por ciento en 2010 hasta el 19 por ciento en 2012, ocupando el sitio de algunas importaciones de gas natural más caras, y este aumento de ritmo podría continuar si se detiene el impulso a las energías renovables, dijo Gary Hornby, analista de la consultoría energética Inenco.

Por otra parte, una caída en la inversión en renovables también podría propiciar un incremento de las importaciones de gas natural.

“Estoy seguro que el gobierno va a aumentar el mix de los ciclos combinados”, dijo esta semana el presidente del gestor de la red gasista española Enagas, Antonio Llardén.

En cualquier caso, la postura del Gobierno es aprovechar racionalmente los recursos en medio de fuertes restricciones presupuestarias.

“Queremos que sea un sistema equilibrado, no sobra ninguna tecnología”, dijo el pasado lunes el ministro de Industria, José Manuel Soria, durante un evento en Madrid.

INVERSIONES EN CAÍDA LIBRE

En su lucha obsesiva por frenar la colosal deuda de los consumidores españoles con las grandes eléctricas, el Gobierno ha legislado cinco veces en menos de un año, con medidas de fuerte acento fiscal y con el punto de mira en las primas de las renovables, a las que considera como principales causantes del déficit.

La persistente caída de la demanda de electricidad en la España de los seis millones de parados ha hecho saltar las alarmas sobre un sistema retributivo calificado de excesivamente generoso por las eléctricas integradas, que han tenido que soportar en sus balances la financiación del déficit, algo que ha tenido efectos colaterales en su perfil de deuda y condicionado la estrategia de gigantes como Iberdrola.

Otro país de referencia en renovables como Alemania está también estudiando frenar el fomento a las mismas con el objetivo de no incurrir en la sobrecapacidad que afecta a España.

Las enormes inversiones en plantas tradicionales y renovables realizadas en los años del boom económico de principios de siglo llevaron a España a una potencia instalada que duplica una demanda lastrada por la profunda recesión económica que vive el país.

Pero las reformas acometidas, algunas de las cuales cambian la retribución establecida por anteriores leyes, amenazan con llevar a muchas compañías de renovables a la quiebra.

La merma de ingresos en el sector de renovables desde el inicio de la crisis se cifra en el 30 por ciento y cualquier beneficio se destinará a devolver deuda, con lo que los proyectos apenas son rentables, dijeron varias fuentes del sector.

Según la patronal eólica AEE, solo en este subsector se han destruido 15.000 empleos desde 2008 y otros 15.000 están ahora en peligro en un país con el 26 por ciento de la población activa en paro.

Esta situación ha desatado la furia de los inversores extranjeros que inyectaron dinero en proyectos verdes bajo condiciones más favorables y ahora amenazan con una nueva demanda de arbitraje contra el Gobierno español.

“No estoy por la retroactividad, una vez que se han concedido unos derechos, por mucho que sufran las arcas del Estado, hay que respetarlos”, dijo Vicente López-Ibor, jurista español especializado en energía, que reconoce no obstante que el Estado español ha destinado demasiado dinero a las tecnologías solares.

De acuerdo con los datos manejados por la patronal fotovoltaica UNEF, de los 25.000 millones invertidos en fotovoltaica española en los últimos años, un 80 por ciento se ha financiado con créditos bancarios (15.000 millones por bancos nacionales y 5.000 millones por extranjeros).

En cuanto a la energía termosolar, en el ojo del huracán porque sus plantas han sido las últimas en entrar en el sistema, las inversiones comprometidas ascienden a más de 13.000 millones de euros, mientras que en el sector eólico se han invertido más de 30.000 millones de euros, financiados en cerca de tres cuartas partes por deuda bancaria.

/Por Jose Elías Rodríguez y Tracy Rucinski/

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