20 de febrero de 2013 / 12:32 / en 5 años

Huelga de jueces y fiscales contra las tasas y reformas judiciales

Miles de jueces y fiscales españoles estaban llamados a la huelga el miércoles en protesta por las diversas reformas judiciales emprendidas por el Gobierno. En la imagen, un hombre con un parche que dice "Recortado o robado?" en una huelga de empleados españoles de Justicia contra las medidas de austeridad del Gobierno, en Barcelona, el 20 de febrero de 2013. REUTERS/Gustau Nacarino

MADRID (Reuters) - Jueces y fiscales hicieron huelga el miércoles en protesta por las diversas reformas judiciales emprendidas por el Gobierno, al que acusan de acabar con la independencia de la justicia y por lo que piden la dimisión del ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón.

El tercer paro judicial en 35 años de democracia - al que se sumaron los fiscales por primera vez - contó con una participación del 41 por ciento de los jueces y magistrados (2.072 de un total de 5.015), según las cifras del Consejo General del Poder Judicial.

La Fiscalía General del Estado no facilitó datos del seguimiento entre los fiscales, mientras que las asociaciones judiciales lo cifraron en un total de 2.553 jueces y fiscales, es decir, un 62 por ciento.

La imposición de tasas judiciales, la externalización del Registro Civil y las modificaciones en el sistema de gobierno de los jueces son algunos de los aspectos más polémicos de las iniciativas emprendidas por el ministro de Justicia.

“Es (un) ataque frontal a los derechos de los ciudadanos”, afirmó el miércoles Luciano López, trabajador de Justicia de 53 años que se manifestaba ante el Tribunal Supremo con un centenar de compañeros.

“La subida de las tasas judiciales (...) elimina el derecho a la tutela judicial efectiva. Sólo podrán acudir a la justicia los que tienen dinero. Los que no, pan y agua”, agregó.

Las asociaciones de jueces y fiscales - salvo las mayoritarias, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, aunque ambas se han mostrado también muy críticas con las reformas - convocaron la huelga a principios de mes en un extenso comunicado que criticaba duramente las medidas del Gobierno, al que acusan de “suprimir de facto la independencia judicial”.

Gallardón criticó la convocatoria de la huelga, y se mostró abierto a negociar la reformas.

“El fracaso no es que haya habido más jueces que hayan acudido a su trabajo que otros que no lo hayan hecho; el fracaso de la huelga es su convocatoria”, declaró a los periodistas en los pasillos de los Congreso de los Diputados.

“El ministerio está en voluntad absoluta de todas las reformas abrirlas al debate más amplio, pero del mismo modo en que los legisladores no debemos condicionar nunca las decisiones del poder judicial, tampoco los jueces deben intentar condicionar las decisiones del poder legislativo”, agregó.

Gallardón ha defendido que las reformas son necesarias para modernizar y agilizar la justicia, y que los cambios en el órgano de gobierno de los jueces aumentan la pluralidad en el organismo al restar influencia a las asociaciones, a menudo vinculadas a tendencias políticas concretas.

Las diferentes reformas contemplan, por ejemplo, la imposición de tasas judiciales por emprender procesos judiciales antes gratuitos. El Ministerio de Justicia dio marcha atrás la semana pasada, al aceptar las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y rebajar estas tarifas, que llegarán hasta el 80 por ciento de reducción en los casos civiles y contenciosos-administrativos en primera instancia y a eliminarlos para distintos sectores desfavorecidos.

TASAS Y REGISTRO CIVIL

El personal administrativo y de gestión, que no estaba convocado a la huelga, realizó paros de una hora y protestas a media mañana en solidaridad con jueces y fiscales.

Los funcionarios reunidos el miércoles ante el Supremo mencionaban entre sus motivos de protesta la introducción de tasas judiciales, la modificación del registro civil - cuya gestión se externaliza y que empezará a cobrar algunos trámites- y los cambios en las condiciones para los funcionarios de Justicia en procesos legales.

“Están privatizando el Registro (Civil), todos los servicios de la Justicia, igual que en la Sanidad se está viendo claramente que lo están haciendo de una manera descarada, en la Justicia lo están haciendo encubierto”, afirmó Conchi, de 48 años, funcionaria de Justicia y que prefirió no dar su apellido, en alusión al plan de algunas comunidades autónomas, como Madrid, que proponen privatizar la gestión de hospitales y centros médicos.

En su comunicado, los jueces y fiscales huelguistas se oponen a la modificación propuesta en el CGPJ, a una reforma del Código Penal que tildan de “improvisada” y piden más medios para la “paupérrima” situación de la Justicia.

Al igual que otros gobiernos europeos, el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy ha emprendido una serie de medidas de austeridad con vistas a reducir el déficit público hasta los objetivos pactados con la Unión Europea.

Estas medidas, junto con el rampante desempleo - que afecta a uno de cada cuatro trabajadores - han provocado un creciente descontento entre una población muy apegada a servicios públicos como la Sanidad.

Así, la protesta de los jueces, un sector tradicionalmente poco reivindicativo, sigue a las registradas la semana pasada por activistas antidesahucios - que piden la reforma de la ley hipotecaria de acuerdo con una iniciativa legislativa popular - y de Sanidad, que reunió a personal sanitario y simpatizantes para protestar contra los recortes y cambios de modelo en este área.

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