El Gobierno regula la relación de operadores en el mercado de alimentos

viernes 8 de febrero de 2013 16:15 CET
 

MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes un proyecto de ley que regulará las relaciones entre productores, intermediarios y distribuidores de la cadena alimentaria y que incluye por primera vez un régimen de sanciones para prácticas consideradas abusivas.

La norma está encaminada a reducir el desequilibrio que existe entre la multitud de pequeños productores de alimentos - con menos capacidad de negociación de precios - y los grandes operadores e intermediarios del sector.

"Tenemos menos de un millón de productores y casi 30.000 empresas agroindustriales, pero casi el 40 por ciento de la cuota de mercado está en manos de cinco operadores de distribución (...) Por eso hemos puesto en marcha este proyecto", dijo el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Entre los grandes grupos de distribución de alimentos en España se encuentran las cadenas de supermercados Carrefour, Dia, Mercadona, Eroski o Alcampo, entre otros.

La nueva normativa introduce la obligación de formalizar por escrito determinados contratos entre operadores en función del importe de la operación y de la situación de desequilibrio entre ellos.

Arias Cañete dijo que se prohibirán prácticas comerciales consideradas "abusivas", como la modificación unilateral de términos del contrato o los pagos adicionales.

El ministro añadió que el proyecto contará con un régimen sancionador propio por primera vez en el sector, que se canalizará a través de una agencia específica de nueva creación.

"Tenemos una agencia donde se podrán realizar denuncias (...) Por primera vez tenemos un régimen sancionador", dijo el ministro a preguntas de periodistas.

El Gobierno dijo que el nuevo organismo, denominado Agencia de Información y Control Alimentarios, se encargará de comprobar las denuncias por el incumplimiento de la ley e instruirá el procedimiento sancionador para proponer después una sanción al MAGRAMA o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Adicionalmente, el Gobierno establecerá un código de buenas prácticas de adopción voluntaria por parte de los operadores del sector, aunque los que se acojan tendrán la obligación de someter la resolución de sus conflictos al sistema que se designe en el código.

 
El Gobierno español aprobó el viernes un proyecto de ley que regulará las relaciones entre productores, intermediarios y distribuidores de la cadena alimentaria y que incluye por primera vez un régimen de sanciones para prácticas consideradas abusivas. En esta imagen de archivo, un hombre sostiene un bilete de 50 euros en una frutería en el mercado de Pino Montano en Sevilla, el 28 de noviembre de 2012. REUTERS/Marcelo del Pozo