España aprueba nuevas condiciones de la justicia gratuita

viernes 11 de enero de 2013 14:41 CET
 

MADRID (Reuters) - El Gobierno aprobó el viernes el anteproyecto de la nueva ley de la justicia gratuita, que elevará el umbral de renta y con el que el Ejecutivo trata de paliar la polémica normativa reciente que obliga a los españoles a pagar las tasas judiciales.

El proyecto, que sustituye a la actual normativa de 1996 y que no entrará en vigor hasta dentro de unos meses, declara además exentos de tasas a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de personas, así como a los menores víctimas de abusos.

"En un momento de austeridad presupuestaria, de congelación, de reducción de los presupuestos, esto ha sido posible gracias a la reciente ley de tasas", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro vinculaba así que la recaudación de las tasas a través de la nueva normativa permitirá prestar justicia gratuita a quienes más lo necesitan.

Con la nueva ley, el umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el salario mínimo (14.910 euros) a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (15.975 euros). En los casos de familias de cuatro o más miembros, la referencia pasa a ser el triple (19.170).

Cuando se den circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, los costes de aquellos procesos relacionados con esta circunstancia estarán cubiertos por la justicia gratuita. El límite para poder acceder a este derecho se eleva de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65).

Además, se beneficiarán de la justicia gratuita las víctimas de accidentes que sufran secuelas permanentes, tanto en los casos que les impidan desarrollar su actividad habitual como cuando necesiten la ayuda de otras personas para realizar actividades más elementales.

 
El Gobierno aprobó el viernes el anteproyecto de la nueva ley de la justicia gratuita, que elevará el umbral de renta y con el que el Ejecutivo trata de paliar la polémica normativa reciente que obliga a los españoles a pagar las tasas judiciales. En la imagen, varios abogados durante una manifestación contra la nueva ley de tasas en Málaga el 28 de noviembre de 2012. REUTERS/Jon Nazca