Doce detenidos en Sabadell en un caso de corrupción

martes 27 de noviembre de 2012 22:43 CET
 

MADRID (Reuters) - Doce personas fueron detenidas y otras 26 imputadas el martes en Cataluña dentro de un presunto caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Sabadell, informó la Fiscalía Anticorrupción.

En la trama habrían participado miembros del Partido Socialista de Cataluña (PSC) - entre ellos el alcalde, al frente del consistorio -, y uno del Partido Popular que ha sido destituido por su partido.

"La trama organizada en el Ayuntamiento de Sabadell se centraba en la exigencia de constituir, como condición (...) para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, un depósito previo mínimo de 120.000 euros", explicó el comunicado, señalando que el dinero terminaba en un despacho de abogados y aún se desconoce si se repartía y/o blanqueaba.

El alcalde, Manuel Bustos, primer edil de la localidad barcelonesa desde 1999, negó su participación en la trama desarticulada por la operación "Mercurio". El regidor habría sido suspendido de sus cargos en el PSC, según explicó TVE.

Otro de los implicados en la trama, el secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández, fue suspendido temporalmente de su cargo aunque mantendrá su acta de diputado en el Congreso, según recogieron las ediciones digitales de medios españoles.

Los acusados se enfrentan a cargos como prevaricación, cohecho o tráfico de influencias en la contratación irregular de obras, entre otros.

"Si hubiera alguna persona que hubiera cometido un delito saben que espero que caiga todo el peso de la ley, de manera contundente, no podemos extender duda sobre nuestra gestión", dijo Bustos, que es también presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, en rueda de prensa.

Un portavoz de los Mossos d'Esquadra señaló que se habían realizado registros en el Ayuntamiento de Sabadell, así como en el consistorio de Moncada y Reixach. Las imágenes de televisión mostraban a agentes policiales sacando cajas de documentos del consistorio.

A esos registros se suman otros en 15 domicilios particulares, así como en empresas y sociedades, señaló la Fiscalía.

La imagen de las fuerzas de seguridad entrando en ayuntamientos españoles se ha repetido en varias ocasiones en los últimos años dentro de varios escándalos de corrupción, la mayoría de los cuales datan de la burbuja inmobiliaria y urbanística previa a la crisis financiera, cuando los gobiernos locales gastaron elevadas sumas de dinero.