10 de noviembre de 2012 / 10:28 / hace 5 años

Rajoy espera anunciar el lunes la paralización de los desahucios

El mismo día que una mujer de 53 años se suicidó lanzándose por el balcón de su casa momentos antes de perder su vivienda en Baracaldo, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, dijo el viernes por la noche que esperaba poder anunciar el lunes la paralización de los desahucios a las familias más vulnerables. En la imagen, miles de personas marchan detrás de una pancarta en la ciudad de Baracaldo en contra de los desahucios tras el suicidio de una de sus vecinas, el 9 de noviembre de 2012. REUTERS/Vincent West

MADRID (Reuters) - El mismo día que una mujer de 53 años se suicidó lanzándose por el balcón de su casa momentos antes de perder su vivienda en Baracaldo, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, dijo el viernes por la noche que esperaba poder anunciar el lunes la paralización de los desahucios a las familias más vulnerables.

“Estamos viendo cosas que a nadie nos gustaría ver, situaciones que son inhumanas”, dijo Rajoy en un mitin del PP en Lérida de la campaña para las elecciones catalanas.

El presidente dijo que el Gobierno está trabajando para definir mejor “los umbrales de exclusión” y en aplicar mejor los códigos de buenas prácticas bancarias.

Rajoy dijo que dentro de las medidas antidesahucios se busca poder ”renegociar la deuda y permanecer en la vivienda cuando eso no sea posible.

El jefe del Ejecutivo hizo estas declaraciones tras conocerse la muerte por la mañana de Amaia Egaña, una ex edil socialista en Eibar (Guipúzcoa) y amiga del lehendakari Patxi López.

A raíz del suceso, representantes de los ministerios de Presidencia y Economía celebraron una reunión de trabajo de urgencia para elaborar una propuesta que haga frente a los desahucios con la intención de presentársela al Partido Socialista el próximo lunes.

El juez decano de Baracaldo que levantó el cadáver de la fallecida hizo unas declaraciones instando al poder legislativo a solventar una situación dramática.

“No podemos llegar a situaciones como la que hoy mismo hemos vivido aquí y para ello también sería bueno que se procediera, por parte de quien es competente para ello, que no es el poder judicial, a la modificación de la legislación actualmente vigente”, dijo el juez Juan Carlos Mediavilla.

El suceso ocurre en momentos en que desde diversos sectores, tanto políticos, como jurídicos y sociales, se alzan cada vez más voces que piden un cambio en la ley hipotecaria en España para “humanizarla” y por considerar que no protege los derechos del consumidor.

La crisis en España, donde el desempleo ya afecta a un 25 por ciento de la población activa, está poniendo de relieve profundos dramas sociales como los de las familias que son desahuciadas de sus hogares por no poder pagar el crédito a los bancos.

La actual ley hipotecaria en España no contempla de forma general que la entrega de la vivienda sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria adquirida con el banco, con lo que los desahuciados están obligados a continuar pagando su crédito.

“Hay que exigir a los bancos que no apliquen ni un solo desahucio más hasta que no haya una nueva ley en este país”, dijo el viernes el secretario de Organización del PSOE, Óscar López.

En octubre, un hombre que estaba a punto de ser desahuciado apareció ahorcado en el patio de su vivienda de Granada, según informaron entonces diversos medios citando fuentes policiales.

VOCES DE ALARMA

Los desahucios de los que no pueden pagar su hipoteca alcanzaron los 50.000 en el primer semestre de 2012, frente a los 77.000 del pasado año, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

El total de ejecuciones hipotecarias judiciales ha ascendido aproximadamente a 373.000 desde 2008.

En los últimos meses, esas cifras han ido aumentando a medida que más sectores de la población han ido engrosando las listas de desempleo.

El jueves, un informe de la abogada general de la Unión Europea Julianne Kokott elevado al Tribunal de Justicia del bloque dictaminó que la legislación española de desahucios contradice la normativa europea de protección de derechos al consumidor.

Aunque el informe no tiene carácter vinculante, obligará al alto tribunal de la UE a pronunciarse al respecto.

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