Prisión sin fianza para un ex consejero andaluz de Empleo

MADRID (Reuters) - La juez que instruye el caso de los ERE en Andalucía ha ordenado prisión provisional sin fianza para un ex consejero andaluz de Empleo, el cargo de más alto rango implicado en un escándalo de corrupción que ha salpicado a la Junta de Andalucía.

En el auto judicial recogido por diversos medios, la juez Mercedes Alaya aprecia riesgo de fuga de Antonio Fernández García, que dirigió el departamento de Trabajo de la Junta entre 2004 y 2010 y está acusado de seis delitos, entre ellos malversación de fondos públicos.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tomado la decisión dada "la importancia de los indicios y por consiguiente, la gravedad de los delitos que se le imputan y de las penas que llevan aparejados, que podrían alcanzar hasta los 18 años de prisión por el delito de malversación continuada", según el auto.

"Dado los importantes cargos públicos que ha desempeñado y que a día de hoy aún desempeña, con importantes salarios mensuales, se le supone suficiente capacidad económica para dicha evasión", añadió.

Fernández está acusado de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación y fraude de subvenciones, en un caso que investiga prejubilaciones fraudulentas de las que se beneficiaron presuntamente miembros del PSOE, que lleva más de 30 años en el poder en Andalucía y que previsiblemente volverá a ocupar la Junta de Andalucía los próximos cuatro años tras las elecciones de marzo pasado.

Según la investigación, que está bajo secreto de sumario y de la que se tiene conocimiento a partir de lo que las partes informan a los medios de comunicación, las anomalías se habrían producido desde 2000 y se refieren a la subvención por parte de la Junta de Andalucía de prejubilaciones en cerca de 70 empresas.

El fraude, en el que están implicados medio centenar de personas, se refiere a la inclusión de falsos prejubilados en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en las compañías beneficiadas de las subvenciones, y se estima que aproximadamente nueve millones de euros acabaron en las falsas prejubilaciones, según información recogida por diversos medios citando datos judiciales.

El auto, que considera que el ex consejero ideó un fondo para empresas en crisis que buscaba evitar los controles públicos, decreta su ingreso en la cárcel de Morón de la Frontera y la prohibición de cualquier contacto con Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo que lleva en prisión desde el pasado marzo por el mismo caso.